España sólo deberá pagar una multa de 3 millones por la estiba

Efe

El Tribunal de Justicia de la UE considera que, pese a la «gravedad» de los hechos, España obró de «buena fe»

ADOLFO LORENTEBruselas

Buenas noticias para España. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha sentenciado que la multa por ingnorar a la Comisión Europea en lo relativo a la reforma de la estiba sólo sea de 3 millones cuando Bruselas pedía una sanción que rondaba los 24. En el fallo, los magistrados admiten la "gravedad" de la actuación del Gobierno pero matizan que "España ha demostrado su buena fe, en particular cooperando estrechamente con la Comisión durante el procedimiento administrativo previo".

El TJUE recuerda que el 11 de diciembre de 2014 ya declaró que "España había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión y, más concretamente, del principio de libertad de establecimiento". Sin embargo, pese a tener una sentencia en contra, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no hizo nada, lo que llevó a la Comisión a interponer un segundo recurso por incumplimiento solicitando la imposición de sanciones pecuniarias.

Una, de 27.552 euros al día a contar desde la fecha de la sentencia (11 de diciembre de 2014) y hasta que Madrid rectificase. La otra, de 134.197 euros que comenzaría a contar a partir del fallo de hoy. Sin embargo, Bruselas pidió retirar esta segunda multa cuando el Congreso aprobó el reciente real decreto.

Lo que la Comisión no quitó fue la petición de esa primera multa que podría haber sido de unos 24 millones si se hubiera seguido a rajatabla su petición. Sin embargo, el TJUE la cuantifica finalmente en sólo 3 millones pese a calificar de "grave" la actuación de España.

"El Tribunal de Justicia considera que, si bien España ha demostrado su buena fe, en particular cooperando estrechamente con la Comisión durante el procedimiento administrativo previo, el incumplimiento que se le imputa persistió durante un período de tiempo significativo, puesto que transcurrieron 29 meses desde que se dictó la sentencia de 11 de diciembre de 2014 hasta que entró en vigor la nueva normativa por la que se adaptaba la legislación nacional a lo dispuesto en dicha sentencia.

El Tribunal de Justicia estima además que el incumplimiento debe considerarse grave, puesto que afecta a la libertad de establecimiento, que constituye uno de los principios fundamentales del mercado interior", concluye.

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