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Ángel Blanco Escalona
Martes, 12 de mayo 2015, 17:07
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Si es usted trabajador o empleador; asalariado, autónomo o empresario; si es conductor por necesidad o afición, o bien profesional del volante; si es consumidor; si el año pasado compró una vivienda o si un familiar le donó alguna cantidad de dinero, sepa que tanto el Ministerio de Hacienda como la Consejería del mismo apellido le tienen en su lista de favoritos. Gracias a todos, las arcas del Estado y las de la comunidad autónoma recuperaron el año pasado cierto lustre y las administraciones pudieron, más o menos, cuadrar sus Presupuestos. Puesto que la riqueza económica de Castilla y León permaneció prácticamente estancada, los incrementos registrados en la recaudación de los impuestos que gestiona la Agencia Tributaria y en los que tiene cedidos o ha creado la Junta (no así en los ingresos por cotizaciones sociales, que no progresaron) hicieron que la presión fiscal sobre empresas y familias de la región volviera a crecer en 2014, después de un año de tregua.
Subidas generalizadas
En 2014, con la riqueza regional en estado de atonía, la proporción de impuestos estatales, tributos autonómicos y cotizaciones sociales pasó a representar 14,18 puntos porcentuales, al aumentar la recaudación hasta 7.656 millones. Se acercó así a la registrada en 2012, cuando fue de 14,65 puntos. De esta manera, el crecimiento de la presión fiscal (entendida como la recaudación dividida por el PIB) en 2014 fue del 4,1% en relación al año anterior.
La justificación habría que buscarla más en las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno central y la Junta en los últimos años que en un aumento de la actividad económica propiamente dicho. Queda puesto de manifiesto, por ejemplo, cotejando la evolución de las cotizaciones sociales. En un año en el que la cifra de afiliados a la Seguridad Social se incrementó en casi 13.000 personas, la proliferación de contratos a tiempo parcial, de prácticas, bonificaciones, tarifas planas, etc. provocó que los ingresos por cuotas en Castilla y León fuesen menores que en 2013 (pasaron de 3.662 millones de euros, a 3.646 millones).
Frente a esto, las subidas en el año 2012 del IVA, del IRPF y de ciertos impuestos especiales y en 2013 de sucesiones y donaciones, además de la creación por parte de la Junta de figuras impositivas propias como afección medioambiental, eliminación de residuos, o el polémico céntimo sanitario, han ido dando sus frutos.
Las rebajas en el IRPFanunciadas tanto por el Gobierno como por la Consejería de Hacienda en sus respectivos tramos del Impuesto sobre la Renta han entrado en vigor en el presente 2015 y hasta dentro de un año no será posible cuantificar el impacto real que tienen en la presión fiscal que soportan los ciudadanos y las empresas.
Aumento desproprocionado
Tomando los datos de Castilla y León, la mera comparación de los incrementos porcentuales registrados el año pasado da una idea clara de la evolución de la presión fiscal. El Producto Interior Bruto creció, según los datos de Contabilidad Regional de la Junta, el 1,4%. La recaudación de los tributos autonómicos, mientras, lo hizo el 6,92%, es decir, cinco veces más. Yla de los impuestos estatales, el 9,9%, esto es, siete veces más que la riqueza regional.
Con los datos de recaudación fiscal del año pasado como referencia (3.485 millones de euros de los impuestos estatales y 525 millones de los autonómicos), el resultado es que la Junta de Castilla y León ejerció su capacidad normativa sobre el 13% de los ingresos fiscales. Se excluye de este porcentaje el tramo autonómico del IRPF, que la Junta tiene la posibilidad de regular, pero que en 2014 no lo hizo, y replicó la normativa estatal.
La presión fiscal de los impuestos que gestiona la Junta, que comenzó su declive con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria (cuando la principal fuente de ingresos era el impuesto de Transmisiones Patrimoniales que se abona en las operaciones de compraventa de vivienda, la recaudación global llegó a superar los mil millones de euros) repuntó el año pasado por segundo ejercicio consecutivo. En los últimos dos años, la presión fiscal autonómica ha aumentado en 12,8 puntos, al pasar del 0,86% al 0,97% del año pasado. En 2007 llegó a ser del 1,74%, ya que la recaudación suele aumentar mucho más que el PIB en las épocas de crecimiento económico y caer mucho más que este en los años de recesión.
Tener hijos no ayuda
La pasada semana, el informe anual Taxing Wages elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señalaba que la presión fiscal sobre el empleo en España alcanzó de media en 2014 el 40,71% para un trabajador sin hijos, 0,05 puntos porcentuales más que un año antes, lo que sitúa al país por encima de la media del 35,96% del club de países desarrollados. Este ligero repunte, informa Europa Press, sitúa a España en el puesto 13 de 34 del conjunto de países miembros de la organización (en orden descendente). La agencia destaca además que la carga fiscal sobre el empleo en 2014 se ha incrementado en 2,1 puntos respecto a 2000, tendencia que contrasta con la del conjunto de la OCDE, donde ha descendido en siete décimas.
En España, los impuestos a los ingresos y las cotizaciones representan el 88% de la presión fiscal, frente al 77% de media de la OCDE.
En el caso de las parejas casadas con dos hijos y una única fuente de ingresos la presión fiscal creció en 2014 desde el 34,81% al 34,88%, lo que convierte a España en el noveno país con la tasa más alta de la OCDE, cuya media fue del 26,87%.
En este sentido, remarca que aunque los beneficios fiscales relacionados con los hijos tienden a reducir la presión fiscal para los trabajadores que los tienen en comparación con los que no, en España, esta reducción es de 5,8 puntos porcentuales, frente a los 9,1 puntos porcentuales de media.
En cuanto a la presión fiscal municipal, los últimos datos disponibles son los publicados en junio de 2014 por el Ministerio de Hacienda. Según estos, las entidades locales de Castilla y León recaudaron en el año 2012 la suma de 1.187,3 millones de euros lo que con una población de 2,47 millones de personas da como resultado una recaudación per cápita de 481 euros, frente a los 503 de media nacional. En relación con el PIBde ese año, la presión fiscal municipal se situó en el 2,19%, frente a un promedio del país del 2,26%.
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