La región espera que las inversiones del Estado rompan tres años de caídas

Congreso de los Diputados, donde se debatirá la nueva ley presupuestaria./J. J. Guillén-EFE
Congreso de los Diputados, donde se debatirá la nueva ley presupuestaria. / J. J. Guillén-EFE

Castilla y León espera más recursos de los Presupuestos Generales del Estado para combatir la despoblación

Elisa Campillo
ELISA CAMPILLOValladolid

El Ejecutivo nacional llevará hoy al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que el propio Consejo de Ministros aprobó el pasado martes tras sellar un acuerdo con Ciudadanos. A pesar de contar con el apoyo de la formación naranja, el futuro de los PGE está aún en el aire, porque el Gobierno todavía necesita los apoyos de las otras fuerzas que le apoyaron en la investidura de Mariano Rajoy (PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, además de UPN y Foro Asturias con las que el PP concurrió en coalición a las generales). El apoyo más complicado es el de los nacionalistas vascos, que han descartado cualquier posibilidad de negociar con el PP mientras el Gobierno mantenga activo el artículo 155 en Cataluña. En estas circunstancias, el Congreso de los Diputados debatirá hoy sobre la ley de Presupuestos para este año, que el Ejecutivo pretendía haber sacado adelante el pasado otoño y que sin embargo dejó en un segundo plano precisamente por la crisis catalana.

Opinión

En cualquier caso, Castilla y León está pendiente sobre la incidencia que los nuevos Presupuestos puedan tener en la comunidad. Además de las inversiones transversales, que repercutirán en los castellanos y leoneses de un modo similar a cómo lo harán para los habitantes de otras zonas, la región también espera partidas para acciones concretas en su territorio. Unas inversiones que se espera que vuelvan a subir, después de pasar de 1.744 millones de euros en 2015 a 1.451 millones en 2016 y caer aún más, hasta los 979 millones, en los Presupuestos de 2017.

Las grandes obras pendientes en materia de infraestructuras son las mismas que en los años anteriores: proseguir en el desarrollo de la línea de alta velocidad para completar las conexiones de Castilla y León con Galicia, Asturias y el País Vasco, completar las autovías A-11 (Zamora-Soria) y A-60 (León-Valladolid) o restaurar tramos de otras como la A-62 (Burgos-Portugal) o A-66 (Ruta de la Plata), además de mejorar otras carreteras y líneas férreas, incluido el ferrocarril de vía estrecha en el norte de la comunidad.

Más infomación

En los Presupuestos Generales de 2017, el Estado destinó 979,25 millones de euros a inversiones que incidían directamente en Castilla y León. Entre ellas se encontraban, precisamente, partidas destinadas al desarrollo de las conexiones ferroviarias, aeroportuarias y de carreteras, pero también a la mejora de otras infraestructuras como cárceles, museos, bibliotecas, edificaciones patrimoniales, etcétera. Además, otras inversiones tenían como destino confederaciones hidrográficas, parques naturales o sistemas de regadío, saneamiento y abastecimiento. En este aspecto, los grupos parlamentarios de la región, especialmente los de la oposición, reivindican que, por encima de todo, los Presupuestos de 2018 muestren una equiparación entre las cantidades anunciadas y las finalmente entregadas, algo que, denuncian, en el último año no ha ocurrido. Además, piden que las partidas para las grandes obras públicas tengan unas cuantías con un volumen suficiente como para pegar un impulso «real» a los trabajos de construcción.

Más allá de las infraestructuras, los grupos parlamentarios también esperan que los Presupuestos de este año tengan en cuenta los problemas específicos de la comunidad como la despoblación y el envejecimiento y que planteen planes de desarrollo rural, de reactivación de las cuencas mineras o, en términos generales, de mejora del empleo. En relación con la elevada edad media de la población, la comunidad reclama que el Estado costee el 50% de la inversión en materia de dependencia que la ley establece, ya que, en la actualidad, la administración central aporta apenas el 23% del total, lo que obliga a la Junta de Castilla y León a aumentar su participación en este ámbito.

Medidas generales

En cualquier caso, independientemente de las partidas concretas que recaigan sobre la comunidad, las novedades que contempla el borrador de la ley de Presupuestos que hoy se presentará en el Congreso incluye medidas generales que también tendrán su influencia sobre los castellanos y leoneses. Por ejemplo, la subida del 3% en la cuantía de las pensiones mínimas, algo que afecta a los más de 320.000 pensionistas de la región que reciben una prestación inferior a los 735 euros mensuales. También está previsto elevar las pensiones de viudedad, prestación que perciben 156.074 personas en la comunidad.

Otra de las novedades es el aumento salarial del 1,75% a los empleados de las administraciones públicas, que ascienden a 161.668 trabajadores en Castilla y León. Además, en materia tributaria, alrededor de 63.000 contribuyentes quedarán exentos de la obligación de presentar la declaración de la Renta en la comunidad, al elevarse el límite mínimo de 12.000 a 14.000 euros anuales. Otros 100.000 declarantes con rentas inferiores a 17.500 euros también podrían beneficiarse de rebajas en este ámbito.

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