Castilla y León eliminará la norma que prohíbe las gasolineras sin empleados

Una persona reposta en una gasolinera./Díaz Uriel
Una persona reposta en una gasolinera. / Díaz Uriel

Las Cortes tramitan una propuesta del PP para derogar la norma, que entró en vigor hace 14 meses y que exigía la presencia de al menos un empleado

Elisa Campillo
ELISA CAMPILLOValladolid

Las Cortes de Castilla y León acordaron este miércoles que estudiarán la posibilidad de derogar la normativa regional que obliga a las gasolineras a disponer de al menos un empleado mientras permanezcan abiertas y en servicio. La norma, en concreto, incluida a finales de 2016 en el Estatuto del Consumidor, especifica que el personal, «debidamente formado», debe hacerse responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores» y «atender a las personas con discapacidad que no puedan acceder al suministro de carburantes y combustibles».

La inclusión de esta disposición, que entró en vigor en enero de 2017, en el Estatuto del Consumidor, se aprobó con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios menos Ciudadanos, que votó en contra, y la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que se abstuvo. Ahora, el Partido Popular ha presentado una proposición de Ley que plantea la derogación de esta normativa para volver a la situación anterior. Lo que se debatía este martes en las Cortes es si se tomaba en consideración esta proposición, algo que fue avalado por el PP, Ciudadanos y la UPL y sobre lo que el resto de formaciones se abstuvieron. Así, lo que salió adelante es el compromiso de todos de debatir sobre el asunto. Ahora, la proposición de ley pasará a comisión y ponencia y volverá al pleno para su debate final, donde, entonces sí, los partidos decidirán si se deroga o se mantiene.

El grupo Popular se apoya en tres pilares para explicar la presentación de esta proposición de Ley que pide derogar una normativa sobre la que votó a favor hace apenas año y medio. Por un lado, explica, en este periodo han entrado en vigor dos normas de ámbito estatal que establecen condiciones específicas de seguridad y de accesibilidad para las estaciones de servicio desatendidas. Estas normas tienen, entienden, «objetivos coincidentes con los que inspiraron la ley autonómica». Por otro lado, toman en consideración la iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), «que cumple con todos los requisitos exigidos» y que tiene como objetivo dejar sin efecto la regulación en el ámbito de las cooperativas agrarias.

Por último, el PP destaca que la Comisión Europea «ha mostrado su parecer contrario al mantenimiento de la obligación de disponer de personal en las estaciones de servicio, al considerar que existen otras medidas menos restrictivas para garantizar la seguridad de consumidores y usuarios». Retirar esta normativa es una manera, pues, de no arriesgarse a una posible sanción por parte de las instituciones comunitarias.

Con estos tres argumentos en la mano, el grupo Popular considera, y así expone en su proposición de Ley, que «hoy no se considera necesaria la medida en su día establecida», en relación a la disposición añadida al Estatuto del Consumidor, que pide ahora derogar.

Paso hacia adelante o hacia atrás

El movimiento hecho por las Cortes al admitir a trámite la propuesta del PP para derogar la normativa actual fue visto por distinta manera por parte de los protagonistas del asunto. Para la Asociación de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae) la decisión supone un paso adelante. Para la patronal castellana y leonesa de estaciones de servicio Avecal, el paso es hacia atrás.

«Nuestro planteamiento es de satisfacción porque finalmente se ha impuesto el sentido común», celebra el presidente de Aesae, Manuel Jiménez, que matizaba que esta ley «salió sin motivación alguna, simplemente invocando la defensa del consumidor, pero sin que el consumidor demandase nada». Para él, el debate no fue ninguna sorpresa: «Venía anunciándose que esta actuación estaba contra la libre competencia manifiesta, la libre prestación de servicios y libertad de establecimiento, y así se lo hicimos ver en su día, antes de que se aprobase, al Partido Popular».

Los 14 meses que han transcurrido desde que la ley entrase en vigor han sido vistos por Aesae como «un tiempo difícil, porque las estaciones tradicionales han buscado la forma de iniciar procesos de denuncia y la Junta se ha visto obligada a abrir expedientes sancionadores a una serie de estaciones de servicio que estaban cumpliendo la normativa nacional». Según Jiménez, además, las medidas de mejora aprobadas por el Gobierno no hacen sino «referendar el modelo de negocio de las estaciones desatendidas». Jiménez, que entiende la necesidad de que las estaciones de servicio automáticas sean accesibles, no ocultaba ayer su sorpresa por que «las asociaciones de personas con discapacidad quieren que haya una persona en las gasolineras, cuando en otros sitios dicen que quieren tener los mismos derechos de accesibilidad». Según el presidente de Aesae, el paso que dieron las Cortes ayer «es una buena noticia para todos los consumidores, incluidos los que tienen una discapacidad, porque tendrán una oferta de compra mayor y podrán decidir si quieren ir a una estación de servicio donde les pongan el carburante o si quieren ir a una donde se lo pongan ellos», explica.

Riesgos

El presidente de la patronal Avecal, Rafael Pizarro, no lo ve así. «¿Dónde están las mejoras?», se pregunta, en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno: «Las personas con discapacidad se tienen que seguir esforzando, no hay una mano mágica que aparezca allí les abra el depósito».

Pero desde Avecal contemplan otra serie de problemas, como qué pasa si alguien pide hojas de reclamación o cómo se llevan a cabo las inspecciones, sin olvidar el riesgo de siniestro: «Esto es una actividad de riesgo, como esta catalogada por la propia administración. No es ninguna broma, los combustibles son tóxicos, inflamables y contaminantes».

El presidente de Avecal desmonta las razones en las que se basa el PP para la presentación de su propuesta de Ley. Ni las reformas del Gobierno ni la amenaza de sanción por parte de Europa convencen a Pizarro. «España es el país de la UE que más expedientes sancionadores tiene abiertos y nuestros políticos siguen durmiendo estupendamente, pero ahora parece que se para el mundo», exclama. Así, según Pizarro, la patronal se lleva «las manos a la cabeza» sin entender «cómo se puede justificar un tema como este, cuando están en riesgo la integridad física de las personas, el empleo, los derechos de los consumidores y las personas con discapacidad».

A pesar de que el paso que dieron ayer las Cortes no les favorece, desde Avecal no dan el tema por perdido. «Todavía queda la presentación de miles de firmas en el Congreso de los Diputados, una sentencia del Tribunal Supremo referente a este tema y el expediente que ha quedado abierto en el Parlamento Europeo con la presentación de las alegaciones de [la asociación de personas con discapacidad] Cermi. El que piense que esto está cerrado está equivocado», sentencia Pizarro.

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