Afectados por el cártel de camiones reclaman el sobrecoste que pagaron entre 1997 y 2011

Camiones estacionados en un área de servicio en la provincia de Palencia.
Camiones estacionados en un área de servicio en la provincia de Palencia. / A. Quintero

Los transportistas esperan recuperar entre el 10% y el 20% del valor de compra de los vehículos

LAURA VAN HOEYLANDT Valladolid

Cientos de propietarios de camiones que adquirieron su vehículo entre 1997 y 2011 ya han comenzado a reclamar a los fabricantes los sobrecostes que pagaron sin saberlo por el pacto oculto que mantenían los fabricantes.

La resolución de la Unión Europea (UE) emitida el pasado 19 de junio determina las multas millonarias que deberán abonar los fabricantes de camiones implicados en el conocido como «cártel de camiones», destapado en 2010. Multinacionales tan reconocidas como MAN, Daimler, Fiat, Iveco, CNH Industrial, Volvo, Renault, Paccar y DAF admitieron que acordaban los precios de producción de los vehículos en toda Europa. Esta estafa comenzó el 17 de enero de 1997 y se prolongó durante más de diez años.

Además de fijar los incrementos en los precios brutos, establecían el calendario y la repercusión económica en los clientes de las tecnologías de emisiones exigidas por las normas Euro 3 a 6. La Red Nacional de Abogados defiende a más de 5.000 autónomos y sociedades, 300 de ellos en Valladolid.

Una serie de denuncias levantaron las primeras sospechas y, tras pasar inspecciones más detenidas, la empresa MAN decidió confesar la existencia y el procedimiento de actuación del cártel. Se le exime de la multa impuesta, presentada el 20 de septiembre de 2010, por revelación de los hechos y posterior colaboración. A raíz de esta decisión, la Comisión Europea (CE) continuó su investigación por las sedes de toda Europa y descubrió la implicación de los demás fabricantes.

Sucesivamente, las empresas restantes fueron admitiendo su participación y obtuvieron una reducción en su sanción. La única empresa que no reconoce los hechos es Scania, que actualmente está siendo investigada.

Se estima que para el último trimestre de este año, entre octubre y diciembre, se comenzará a negociar con los fabricantes. Solamente algunas de las empresas implicadas emitieron un comunicado tras las reclamaciones recibidas. Entre ellas está MAN, que en respuesta a Moreno Abogados declaró que «cualquier reclamación de indemnización por presuntos daños y perjuicios derivados del cártel carece de fundamento», ya que «no existe un porcentaje de sobrecoste típico, incluso en los casos de fijación de precios netos».

La multa total impuesta a todos los fabricantes alcanza los 2.930 millones de euros. Cada empresa obtuvo una reducción de la sanción del 10% aproximadamente.

El proceso de reclamación

A través de la alineación de los precios, los inspectores –y los propios consumidores– no sospecharon que durante catorce años las mayores empresas de producción de vehículos de transporte obtuvieron grandes beneficios. Ahora, abierto el plazo de reclamaciones, l 20% de su dinero.

CHF Abogados colabora con otros 45 despachos repartidos por el territorio nacional para reclamar conjuntamente más de 100 millones de euros a los integrantes del cártel de camiones. El abogado José Fernández, del despacho CHF, asegura que «actualmente las empresas ya están llevando a cabo aprovisionamiento de dinero, millones de euros, para poder afrontar las indemnizaciones. La multa está impuesta pero no es público si está abonada o no».

El plazo de las reclamaciones se abrió el pasado 6 de abril, día en el que se publicó en el Diario Ofical de la Unión Europea, y estará abierto durante un año. No obstante, la normativa de la UE establece que en estos casos el plazo se extiende a cinco años. La fecha de transposición de la directiva es posterior al 6 de abril, creando así una situación de incertidumbre. José Fernández recomienda ser prudente y, ante cualquier duda, interrumpir el plazo de preinscripción presentando la reclamación. Beatriz Tovar, abogada de CHF, aclaró que «cuando son muchos afectados no recomendamos hacerlo a través de asociaciones. Cada uno tiene una situación distinta aunque parezca similar».

Será necesario presentar una serie de documentos para llevar a cabo el procedimiento. En primer lugar el permiso de circulación y la ficha técnica del vehículo, donde se determinan las características del mismo. También será necesario el contrato de venta del camión. En caso de no disponer de él, se recomienda solicitar una copia a la Jefatura Provincial de Tráfico. Es relevante destacar que no es necesario ser titular del vehículo para poder reclamar ya que, si se adquirió entre 1997 y 2011, sí fueron afectados por el cártel. Los propietarios de un vehículo de la marca Scania no podrán tomar medidas contra esta marca hasta que Bruselas termine la investigación.

El siguiente paso será alcanzar un acuerdo con los fabricantes para agilizar el proceso legal y confirmar un pacto antes de presentar una posible demanda. En este caso, los costes judiciales para los clientes supondrán el 10% de la cantidad obtenida en la indemnización. Por el contrario, si se presenta la demanda y el juez exhorta a las partes a llegar a un acuerdo, el honorario del abogado se incrementará el 2%. En última instancia, se abonará el 15% de la indemnización de los costes judiciales si se lleva a juicio.

Se estima que en la región castellana y leonesa hay 25.000 vehículos afectados. Entre ellos camiones medianos de entre 6 y 16 toneladas de peso, y pesados, de más de 16 toneladas. Perjudica a todo tipo de propietarios, desde autónomos con un solo camión, hasta grandes empresas de transporte o entidades públicas.

Indemnizaciones

La cuantía de la indemnización vendrá determinada por un Informe Pericial. Ambas partes, demandantes y demandados, presentarán su propia estimación basada en su investigación. Los costes de estos informes suelen incrementar considerablemente los gastos al cliente. Por esta razón, la Red Nacional de Abogados busca alternativas. El precio por camión es de 300 euros, de los cuales se abonarán 70 euros al momento de emitir el informe y el resto en caso de finalización de forma satisfactoria. A esto habrá que añadir a posteriori los costes honorarios de los abogados.

No hay ningún antecedente similar por lo que hay situaciones en las que se generan diferentes opiniones por parte de los abogados. Un ejemplo son las segundas adquisiciones. Hay profesionales que defienden que sí se pueden considerar afectados aquellos vehículos de segunda mano que sufrieron una rebaja por antigüedad, si el precio de compra es similar al mercado de reventa. Sin embargo, se recomienda esperar hasta el acuerdo con los perjudicados de forma directa. De esta manera, una vez resuelta la primera fase se podrán valorar el resto de casos indirectos, no obstante, se aconseja poner la reclamación para evitar futuros inconvenientes.

Los perjudicados en Castilla y León se informan sobre cómo reclamar

Los afectados en Castilla y León por el cártel de camiones incluyen todo tipo de empresarios y sociedades. En Villamuriel (Palencia), la empresa de transportes de mercancías Cipriano Herrero S.L cuenta con nueve camiones. Sus vehículos son de tipo pesado, es decir, de más de 16 toneladas. «Espero recuperar entre 6.000 y 10.000 euros», declaró Cipriano Herrero. Uno de los grandes inconvenientes de este proceso es el desconocimiento por parte de los transportistas y demás afectados. «Yo lo supe por el boca a boca», aseguró el empresario en cuestión.

Las asociaciones también colaboran para informar a los conductores. La Federación del Transporte de Mercancías por Carretera (Fetracal) ha remitido a sus asociados las circulares en las que se anunciaba que la Unión Europea resolvía en contra del cártel de los camiones; se explicaba cómo reclamar y se dio a conocer el nombre del despacho de abogados contratado por la Confederación Nacional para poder acudir a la vía judicial. La Asociación de Transportistas Autónomos de Salamanca (Astasa) pasó notas informativas a sus miembros y asegura que «un número importante» ha reclamado. La Asociación Vallisoletana de Empresarios de Transporte (Avet) convocó a sus asociados a la presentación de un despacho de abogados. Fernando Hernánz, presidente de Avet, declaró que «al principio las personas eran reacias a reclamar pero los abogados demostraron que será un proceso fiable. Nos orientaron bastante bien». Se mostró preocupado por aquellas empresas que sufrieron grandes pérdidas económicas durante la crisis, incluso algunas llegaron a quebrar «las investigaciones aclararán si el cártel tuvo algo que ver en estos casos».

La empresa Transportes y Mudanzas Buj, que cuenta con 32 camiones pesados, ya puso la reclamación correspondiente y está a la espera de un acuerdo con los fabricantes. Prevé un «proceso largo» y asegura que «no lo ve claro». Supo que era uno de los afectados gracias a la asociación de transportistas de la que forma parte y sospecha que «los pequeños empresarios, que tienen uno o dos camiones, no se molestan en recuperar el dinero ya que el desembolso de los costes judiciales les echa para atrás».

Fotos

Vídeos