El 68% de los proveedores firman contratos que exceden el periodo de pago legal

  • La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad denuncia que pymes y autónomos sufren "el abuso" de las grandes empresas en estos acuerdos y piden un régimen sancionador para evitarlo

  • El tiempo medio para abonar las facturas en el sector privado en 2016 se redujo hasta los 77 días, aunque todavía exceden los 60 que marca la normativa

Las empresas redujeron el plazo medio de pago a sus proveedores en 2016 de 85 a 77 días, lo que supone una mejora del 9,4%. Sin embargo, todavía es una cifra superior a los 60 días máximos que marca la ley. Por su parte, el comportamiento del sector público fue mejor al disminuir en cuatro días (de 75 a 71) el tiempo medio en abonar su factura. “Por segundo año consecutivo el sector público paga antes que el privado”, ha explicado Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) durante la presentación del informe correspondiente a 2016. Un mejor comportamiento que en su opinión se debe a la falta de un régimen sancionador para las empresas privadas morosas que incumplan la ley.

A pesar de que hay un descenso en el pago del sector privado, la plataforma ha destacado la diferencia que se produce en función del tamaño de la empresa. Así, mientras que las pymes y los autónomos hacen sus pagos antes de los 60 días, las grandes empresas retrasan sus compromisos hasta los 126 días, el doble de tiempo que el límite legal. De hecho, el informe denuncia la posición de abuso que sufren los proveedores por parte de sus clientes -normalmente empresas más grandes- lo que provoca que el 68% tengan que aceptar “la imposición de plazos de pago superiores los 60 días”.

Unos acuerdos que Cañete ha recordado que son “nulos de pleno derecho” como han reconocido varias sentencias. El problema es que los proveedores no se atreven a denunciar a sus clientes. Algo que también queda de manifiesto porque el 91% nunca o casi nunca reclaman los intereses de demora y el 96% no exige la indemnización por costes de recobro en caso de retraso o impago.

“En este país pagar tarde sale muy barato y crea beneficios”, ha criticado el presidente de la plataforma. Asimismo, ha aplaudido el anuncio del ministro Cristóbal Montoro de hace unas semanas sobre una “penalización fiscal” para las empresas que incumplan con el plazo límite de pago a proveedores. Sin embargo, ha recordado que es la tercera vez que el titular de Hacienda hace una declaración en ese sentido sin que se hayan producido resultados.

“Lo que pedimos al Gobierno urgentemente es un régimen sancionador”, ha reiterado. En este sentido, ha recordado que en Francia ya existe y que la multa por incumplimiento muy grave se ha aumentado a 2 millones de euros. “En España no hay nadie que vigile y controles este abuso”, ha lamentado.

Críticas a la ley de contratos públicos

Por otra parte, el presidente de la PMcM se ha mostrado muy crítico con el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. “Si se aprueba tal y como está redactado ahora supone un riesgo de involución en la reducción de los plazos de pago”, ha explicado Cañete. La Plataforma critica que varios artículos contemplen la posibilidad de que no se aplique el máximo de 60 días que recoge la ley si hay un “acuerdo entre las partes”, en este caso contratista y subcontratista. Algo que Cañete ha considerado una “tomadura de pelo” porque las grandes empresas pueden imponer sus condiciones a las pymes.

En este sentido, también ha criticado con dureza la posición de la CEOE en este aspecto al considerar que se inclina a favor de las grandes compañías. “No puedes representar a todo el empresariado, pero defender sólo a una parte”, ha sentenciado. Para tratar de corregir estos problemas la Plataforma ha presentado varias enmiendas a todos los grupos políticos para que se incluyan durante la tramitación y se evite dar un “paso atrás” .

Por último, Cañete también ha recordado que el próximo 16 de febrero está previsto que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre la devolución de los intereses de demora a los que renunciaron pymes y autónomos que se acogieron al Plan de Pago a Proveedores que impulsó el Gobierno. Y es que una de las condiciones para poder adherirse y cobrar las facturas adeudadas por las administraciones públicas durante años era renunciar a los intereses de demora. Un asunto que fue denunciado por algunas empresas al considerar que se trata de una cláusula abusiva que va en contra de la normativa comunitaria. La abogada general del Tribunal de la UE avaló el año pasado la posición del Ejecutivo y rechazó el pago de estos intereses -que podrían alcanzar los 3.000 millones-. Este mes el tribunal tendrá la última palabra, aunque en la mayoría de los casos falla en la misma línea que la abogada general.