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ANTONIO S. SÁNCHEZ
Martes, 29 de julio 2014, 19:02
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila ha admitido a trámite la denuncia del fiscal por la que desde la Junta de Castilla y León se acusa a Urbasa Global, propietaria de Elgorriaga, de un posible delito de estafa, porque ha considerado que existen indicios suficientes, por lo que la empresa abulense queda desde hoy en manos de dos administradores judiciales, que han sido nombrados por la magistrada encargada del caso.
La decisión judicial se produce sólo un día después de que un gran número de trabajadores, convocados por el Comité de Empresa, se manifestarán a la puerta de los juzgados pidiendo una solución a los problemas de impagos que están sufriendo a pesar de la productividad de la fábrica y supone la apertura de un procedimiento penal que comenzará el 12 de septiembre, cuando tendrá que declarar el presidente de Urbasa Global, José Andrés Fernández.
A partir de este momento, la función de los administradores judiciales será la de asumir las decisiones que se tomen en la fábrica, apartando de sus funciones de administrador de forma provisional a la empresa vasca, al menos hasta que se resuelva el procedimiento penal. Por ello, según han informado, se trabajará en garantizar el suministro de materia prima por parte de los proveedores para que no pare el proceso industrial.
En cuanto a los trabajadores, se han comprometido a abonar la media nómina que tienen pendiente del pasado mes de mayo antes de que finalice el mes de julio, y se abonarán las correspondientes a los meses de junio y julio una vez se estudie la situación de la empresa, sin la necesidad de recurrir al préstamo de 2,4 millones de euros que la Junta de Castilla y León les había concedido, pero que fue parcialmente bloqueado desde el momento en el que se interpuso la denuncia por parte de la administración regional.
El grupo vasco Urbasa Global se convirtió en propietario de la fábrica de galletas Elgorriaga en julio de 2012, después de firmar un contrato de compraventa con la administración concursal que se había hecho cargo de ella para evitar la quiebra tras la mala gestión de la familia Ruiz-Mateos, administradores que hoy vuelven en el papel de administradores judiciales, a la espera de esclarecer la situación.
En aquel momento, para la compra, Urbasa Global contó con un primer préstamos de la Junta de Castilla y León de 2 millones de euros concedido a través del Instituto Tecnológico Agrario, lo que llevó a que incluso la consejera de agricultura, Silvia Clemente, visitara la fábrica junto a otras tantas autoridades, mientras Fernández, presidente de la empresa asumía el compromiso de garantizar la plantilla y de mantener su sede en Ávila durante al menos cinco años, tal y como señalaron los administradores concursales.
Pero los acontecimientos más recientes, este mismo año, ha visto como la situación ha dado la vuelta y desde la Junta de Castilla y León se paralizó ese segundo préstamo de 2,4 millones concedido a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ante la sospecha de que las subvenciones públicas otorgadas en su día a Urbasa para reflotar la planta de Ávila se habrían malversado utilizándose para otras empresas del grupo, acusándoles como responsables directos de la situación actual que atraviesa la fábrica abulense, donde a los trabajadores se les adeudan casi tres meses de salarios.
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