Cuando tener un político en la familia es un ‘riesgo’

Un grupo de personas hace cola en una oficina bancaria./Y. H.-Reuters
Un grupo de personas hace cola en una oficina bancaria. / Y. H.-Reuters

Las entidades financieras están obligadas por ley a realizar un seguimiento de las relaciones de negocios de personas con responsabilidad pública y de sus familiares cercanos

Elisa Campillo
ELISA CAMPILLOValladolid

Quizá le haya ocurrido: acude a una oficina bancaria a abrir una cuenta corriente y lo primero que le extienden es un cuestionario sobre su actividad económica y laboral, en definitiva, para conocerle más como cliente. Quizá entre esas preguntas haya alguna que le haya llamado la atención: ‘¿Tiene usted algún familiar con responsabilidades políticas?’

¿Por qué se interesan por esto las entidades bancarias? ¿Significa que no se fían de los políticos? Si pide explicaciones a la persona que le atiende seguramente le remita a la directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales. «Nos lo piden así», dirá.

Y es que esa es la razón. Las entidades bancarias, al igual que los asesores fiscales, contables externos o auditores de cuentas, están obligados a practicar lo que se conoce como ‘diligencia debida’ en relación con sus clientes, que, en este ámbito, consiste en que las entidades de este tipo no solo no pueden obviar los movimientos sospechosos en las cuentas de sus clientes sino que deben tomar parte activa en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La explicación hay que buscarla en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, del año 2010 y actualizada en 2013, que en su artículo 14 determina la obligación de las entidades financieras a identificar a sus clientes y a recabar información para conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial, así como a comprobar la veracidad de esos datos.

La ley prevé una serie de medidas específicas –seguimiento de la relación de negocios, determinación del origen del patrimonio...– para aquellos clientes que presenten un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, entre los que incluye a las personas con responsabilidad pública... y a sus familiares. En concreto, en esta consideración de familia entran la pareja, los padres, los hijos, los yernos y las nueras. Adicionalmente, la ley incluye a los allegados que mantengan relaciones empresariales estrechas con el responsable público.

¿Y quiénes son estos responsables públicos? Abarcan desde el ámbito nacional e internacional –parlamentarios nacionales y europeos, embajadores, altos directivos de organizaciones internacionales–; autonómico –presidentes, consejeros y procuradores–; local –alcaldes, concejales y altos cargos municipales de las capitales de provincia y comunidad autónoma–; así como altos cargos de organizaciones sindicales, empresariales o de partidos políticos. Asimismo, la ley incluye a los magistrados del Tribunal Supremo y Constitucional, los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Banco de España y al alto personal militar de las Fuerzas Armadas.

Cuestionario

En todos esos casos, las entidades financieras están obligadas por las normativas española y europea a conocer las actividades de sus clientes para identificar y vigilar los elementos de riesgo con el fin de evitar el blanqueo de capitales. El cuestionario sobre la actividad profesional del cliente ayuda a los bancos a recabar esta información. Cada entidad formula las preguntas como considera oportuno, pero como la obligación es la misma para todos el cuestionario es similar. Según las entidades financieras, el hecho de declarar que alguien tiene un familiar político no cambia la manera de proceder del banco. Indican que solo se trata de poner encima de la mesa de una forma ordenada una información, por si en un momento determinado el Banco de España se la requiere.

La UE refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales

El pasado 26 de junio comenzó a aplicarse la cuarta Directiva europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, una normativa pensada para mejorar la transparencia con el fin de evitar la evasión de impuestos.

Esta directiva refuerza la obligación de evaluar los riesgos por parte de los profesionales de la banca y obliga a la transparencia sobre la titularidad real. A partir de ahora, ese tipo de información se conservará en un registro central y estará a disposición de las autoridades nacionales.

Además, las nuevas normas fomentan la cooperación y el intercambio de información entre las unidades de inteligencia financiera de los distintos países para detectar las transferencias de dinero sospechosas y refuerzan la posibilidad de sancionar de las autoridades competentes.

Para bien o para mal, la formulación de esta pregunta a los clientes de la banca no deja indiferente a quien la advierte. En abril de 2015, la organización de consumidores Facua denunció esta práctica, entendiendo que se trata de «datos especialmente protegidos». Para ello se amparaba en la Ley de Protección de Datos, según la cual «nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

Preguntado por el asunto, el presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, Prudencio Prieto, afirma que «esa pregunta, como muchas otras, deja mucho que desear profesionalmente hablando». «¿Qué pasa, que eres una persona de alto riesgo porque tengas un cuñado, un hermano, un vecino metido en política? Pues a lo mejor, pero hay formas y formas de preguntarlo», añade. Y va más allá: «Es una falta de buena praxis comercial que a todos nos debería molestar. Lo lógico sería que todos contestásemos ‘¿a usted qué le importa?’».

En este sentido, Prieto introduciría algún matiz: «A mí me parece bien la normativa, pero no veo que haya que tratar igual a una empresa que a un pensionista o un parado de larga duración, que no tienen ni para llegar a fin de mes. ¿Cómo van a blanquear capitales ellos?».

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