Rodrigo Rato.
Rodrigo Rato. / Mariscal (Efe)

Rechazan archivar el caso de las comisiones por publicidad de Rato en Bankia

  • La Audiencia Provincial de Madrid subraya que existen indicios de criminalidad sobre las operaciones, por lo que la investigación debe proseguir

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La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado por Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente económico del Gobierno Rodrigo Rato y la defensa de éste contra la decisión del juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, de proseguir la instrucción de la pieza en la que se les investiga por presuntos delitos de fraude a Hacienda, blanqueo y corrupción entre particulares relacionados con presuntas comisiones obtenidas en contratos de publicidad en Bankia.

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En un auto dado a conocer este martes, la Sección numero 23 de la Audiencia de Madrid señala que los "indicios de criminalidad" obrantes en la causa impiden que por el momento pueda decretarse el sobreseimiento que solicitaban tanto Rato como su exsocio.

La Sala rechaza los argumentos de las defensas y explica que las contrataciones y adjudicaciones investigadas también tuvieron lugar tras la última reforma penal de 2010 -según la Fiscalía y la Abogacía del Estado a partir del 24 de diciembre de ese año-, por lo que no cabe en este momento procesal descartar que hubieran podido ser el objeto de infracciones como la prevista en el artículo 286 bis del Código Penal -corrupción entre particulares-, cuya aplicación cuestionaban las defensas.

Portuondo es responsable de la empresa Albisa S.L., que según la investigación habría actuado como empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas publicitarias proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad del expresidente del FMI, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron, según la Fiscalía Anticorrupción.

Indicios de criminalidad

La Sala acusa a las defensas de Rato y de Portuondo -en libertad desde noviembre de 2015 tras pasar tres meses en prisión preventiva-, de tratar de "llevar" al tribunal a un campo en el que no puede pronunciarse sobre la vigencia del delito antes citado "ya que se trataría de una respuesta judicial precipitada" y fuera de su competencia.

Los magistrados María Riera, Justo Rodríguez y Jesús Eduardo Gutiérrez -que es el ponente de la resolución-, consideran que a su juicio "es innegable la existencia en la conducta del señor Portuondo Coll de indicios de criminalidad" en relación con "la posible existencia de operaciones impulsadas desde Bankia en la época en la que dicha entidad era presidida por el señor Rato Figaredo y en las que supuestamente intervino", primero como intermediario y después de forma decisiva en la adjudicación de determinidados contratos.

El tribunal aprecia indicios de que, a través de ellos, "acaban embolsándose supuestamente importantes cantidades de dinero" y cita a las empresas Publicis Comunicación España y Zenith. Recuerda también que el instructor Serrano-Arnal, cuyos argumentos confirman, insiste en que los indicios "no se construyen sobre meras elucubraciones, sino sobre la declaración testifical de distintas personas que intervinieron en dichas operaciones y entidades, corroboradas por abundante documentación unida a las actuaciones".

La Audiencia de Madrid rechaza igualmente que exista falta de motivación en el auto del instructor por el que se rechazó inicialmente archivar este asunto porque, aunque Portuondo o Rato la puedan considerar "concisa o parca en cuanto a su contenido (...), ofrece y describe las razones esenciales que ha tenido el juzgador de instancia para no acceder a la petición de sobreseimiento".

Kradonara, constituida en 2001 y de escasa actividad cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, según se afirma en la investigación judicial. A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas, la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas. Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato.

Zenith y Publicis pagaron comisiones por importe de 800.000 euros a cambio de estos anuncios y más de la mitad se derivaron a otra empresa relacionada con Rato, según la investigación. Se trata de la compañía Bagerpleta, con sede en Alemania y propietaria de un hotel en Berlín. Esta empresa encabeza una de las líneas de investigación del caso. El juez asegura que recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".

Una decena de investigados

El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid investiga a una decena de personas en esta causa. Además de Rato, investiga al presunto testaferro Alberto Portuondo -el único que fue sido enviado a prisión- el abogado Domingo Plazas, la que fuera secretaria del exvicepresidente del Gobierno Teresa Arellano y otro presunto testaferro Miguel Ángel Montero.

Serrano-Arnal también investiga a la directora general de Zenith, Candi Rodríguez, el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal, así como dos directivos de ambas sociedades. Se encuentran, además investigados el exdirector de Comunicación de Caja Madrid y Bankia Miguel Robledo y una empleada de Portuondo.