Un rayo de esperanza para las seis mil familias de Castilla y León con plantas fotovoltaicas

Asistentes a la inauguración de un parque fotovoltaico en Palencia, en 2007, recurren a paraguas para protegerse del sol.
Asistentes a la inauguración de un parque fotovoltaico en Palencia, en 2007, recurren a paraguas para protegerse del sol. / MERCHE DE LA FUENTE
  • El tribunal de arbitraje mundial cree que las instalaciones de un fondo inglés sufrieron un daño excesivo por el recorte de primas y condena al Estado a una indemnización de 128 millones

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«Gracias a lo que hicimos aquí, hoy la energía fotovoltaica es más barata en todo el mundo», proclama Jorge Puebla, un pequeño productor fotovoltaico palentino con un huerto solar en Valladolid que ejerce de subdelegado de la asociación Anpier en Castilla y León. «Mi instalación costó casi un millón de euros y ahora algo similar cuesta 150.000 euros por el esfuerzo que hicimos miles de familias españolas por iniciar la revolución fotovoltaica y favorecer las inversiones tecnológicas», recuerda. Ahora, se ve obligado a tener que seguir pagando el coste del crédito bancario (los productores como él abonan una media de 8.000 euros anuales) mientras la rentabilidad se les ha recortado al 50% de lo inicialmente asegurado «por ley», según puntualiza.

Los afectados españoles acudieron a la justicia, pero el Tribunal Supremo –«solo por el voto de calidad de su presidente», recuerda Puebla– rechazó indemnizar a los productores fotovoltaicos por el cambio de la normativa aprobado en 2010 mediante el que se recortaba la retribución a las plantas solares.

Ahora, cinco años después de poner en marcha la reforma del sistema eléctrico, el Gobierno afronta las consecuencias de aquella normativa con la que se redujeron drásticamente las subvenciones de las que gozaban los inversores con instalaciones en energías renovables. La primera factura que el Ejecutivo tendrá que asumir por aquellos cambios tendrá un coste de 128 millones. Se trata de la cantidad que el Estado tendrá que abonar al fondo de inversión británico Eiser por los daños «excesivos» a la empresa, según el fallo del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi).

La resolución de esta corte de arbitraje considera que el Estado tiene que abonar esa indemnización a la empresa que invirtió casi 1.000 millones en tres plantas termosolares durante el año 2007 ubicadas en Castilla La Mancha y Extremadura. Fue el ejercicio en el que ya se encontraba en vigor la legislación aprobada por el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para fomentar el uso de las renovables, cuya aplicación provocó un rápido despegue de este tipo de tecnologías energéticas por todo el país.

«Nosotros no tenemos posibilidad de iniciar procedimientos de arbitraje a nivel mundial porque son muy costosos –advierte Jorge Puebla–, pero consideramos que el fallo conocido ahora tiene que ser un primer paso para que obtengamos una solución. Si a los fondos de inversión y empresas que han recurrido les dan la razón, ¿cómo van a justificar ante la opinión pública que se pueda resarcir a los extranjeros, pero no a los españoles? Sería incomprensible».

En Castilla y León son cerca de seis mil familias las afectadas, que llevan «años con sus derechos ultrajados». «Las hay que han sufrido embargos y muy cerca de aquí conocemos auténticos dramas personales», relata.

La resolución del Ciadi sobre el caso del fondo británico Eiser abre la puerta a una avalancha de sentencias, como de nuevas denuncias que puedan presentar los inversores afectados por el ‘hachazo’ a las energías renovables. En concreto, el organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial tiene pendientes de resolver otros 26 casos más. Desde el sector estiman que el conjunto de reclamaciones podría tener un valor superior a los 1.000 millones que el Gobierno se vería obligado a abonar para cumplir con las sentencias.