La Ley de Desindexación no impide trasladar los costes energéticos a los servicios públicos

El ministro de Economía, Luis de Guindos.
El ministro de Economía, Luis de Guindos. / Paco Campos (EFE)
  • El reglamento aprobado por el Gobierno para desligar del IPC la subida de precios como el billete del tren o el autobús sí permite incrementos por el encarecimiento de la electricidad o los carburantes, los productos más volátiles

  • Las empresas de una obra pública de gran inversión o con una concesión superior a cinco años podrán elevar las facturas por subidas de las materias primas pero se limita el traslado por coste laboral

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El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al reglamento de la Ley de Desindexación, una normativa aprobada en marzo de 2015 pero que calló en el olvido hasta que la inflación en enero se ha disparado hasta el 3% y el Gobierno ha decido desarrollarla. El objetivo de esta legislación es desvincular del IPC la revisión de los precios de los servicios públicos como billetes de tren o autobús y también de los contratos de obra pública o de concesiones con la administración. Sin embargo, sí permitirá que se trasladen a las tarifas los costes energéticos como los carburantes o la electricidad, precisamente los productos más volátiles y que más han influido en el repunte de la inflación.

En principio, la norma impulsada por el departamento que dirige Luis de Guindos prohíbe vincular al IPC los servicios y bienes públicos con el objetivo de evitar la inercia inflacionista. Quedan excluidos de esta aplicación la negociación salarial, las pensiones y la emisión de deuda pública. Sin embargo, los billetes de autobús, tren, peajes de autopistas, precios de medicamentos, precios regulados del gas o la electricidad no podrán variar en función del IPC y las modificaciones de estos precios dejarán de ser automáticas en función de esta variable.

Ahorro de 700 millones

Con la Ley de Desindexación fuentes del Ministerio de Economía estiman que las familias españolas, que gastan 35.000 millones al año en el uso de servicios públicos, se ahorrarían unos 700 millones si los precios en vez de incrementarse un 3% como ocurrió en enero, lo hicieran un 1% como la inflación subyacente (excluye costes energéticos y alimentos frescos).

Sin embargo, el reglamento establece tres excepciones en las que sí se podrán revisar estos costes y que dejan ese ahorro en el aire. La primera hace referencia a algunos precios energéticos regulados como la bombona de butano, la tarifa de último recurso de gas natural, el transporte y distribución de electricidad o el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor de electricidad. En segundo lugar los contratos de arrendamientos de inmuebles en los que intervenga el sector público. Y por último los contratos por obras de gran inversión y concesiones del sector público superior a cinco años.

En todos estos casos, el Gobierno considera que se podrán justificar la variación de precios dependientes de las materias primas. Es decir, los billetes de autobús podrán subir si se han incrementado los carburantes. O una empresa que realiza una obra pública podrá revisar los precios si demuestra que se ha incrementado el coste de materiales básicos como el acero. Sin embargo, el traslado de los costes laborales estará limitado a la revalorización de los sueldos de los empleados públicos fijado en los Presupuestos (1% en 2016).