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La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo.
Del Olmo cifra en diez millones el coste para la Administración de resarcir a las ITV

Del Olmo cifra en diez millones el coste para la Administración de resarcir a las ITV

La oposición coincide en tachar a la Junta de «incompetente» y califica el sistema de concesión y fijación de tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos de «chapucero»

Ángel Blanco Escalona

Martes, 24 de enero 2017, 17:49

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En torno a diez millones de euros podría tener que abonar la Junta a las cuatro concesionarias de estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) si, como es previsible, la sentencia del Tribunal Supremo que anula la congelación de tarifas en 2012 acaba traduciéndose en compensaciones para las empresas por tres ejercicios. Así lo ha estimado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, quien en una comparecencia en la comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León ha asegurado que la decisión que ha tumbado la justicia, dando la razón a la asociación de empresas de ITV, se tomó «para velar por los intereses de los ciudadanos».

«Un usuario de diésel pasó a pagar 48,40 euros frente a los 59,52 del año anterior», ha asegurado Del Olmo, y «el ahorro global para la sociedad de la modificación de contratos ha sido de unos diez millones anuales durante tres ejercicios».

En la actualidad, la consejería trabaja en una nueva redacción del sistema de revisión de las tarifas «con el fin de que se siga prestando un servicio de calidad por el que los ciudadanos paguen lo justo», ha aclarado la responsable financiera. En otra sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a la Junta en su decisión de bajar las tarifas y ha instado a la consejería a regular el régimen de actualización de precios.

El anterior, según ha relatado la consejera, posibilitó que entre 1991 y 2012, pasar la ITV se encareciera más del 200% para los conductores de la región, mientras que los costes de explotación de las empresas, por mor de los avances tecnológicos, incluso bajaron. «En las memorias solicitadas se han observado porcentajes de beneficios muy superiores a los establecidos en los estudios económicos que sirvieron de base al establecimiento de las tarifas iniciales», ha señalado Del Olmo.

Atisae, Itevelesa, Atisaecal e Itevecasa tienen asegurada la concesión en exclusiva y sin riesgo de sufrir ninguna competencia de un servicio que es obligatorio hasta el año 2029.

Chapuza e incompetencia

Para el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, José Francisco Martín, la «privatización mediante concesión administrativa, forzando la situación para la empresa ganadora», es una práctica habitual en la Junta «llámese Itevelesa, o el Hospital de Burgos» que siempre termina de la misma manera: «la Administrración se desentiende del control del servicio, que se degrada en calidad y precio, surgen las quejas y entonces se intenta subsanarlo todo de manera chapucera, pero la Administración está maniatada y comete errores que acaban pagando los ciudadanos».

Tras recordar que «un consejero condenado por corrupto dio la concesión a la empresa (Itevelesa) de la que era titular hasta el día anterior» en alusión a Pérez Villar, el portavoz del PSOE afeó a Pilar del Olmo que dijese «que la decisión ahorró dinero a los ciudadanos y que la sentencia no va a costarles nada, sino que será la Administración la que pague los diez millones». «La Administración somos todos y usted no merece cobrar un euro si no lo retira. ¿Acaso pone usted el dinero? Ya está bien de reirse de la gente».

«Todos sabemos de dónde sale el dinero de la Administración y no nos ponemos tiquimisquis con la literalidad», le ha replicado Del Olmo.

El portavoz de Ciudadanos, José Ignacio Delgado, se ha lamentado de que «siempre acabemos pagando los mismos» después de la diligencia de la Consejería «dejase mucho que desear». «Choca una chapuza y fracaso tan rotundo, cuando hay celo en otras cuestiones; los orígenes de Itevelesa sonrojan a cualquiera y son la causa de lo que ha pasado». «Se trata de un negocio seguro, sin competencia, con exclusividad territorial y, además, con una gestión que provoca colas y pérdida de miles de horas a los castellanos y leoneses ha descrito Delgado. Semejante rosario de despropósitos desemboca inevitablemente en conflictos y varapalos».

Otros modelos son posibles

José Sarrión, de IU, ha defendido que «este servicio debería ser público; nunca debió privatizarse algo que es obligatorio». «Las concesionarias ha fijado tarifas antisociales, contrarias al interés del ciudadano, y maltratan de forma sistemática a sus trabajadores. Hace dos veranos ha recordado hubo una huelga dura y heroica para las plantillas de Itevelesa, que optó por obligar a los trabajadores a pagar la bajada de tarifas de la Junta». Quieren tener las tarifas más cara y, cuando se les bajan, que lo paguen los trabajadores.

«Tomen nota de que no se ha de suplantar lo que se debe y puede hacer desde lo público porque acaba redundando en perjuicio de los ciudadanos», ha recomendado Sarrión.

El representante de Podemos en la comisión, Ricardo López Prieto, ha recordado a la titular de Economía y Hacienda que «hay otros modelos de ITV, como la de libre concurrencia, que baja los precios, o la de Extremadura, pública, que es la más barata de España». «Pero se optó por la concesión», o, en sus palabras, se cayó en «la incompetencia por privatizar un servicio público y anteponer los intereses privados». «Presentaremos una enmienda en Pleno para que el Consejo de Cuentas determine si hay criterios de eficiencia, eficacia y economía en la prestación del servicio desde su creación», ha anunciado.

Según el portavoz del PP, Raúl de la Hoz, «el sistema de concesión fue puesto en marcha en los años ochenta por el Partido Socialista» y la red de ITV de Castilla y León tiene «más estaciones repartidas por un territorio muy amplio y de población dispersa, con menos afluencia de vehículos, lo que hace que el servicio sea caro». «La medida que adoptó la Junta (de anular la subida de tarifas) era la solicitada por los grupos de la oposición», ha recordado.

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