El Norte de Castilla

Castilla y León registra el peor saldo migratorio con el resto de comunidades autónomas

Castilla y León registra el peor saldo migratorio con el resto de comunidades autónomas
  • La región ‘exportó’ a otras autonomías a 10.500 trabajadores y solo atrajo a 5.600

El número de personas asalariadas creció en Castilla y León en 2015 el 2,8% con respecto del año anterior y alcanzó las 913.571 personas, un alza más de cuatro veces superior al del año anterior, cuando en incremento fue del 0,6%. En el conjunto de España la progresión fue mayor, del 3,1%, y la comunidad se colocó como la octava de mayor crecimiento.

El aumento del número de asalariados en Castilla y León se sustentó en el hecho de que hubo más altas de personas asalariadas (94.236) que bajas (64.171). Sin embargo, en sentido negativo, la región resultó ser la que proporcionalmente tuvo el peor saldo migratorio con el resto de las comunidades autónomas del país. De las 111.883 personas que cambiaron de comunidad de residencia el año pasado, 10.528 salieron de Castilla y León, frente a las 5.624 que entraron. Esta pérdida de 4.904 personas supone el 0,59% de los trabajadores que había en la comunidad en el año precedente, cuando Castilla y León también lideró esta estadística negativa, en esa ocasión con una pérdida del 0,46% de la población trabajadora, según recuerdan desde CCOO. «Este hecho no es nuevo para Castilla y León, puesto que todos los años desde 2006 ha tenido saldos migratorios de signo negativo (casi 30.000 personas menos ) con el resto de comunidades, lo que la convierte en la única en la que ha ocurrido esto», explica el Gabinete Técnico de CCOO.

Desde el punto de vista de la procedencia y destino de los flujos, el saldo de Castilla y León fue negativo con todas las autonomías salvo con Extremadura y Castilla la Mancha. El volumen más alto de salidas tuvo como destino Madrid (el 50% del total). Respecto de las entradas, también el mayor porcentaje correspondió a Madrid, aunque en volumen y proporción inferiores a las salidas en esa dirección.

Los salarios medios anuales de las personas que permanecieron en la región tuvieron un incremento del 3,7% (inferior al 4,6% nacional). En cuanto a las personas que en 2015 vinieron a Castilla y León, obtuvieron un aumento del 6,2% (también inferior al global). Quienes se marcharon de la comunidad disfrutaron de una subida media en sus salarios del 13,7% (superior al nacional).

Otro aspecto destacable del informe tributario es el que revela cómo las empresas de Castilla y León pagaron 11.726,4 millones de euros a 689.683 asalariados, mientras que fueron 947.629 los trabajadores de la comunidad que percibieron salarios, por un total de 17.283.3 millones. En términos porcentuales se trata del 72,8% de las personas y del 67,8% de los salarios. «Este hecho tiene su causa en el efecto sede de muchas empresas, que tienen centros de trabajo en Castilla y León pero están radicadas en otras comunidades, sobre todo Madrid, donde la situación es la inversa», explica el sindicato, para cuyos responsables es «preocupante ser la penúltima en este dato (casi empatada con la última) y lo que es peor, que la evolución año a año empeore desde 2010». «La conclusión es que asistimos a una disminución del tejido empresarial propio de Castilla y León, en beneficio de empresas radicadas en otras comunidades».

Por otro lado, «de los 947.629 asalariados en Castilla y León, 181.523 percibieron retribuciones inferiores a la mitad del salario mínimo y otros 111.850 entre 0,5 y 1 vez el SMI». Con éste en 9.080 euros anuales en 2015, el resultado es que 293.373 personas, casi un tercio (31%) percibieron salarios inferiores al mínimo legal para una jornada completa. En España esta proporción es del 34,4%.

«Esta situación tiene que ver, en parte, con tránsitos entre trabajo y jubilación, pero fundamentalmente con un mercado laboral precarizado debido al aumento de la temporalidad y con la consiguiente rotación entre empleo y desempleo, y también es debida a la contratación a tiempo parcial», señala CCOO.

Asimismo, mientras las personas asalariadas de Castilla y León suponen el 5,9% del total de España, sus rentas equivalen al 5,8% y sus retenciones en el IRPF al 5,2%. «Esto tiene consecuencia directa en los recursos disponibles por las administraciones para llevar a cabo las políticas públicas del estado del bienestar y de impulso de la actividad económica».