Un frente común para salvar el carbón

Dumitru Fornea, Germán Barrios y Pilar del Olmo, en la presentación del dictamen del CES Europeo sobre la minería.
Dumitru Fornea, Germán Barrios y Pilar del Olmo, en la presentación del dictamen del CES Europeo sobre la minería. / R.. García-Efe
  • La Junta se apoya en un dictamen del CES Europeo para que se establezca un plazo de hasta 50 años para salvar las comarcas mineras.

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Las cuencas mineras de León y Palencia agonizan. Tanto que en la actualidad solo trabajan 408 mineros en el sector de la extracción de carbón en Castilla y León. Además, con un horizonte de desaparición muy cercano, 2018, el año en que la Comisión Europea eliminará las ayudas establecidas a la minería del carbón. Por añadidura, Europa se prepara para una transición energética hacia una economía de bajas emisiones, lo que perjudica a un carbón contaminante. Aún así, algo hay que hacer, también por las futuras generaciones que viven en esas zonas carboníferas. La Junta acaba de encontrar un aliado en el Comité Económico y Social (CES) de la Unión Europea y en el dictamen 'Los recursos autónomos de carbón en la transición energética de la UE', que este viernes ha presentado en Valladolid su principal ponente, el consejero rumano del CES Europeo Dumitru Fornea.

El consejero animó ayer a la Junta de Castilla y León y a los agentes económicos y sociales de la comunidad a que impulsen un frente común, junto con el Gobierno español y los de otros países, para lograr de Bruselas un compromiso para establecer un periodo transitorio de 50 años para la minería del carbón y poder así buscar alternativas para las cuencas españolas y de otros países europeos. El dictamen elaborado por el CES Europeo plantea una planificación a largo plazo que abarque dos generaciones, un horizonte de entre 25 y 50 años.

Este dictamen, que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, comparte plenamente, según manifestó ayer durante su presentación, colisiona con la decisión 787 adoptada en 2010 de la Comisión Europea que obliga al cierre de las minas de carbón no competitivas a partir de 2018, y que además obliga a la devolución de las ayudas por parte de aquellas empresas que decidan seguir con su actividad al resultar competitivas.

El informe, que también ha sido apoyado por el presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrios, pretende ser un primer paso para que se abra un debate y que los diferentes Gobiernos nacionales con intereses mineros logren un acuerdo coherente con Bruselas para garantizar ese periodo transitorio que facilitara una transformación racional de las comarcas mineras afectadas, mediante nuevas inversiones y planes alternativos de reindustrialización.