Bruselas busca atajar los desmanes de multinacionales y armonizar los impuestos de sociedades

Pierre Moscovici explica su plan de armonización fiscal
Pierre Moscovici explica su plan de armonización fiscal / EFE
  • La Comisión Europea busca así evitar que las grandes corporaciones se aprovechen de las distintas normas nacionales para reducir sus contribuciones a las respectivas Haciendas a la mínima expresión

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La Comisión Europea (CE) ha presentado este martes en la Eurocámara un paquete de reformas sobre el impuesto de sociedades con el que pretende limitar las diferencias nacionales que aprovechan las grandes empresas para reducir sus contribuciones a la mínima expresión. Bruselas ha rescatado su propuesta para crear una base común consolidada para el impuesto de sociedades (BICCIS) en toda la Unión Europea, iniciativa que llevaba varada cinco años por la resistencia de las capitales a dar un primer paso hacia la armonización de la política fiscal, una de sus competencias más preciadas.

Pero el momento político se presta para que ahora los Estados den luz verde: la CE acaba de sancionar a Apple para que devuelva 13.000 millones de euros en impuestos no pagados a Irlanda, y las revelaciones conocidas como LuxLeaks (sobre el trato preferencial de Luxemburgo a algunas empresas) o los recientes Papeles de Panamá han elevado la presión ciudadana sobre las capitales.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha presentado las reforma ante el pleno del Parlamento Europeo como "un marco completo para la fiscalidad de las empresas en Europa" en el que, ha dicho, "todas las empresas, grandes y pequeñas, pagarán sus impuestos donde generan beneficios". La gran novedad en esta versión de la BICCIS es que será obligatoria para las empresas que facturen más de 750 millones de euros en toda la Unión, unas 6.000 según cálculos de la CE.

Para allanar el camino a la aprobación, Bruselas ha dividido la propuesta en dos, de modo que en un primer momento solo se debatirá la creación de la base común, es decir, la elaboración de una lista común de normas para que las empresas calculen su base imponible. En una segunda fase tendrá que aprobarse la consolidación, que permite a las compañías agregar los beneficios y pérdidas generados en todos los Estados para calcular la base imponible total.

Aceptado con matices en el Europarlamento

Este montante se fracciona después para determinar qué parte de la misma se grava en cada país dependiendo de los activos, ventas y mano de obra que la empresa tenga en cada uno. La idea de la Comisión es simple: con unas normas comunes las empresas tendrán más fácil hacer sus declaraciones de impuestos y más difícil esconder datos o transferir sus beneficios de un país a otros con el fin de ahorrar en tasas.

Bruselas, consciente de que su primer paso hacia la armonización fiscal chirriará aún en algunas capitales, ha asegurado que en ningún caso se fijará una tasa común del impuesto de sociedades para toda la UE. El mensaje busca tranquilizar a los potenciales detractores de la medida, como Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Holanda o Dinamarca, que confían en su ventajosa política fiscal para atraer a las empresas.

En la Eurocámara, la propuesta ha sido recibida con agrado pero con matices. "Es un paso adelante en la lucha contra la evasión de impuestos", ha dicho el presidente de la comisión de Economía, el socialista Roberto Gualtieri, quien ha defendido sin embargo que la base común y la consolidación deberían aprobarse al mismo tiempo para aplicar la medida cuanto antes.

Por su parte, el eurodiputado socialista español Ramón Jaúregui ha pedido que se rebaje el umbral de 750 millones de euros para que sea obligatoria. "De lo contrario no más del 1 % de las empresas quedarían sujetas a la nueva regulación. Solamente las pymes sin actividad transfronteriza pueden quedar exentas", ha apuntado.

El eurodiputado Ernest Urtasun, de los Verdes y también a favor de la medida, ha señalado que "el enfoque sería mucho más eficaz si se combina con un tipo impositivo mínimo en toda Europa, acabando así con la competencia desleal y el 'dumping' de algunos Estados, como Luxemburgo, Holanda, Irlanda o el Reino Unido".