El Norte de Castilla

Junta y agentes sociales piden al Congreso que «desatasque» los presupuestos autonómicos

Reunión del Consejo del Diálogo Social.
Reunión del Consejo del Diálogo Social. / W. DOS SANTOS
  • El Consejo del Diálogo Social acuerda que el Serla aborde ya la resolución extrajudicial de conflictos individuales sin contenido económico

La Junta garantiza que tanto si finalmente puede elaborar un Presupuesto para 2017, como si se ve obligada a prorrogar el actual debido al bloqueo político nacional, su plan de empleo seguirá siendo una prioridad y como mínimo mantendrá la dotación necesaria para cumplir el compromiso de destinar a combartir el paro 600 millones de euros hasta 2020, de los que 140 millones corresponden a 2016.

Así lo ha ratificado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, al término de la reunión mantenida por el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, que ha presidido Juan Vicente Herrera. Junto a ellos, el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, y los líderes regionales de CC OO y UGT, Ángel Hernández y Faustino Temprano, han considerado necesario que el Congreso de los Diputados realice un "esfuerzo" para "desatascar" la situación actual y, aunque sea de manera extraordinaria, permita a las comunidades autónomas y entes locales contar con presupuestos en 2017.

Todos los integrantes del Diálogo Social han coincidido en calificar de "satisfactorio" el grado de cumplimiento de los acuerdos de él derivados y consideran que apenas adolece de cuestiones menores que solo tienen que "pulirse". De hecho, Fernández Carriedo ha destacado que ya están convocadas el 89% de las medidas contenidas en el plan de empleo, dotadas con el 95% del presupuesto a ellas destinado en el presente año. El consejero ha reconocido que aún queda trabajo pendiente en las materias relativas a la conciliación de la vida laboral y familiar y en los incentivos a la reducción de la jornada.

La reunión ha servido para concretar que el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), comenzará en octubre a incorporar la resolución extrajudicial de conflictos individuales sin contenido económico en Valladolid y lo hará en el resto de capitales más Ponferrada en 2017.

Asimismo, los agentes sociales han debatido la enésima reforma del servicio público de empleo Ecyl, que en estos momentos se encuentra pendiente de Dictamen por parte del Consejo Consultivo. En esta ocasión, las modificaciones se dirigen, "dado que la situación del mercado laboral ya no es la misma que en la crisis" a "priorizar la atención específica a colectivos concretos como jóvenes, discapacitados y mujeres para facilitarles el acceso al mercado laboral", ha explicado el consejero.

En la reunión se ha revisado también el funcionamiento de la Renta Garantizada de Ciudadanía con objeto de mejorar la permanencia y el acceso a la misma por parte de los beneficiarios. "Se han revisado el régimen de incompatibilidades y el tiempo de decalaje que se exigía desde el último empleo", ha detallado Fernández Carriedo. Todos han valorado el funcionamiento de la línea de empleo incluida en el plan de entidades locales que facilita el acceso al trabajo por parte de aquellos trabajadores beneficiados de dicha renta garantizada.

Los integrantes del Diálogo Social han dado un paso más en la elaboración del borrador para poner en marcha la Red de Protección a las Familias en situación de vulnerabilidad por la crisis. La intención es que el proyecto tenga rango de ley y la red sea "un derecho subjetivo de los castellanos y leoneses".

Reacciones

En su valoración de la reunión, Santiago Aparicio ha hecho hincapié en la conveniencia de "corregir algunas rigideces que se han producido en las lineas de fomento del empleo por cuenta ajena, que en ocasiones impiden materializar todo lo acordado". Al dirigente de la patronal regional no le agradan aspectos como que solo se bonifiquen los contratos indefinidos y no los temporales o los de tiempo parcial; o que no se subvencione la contratación de trabajadores que hayan sido objeto de un despido improcedente. "Los requisitos hacen que al final no se gasten todos los fondos", ha lemantado, "mientras que en otras comunidades no se ponen tantos condicionantes".

En sentido parecido, aunque en otro orden de cosas, Faustino Temprano ha incidido en la necesidad de que "todo lo que no se gaste de alguna de las líneas del plan de empleo, como es el caso de la totalidad de la dotación de programas como el PIE, o el de los ERE, no se pierda, sino que esos excedentes se reconduzcan a otras líneas que tienen más demanda y se agotan". También que se lleve a cabo una "reordenación de los beneficiarios de cada programa", ha señalado el líder de UGT.

Su homólogo de CC OO, que salió tan satisfecho de la reunión como sus acompañantes, dio importancia a la "filosofía del plan de empleo local, que ha fomentado trabajos no rutinarios, protegidos por la negociación colectiva y generadores de prestaciones", si bien no ha pasado por alto que persisten "algunos vicios del pasado que hay que corregir", sobre todo relativos a la falta de coordinación entre instituciones (diputaciones y Junta). "Nos han llegado críticas de discriminación en cuanto a la posibilidad o imposibilidad de contratar en función del tamaño de los municipios, sobre todo de los más pequeños", ha señalado Ángel Hernández. Fernández Carriedo ha ratificado que la exigencia de tener diez o más parados empadronados se ampliará para que se puedan beneficiar los que tengan cinco o más.

Otros aspectos también abordados en el encuentro se refieren a la creación de nuevas plazas residenciales y al desarrollo de las políticas de alquiler y rehabilitación de viviendas. También han evaluado la situación actual del Plan Director de Industria, que está pendiente de dictamen del CES.