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Entrada de la sede del grupo Pescanova.
Pescanova echan otro pulso a la banca para no diluir su peso

Pescanova echan otro pulso a la banca para no diluir su peso

Pretenden tener un mínimo del 20% tras su refundación en septiembre sin necesidad de acudir antes a una ampliación de capital

José Antonio Bravo

Viernes, 29 de mayo 2015, 22:26

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Los accionistas actuales de Pescanova han echado un nuevo pulso a la banca acreedora, que una vez superado el concurso de acreedores de la multinacional agroalimentaria pasará a controlar el 95% del capital. Eso sí, previa quita del 70% de una deuda que llegó a superar los 3.300 millones de euros.

En la junta general celebrada este viernes propusieron que su peso tras la refundación de la compañía que pasará a llamarse Nueva Pescanova tras la junta extraordinaria prevista para septiembre se eleve del 5% previsto hasta el 20%, pero sin tener que acudir a una ampliación de capital (donde ese 15% extra de títulos les costaría 7,3 millones de euros). Era la alternativa que les daban las entidades financieras si no querían ver tan diluido su peso accionarial.

Pero el consejo del que salieron los principales socios:_Manuel Fernández de Sousa (7,5%), Carolina Masaveu (7,1%), la cervecera Damm (6,2%) y el fondo luxemburgués Luxempart (5,8%) considera que antes de hablar de posibles desembolsos hay que buscar un «equilibrio razonable» respecto a los acreedores. Por ello le han propuesto al llamado G7 de la banca (encabezado aquí por BBVA, CaixaBank y Sabadell) que su suelo accionarial sea del 20%, aunque los minoritarios lo elevan incluso al 50%.

Los socios actuales también pretenden conservar a largo plazo el derecho de adquisición preferente de cualquier participación que vendan a terceros los acreedores. Arguyen que de esta forma se evitaría la entrada en el capital social de grupos competidores extranjeros o, en el extremo, incluso su desmembramiento.

El argumento de los minoritarios es que han perdido mucho dinero estos años, primero con la caída en picado de las acciones y después con la inversión congelada sin poder sacarle rentabilidad alguna. Y es que Pescanova fue suspendida de cotización en marzo de 2013 tras descubrir un agujero multimillonario tapado por su anterior presidente, Fernandez de Sousa, con la anuencia de sus principales colaboradores y el aparente desconocimiento del auditor. Este declaró en la Audiencia Nacional, donde está imputado parte del antiguo equipo gestor por presunta estafa, que se le había ocultado la llamada contabilidad B de la compañía.

Desde la banca entienden sólo en parte sus quejas, dado que aducen que ellos son los que como acreedores han perdido mucho más. Según sus cuentas, las quitas ya realizadas en Pescanova y Pescafina les han supuesto unos 1.860 millones de euros. A ellos habría que añadir otros 1.000 millones por su decena de filiales. Y todo ello sin contar las líneas de financiación que mantienen abiertas en la actualidad para que el grupo pueda seguir operando, que ascenderían a unos 150 millones, lo que representaría el 87% del capital social y los fondos propios consolidados (172 millones)_que la compañía tenía a 30 de noviembre -son las últimas que ha publicado-.

Respaldo a las cuentas

Aquellas cuentas, aprobadas este viernes por la junta general, presentaban un beneficio neto de 1.654 millones en contraste con las pérdidas de 715 millones sufridas en 2013. Las ventas, no obstante, se mantuvieron en términos similares con 901 millones y una estimación de facturación de hasta 1.000 millones para el cierre de 2014. La deuda financiera era entonces de 1.333 millones una vez aplicado el convenio de acreedores ya aprobado para la matriz, mientras que el patrimonio consolidado presentaba un desfase de 617 millones hasta resolver los concursos todavía pendientes con las filiales.

Por todo ello, no están dispuestos a dar más peso accionarial a los socios actuales de Pescanova si no invierten también más dinero, aunque ese G7 todavía no ha dado una respuesta formal al consejo de la compañía. Mientras tanto, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra debe resolver en la primera quincena de junio si da su visto bueno a los convenios de acreedores presentados por los bancos para esas 10 filiales, con una deuda conjunta de 800 millones.

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