Los contratistas de la región ven necesario el triple de obra pública para ser competitivos

Las tres Administraciones licitaron el año pasado en Castilla y León obras públicas por valor de 1.047 millones de euros, el 61% más que en 2013. Sin embargo, según ha advertido el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, la cifra adecuada para las necesidades de Castilla y León son 3.500 millones anuales; de lo contrario nos descolgaremos de los países de nuestro entorno en cuanto a infraestructuras que nos permitan competir. Y ha puesto un ejemplo: Seguimos sin ni siquiera saber por dónde discurrirá la Autovía del Duero y eso, siendo un país periférico en la UE, es dar todas las ventajas a los vinos franceses de cara a los mercados exteriores. Para este año, Estado, Junta y Ayuntamientos tienen previsto licitar obra nueva por valor de 1.585,22 millones en la comunidad autónoma, según los cálculos de la cámara. Podría ser que al estar en periodo electoral, el grado de cumplimiento sea elevado, ha señalado Pascual, que espera que el grueso de las licitaciones se produzca después de las elecciones de este mes y hasta las generales.

El año pasado, la Administración central licitó 653 millones de euros en obra oficial, el 62,3% del total y el 89,6% más que un año antes; la autonómica, 165 millones, el 15,8% del total y el 17,8% más; y la local, 228 millones, el 21,7% del pastel y el 37,9% más.

No obstante, ha llamado la atención sobre el escaso grado de cumplimiento de las previsiones. En 2014, por ejemplo, se anunciaron obras por valor de 2.013 millones de euros, pero finalmente solo se licitaron el 52%, el porcentaje más bajo de los últimos ocho años tras el 50,9% de 2010. Alguien no está haciendo bien su trabajo, con unas promesas que no se materializan y tienen un impacto inaceptable en las empresas, que han hecho unas inversiones, y en el empleo, ha lamentado. Los años con más alta tasa de realización han sido 2007, con el 92,5% y 2011, con el 85,1%. Debido a las ofertas a la baja efectuadas por las empresas constructoras y por los desistimientos de las Administraciones una vez realizadas las licitaciones, la cantidad adjudicada finalmente en 2014 fue de 736 millones.

Pascual ha pintado un panorama dramático de la situación del sector regional de la contrata de obra pública. El año pasado, España recuperó el 21% del empleo, mientras Castilla y León perdió el 9% debido, en parte, a la escasa licitación, que antes de la crisis representaba un tercio del mercado de la construcción y ahora, el 10%. Para el presidente de la CCCL, es cierto que no era razonable que la construcción representase el 21% del PIB en España y el 17% en la región en los años de la burbuja, pero tampoco lo es que ahora sea el 9% en el país y el 7,5% en la comunidad autónoma. En Francia es el 12,5%, ha concretado como peso más equilibrado.

Palo a la Junta

La Junta ha sido centro de las críticas de Pascual, que ha recordado que antes de la crisis licitaba más o menos 1.000 millones anuales y el año pasado, 402. Nos sentimos discriminados; tenemos más peso que la agricultura, un sector que sí se mima con iniciativas como Tierra de Sabor. Parecemos la peste; no hay un político que quiera retratarse con un constructor, ha dicho.

De las 33.800 empresas constructoras que llegó a haber en Castilla y León en 2008 se ha pasado a las 24.500 de 2014, muchas de ellas en ERE, reestructuradas, en una situación muy mala y todas con un tamaño mucho más pequeño, algunas sin capacidad operativa. El sector movía un volumen de negocio de 18.000 millones en 2008 y el año pasado facturó 4.400. De 136.000 empleos directos, ha pasado a 60.000. Se han destruido puestos de ingenieros muy bien formados, de mandos intermedios muy especializados, jefes de obra, peones y oficiales también con mucha experiencia y formación; y también se ha malvendido en el extranjero maquinaria muy costosa para poder atender las necesidades de tesorería. Ha sido desolador.

La Cámara de Contratistas ha detallado tres medidas que se deberían adoptar de manera inmediata: Aumentar, de manera significativa, las partidas destinadas a inversión en obra pública; poner en marcha elementos correctores para acabar con las desproporcionadas bajas de adjudicación cambiando el porcentaje que se considera bajas temerarias y suprimir las tasas por inspección y dirección de obra. De cada cien euros que adjudica, la Junta paga 96 porque cuatro van a pagar un servicio que la Junta se presta a sí misma, se ha quejado Pascual. Se han comprometido a suprimirla varias veces por injusta pero no lo cumplen. Basta ya de tomarnos por tontos, ha concluido.