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Parque eólico en Castilla y León
La Junta afirma que no encuentra irregularidades en una primera revisión de los expedientes de las autorizaciones a parques eólicos

La Junta afirma que no encuentra irregularidades en una primera revisión de los expedientes de las autorizaciones a parques eólicos

El consejero de Economía y Hacienda, Tomás Villanueva, asegura que se ha enterado «por los medios» de la denuncia de la Agencia Tributaria

el norte

Lunes, 20 de abril 2015, 12:39

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«En una primera evaluación no se desprende ninguna irregularidad», ha asegurado el consejero de Economía Tomás Villanueva sobre la noticia que recoge este lunes un medio de comunicación nacional en la que se indica que la Agencia Tributaria ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León. Preguntado por los periodistas que se han acercado a la firma de un acuerdo financiero entre la ADE con 21 entidades locales, el consejero ha apuntado que se había enterado «por los medios de comunicación» de la existencia de este informe.

Ha sido en ese momento cuando la Consejería ha pedido a los Servicios Técnicos que hagan una revisión de los procesos de autorización, «y en una primera evaluación rápida no se desprende la existencia de alguna irregularidad». Villanueva se ha puesto a disposición, tanto de la Agencia Tributaria como de los juzgados pertinentes, para llegar al fondo de este asunto con «absoluta transparencia».

Según el informe que cita como fuente el diario 'El País', la Agencia Tributaria habría detectado «la existencia organizada de un conjunto de personas y sociedades» que podrían haber cobrado hasta 110 millones de euros «para agilizar la tramitación de parques eólicos». El documento de referencia explica que las eléctricas pagaban las cantidades «directamente o mediante la transmisión de acciones en sociedades creadas para la explotación de los parques» e implica entre los beneficiarios a personas que ocupaban cargos de responsabilidad en la Consejería de Economía de Castilla y Leon, la que autorizaba los parques.

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