El Salvador, a 25 años de los Acuerdos de Paz

El Salvador, a 25 años de los Acuerdos de Paz
Andreu Oliva, rector de la UCA. Henar Sastre

Andreu Oliva, rector de la UCA, ofreció una charla en la Fundación Segundo y Santiago Montes sobre la situación del país centroamericano

Victoria M. Niño
VICTORIA M. NIÑO

Nació en Barcelona pero ya tiene, además de la nacionalidad, acento salvadoreño. Andreu Oliva vivió en El Salvador entre 1991 y 1994 y desde 2001 hasta hoy. Es el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, la de los mártires. Por eso visitó en Valladolid, para hablar de ‘A 25 años de los acuerdos entre el Gobierno y el FMLN: ¿Hay paz en El Salvador?’ en la Fundación Segundo y Santiago Montes. Segundo e Ignacio Martín Baró fueron los vallisoletanos asesinados junto a Ellacuría y los otros cinco jesuitas y trabajadoras en 1989.

–¿La paz y la democracia está en proceso en El Salvador?

–Sí. Los acuerdos de paz consiguieron el fin de la guerra, permitieron el desarrollo de un sistema político democrático, comenzaron a considerarse derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de pensamiento. Se crearon instituciones necesarias como la Procuraduría de Derechos Humanos, se reformó la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y el Ejército se sometieron al Gobierno. Ha habido alternancia y tras 20 años con ARENA, ganó el FMLN que se integró en la política. Queda lograr la transformación del Estado en un sentido inclusivo, donde las mayorías poblacionales tengan derechos económicos y sociales, un estado con justifica distributiva y que cree desarrollo económico. Hoy la elite económica, el 20% de la población, tiene el 50% de los ingresos, mientras que el 20% de la población más pobre tiene acceso al 5% de los ingresos. Falta igualdad de oportunidades. Durante la guerra se violaron los derechos de una buena parte de los salvadoreños. Los asesinatos de lesa humanidad y los crímenes de guerra no han sido reparados. Ni el Ejército ni la guerrilla han sido llevados a la justicia. Están impunes mientras no se han defendido los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

–La violencia sigue siendo un problema ¿pero ya con un origen más económico que ideológico?

–El alto nivel de violencia tiene su origen en la gran desigualdad de la sociedad. La mayoría de la población no tiene acceso a una buena educación, apenas acaban primaria, ni a medios de ganarse la vida ni un empleo digno. Eso ha hecho que muchos emigren a Estados Unidos o a Europa. Los jóvenes acaban formando pandillas, maras, así sienten que tienen autoridad, poder, control territorial. Extorsionan a sus vecinos, mantienen guerras entre ellos, a veces están implicado en mafias criminales. La Policía y el Ejército les han declarado la guerra abierta, solo conocen la represión y se ha llegado a las ejecuciones extrajudiciales. Hemos pasado de la guerra dura, a la superdura y luego a la inteligente, todas represivas.

–La UCA, además de referente educativo, ¿sigue siendo una autoridad moral?

–Así es, por nuestros mártires y por el trabajo académico de denuncia, por nuestra apuesta por la paz a través del diálogo y nuestra implicación a favor de los menos desfavorecidos de El Salvador. La UCA sigue implicada en la búsqueda de soluciones y ayudar a este país a avanzar en justicia social y dignidad. Por otro lado seguimos investigando, se nos pide opinión por parte del ejecutivo y de grupos sociales. Los institutos de derechos humanos y de opinión pública que crearon Segundo Montes e Ignacio Martín Baró siguen su trabajo. Hacemos estudios y sondeos periódicos para conocer la opinión de los salvadoreños sobre la gestión del Gobierno. Esa evaluación es tenida en cuenta unas veces, cuando los resultados les son favorables, y denostada otras, cuando no salen bien parados.

–En una de esas encuestas, el 40% los salvadoreños justificaba las ejecuciones extrajudiciales.

–La población está cansada de la violencia y vive con el acoso de las bandas. Pero en cambio pide respeto a los derechos humanos y su actitud ante la violencia está cambiando, también piden que se investiguen esas muertes y las de la guerra civil. La población quiere ser bien gobernada.

–¿Cómo va el proceso judicial?

–La Comisión de la Verdad sacó un informe –‘De la locura a la esperanza’– que refleja que la mayoría de los crímenes fueron cometidos por las fuerzas de seguridad y algunos por la guerrilla. Luego proclamaron una Ley de Amnistía para consolidar la Paz (1993) y se impidió investigar. Hace año y medio la Sala Constitucional de la Corte Suprema derogó esa ley por inconstitucional y se abrió la posibilidad de hacer justicia. Se ha reabierto el Caso del Mozote y se siguen pidiendo reaperturas. El caso de la UCAestá en la Audiencia Nacional de España que ha pedido la extradición de los autores materiales e intelectuales. De los primeros fueron detenidos cuatro y condenado ya a la pena máxima. Faltan los intelectuales. Hay una sentencia en EEUUpara extraditar al coronel Montano, hemos pedido el ‘habeas corpus’ y habrá respuesta antes de fin de año.

–¿Qué le ha parecido el mensaje del Papa, jesuita como ustedes, en Colombia?

–Creo que lo que defendió en Colombia es lo correcto. Ojalá ocurra eso en El Salvador. No se puede lograr la reconciliación sin investigar y sin restituir los derechos de las víctimas. Tienen derecho a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación. A partir de ahí puede haber perdón. El Estado Salvadoreño, responsable de crímenes de guerra, no está dispuesto a eso. Por eso la Policía y el Ejército pueden ejecutar extrajudicialmente, por eso vuelven a violar los derechos humanos, el referente es la impunidad. Eso se reproduce. En los pocos casos en los que los policías comparecen ante un tribunal, la justicia siempre está de su lado, nunca del de las víctimas.

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