Villanueva defiende que está siendo investigado judicialmente por «una mera hipótesis»

Tomás Villanueva. /Ramón Gómez
Tomás Villanueva. / Ramón Gómez

La apelación de su abogado ante la Audiencia de Valladolid recuerda que los jueces «no instruyen para ver si hay delito, sino porque los hay»

SUSANA ESCRIBANO

Si la Audiencia de Valladolid confirma los pasos que han ido dando los titulares de los juzgados de instrucción 2 y 4 de Valladolid, que instruyen las diligencias sobre la trama eólica y la compra por parte de la Junta de Castilla y León del edificio de Arroyo conocido como la Perla Negra y de los terrenos para el frustrado polígono industrial de Portillo, y desestima los recursos de apelación de Tomás Villanueva, el exconsejero de Economía y Empleo hará «doblete» en los juzgados en otoño. El 18 de octubre, está llamado a declarar, por indicios de prevaricación y cohecho en las decisiones que tomó con respecto al reparto de las concesiones de los parques eólicos. Y el 27 de noviembre por hechos que podrían encajar en posibles delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración y malversación de caudales públicos, sin que sea descartable un posible cohecho y blanqueo de capitales por la Perla Negra y afines.

Tomás Villanueva no ha tirado la toalla en su intento de no llegar a esas fechas como investigado (antes imputado) por estos dos asuntos y ha apelado ante la Audiencia. Considera una desproporción que se le tome declaración y se investigue judicialmente su patrimonio, el de su esposa e hijos y el de los allegados de estos sin que los autos incluyan «descripción alguna, ni siquiera somera, de los presuntos hechos atribuidos» al vicepresidente. A partir de estas líneas sigue un resumen de los argumentos que esgrime Villanueva para librarse del vía crucis judicial que se abrió ante él hace unas semanas y que se plasmó en esas dos fechas para testificar y en la solicitud, a propuesta del Ministerio Fiscal, de la investigación patrimonial de él y de su entorno familiar.

  • 1

Cambio de criterio tras 3 años y 7 meses de investigación. El recurso de apelación recoge que desde el inicio de la investigación, hace 3 años y 7 meses, sobre la operación del alquiler y posterior compra del edificio de Arroyo ya se sabía que Tomás Villanueva era consejero de Economía siendo viceconsejero Rafael Delgado, principal implicado tanto en este caso como en el del posible complot para la concesión de autorizaciones de parques de molinos de viento. «Ser consejero de Economía no es título de imputación jurídico-penal. Y esa obviedad no cambia por el hecho de que Rafael Delgado, viceconsejero, ha sido y esté siendo investigado por presuntas conductas que, de ser ciertas, serían delictivas».

Según el letrado que representa a Villanueva, ha habido un«cambio de criterio» sobrevenido basado en «una mera insinuación o hipótesis» que no sería suficiente para seguir una investigación contra el exvicepresidente. Por contra a lo que expresa el abogado del exdirigente del PP, el auto judicial expone que «sin poder anticipar la posible imputación en este momento, existen elementos suficientes para pensar que el Señor Villanueva ha tenido intervención activa y directa en los hechos, siendo conocedor en todo momento e incluso inspirador de las decisiones cuestionadas sobre los diversos temas objeto de la investigación». El letrado de Villanueva asegura que en ese auto hay mucha literatura y ausencia de hechos. Llega a apuntar que el verbo ‘pensar’ «es procesalmente más próximo a sospechar que a imputar»

  • 2

El sobreseimiento de Alfonso Centeno y la instrucción «para ver si hay delito». Si no hay presuntos hechos susceptibles de ser investigados, no puede abrirse una investigación judicial. Sobre este razonamiento, la apelación recuerda que el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional proscriben las «investigaciones prospectivas». Y se mira en el espejo de otra persona cercana a Tomás Villanueva, en este caso en el PP de Valladolid: el de Alfonso Centeno, procurador autonómico, alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación de Valladolid.

El instructor de la Sala de lo Civil yPenal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ordenó el 10 de julio el sobreseimiento de la causa abierta contra el regidor y parlamentario autonómico por un viaje a Japón que hizo con su esposa, presuntamente abonado por la firma que logró el contrato de Meseta Sky, proyecto en el que la Diputación de Valladolid invirtió 12 millones de euros y desmantelado en gran parte por orden del Tribunal Constitucional al fallar que era contrario a derecho. El alcalde presentó las facturas y el magistrado archivó la investigación. El escrito de apelación de Tomás Villanueva alaba «la claridad argumental difícilmente superable» de ese «recentísimo auto» que diferencia entre una investigación policial, privada o del fiscal y una instrucción judicial. De las primeras dice que se pueden encaminar con carácter preventivo a la obtención de información sobre hechos delictivos. Pero el juez, no. «El juez no instruye para ver si hay indicios de delito, sino porque los hay», razona el magistrado que archivó la causa contra Alfonso Centeno, argumento que recoge la apelación de Tomás Villanueva.

  • 3

Derecho del investigado a conocer los presuntos hechos. En línea con los argumentos anteriores, el recurso del exvicepresidente de la Junta recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que toda persona a quien se atribuya un hecho punible tiene derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen. «Ese derecho es manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» que recoge la Constitución, refleja el escrito. Algo que, a su juicio, no se da en las decisiones de la instrucción que afectan a Tomás Villanueva, porque «comprende el derecho del investigado, en una fase anterior a la eventual ‘acusación’, a conocer qué presuntos hechos, que se le atribuyen, son objetos de investigación». Y concluye: «Sin ese conocimiento, no es posible el ejercicio del derecho fundamental de defensa».

  • 4

Desproporción en la investigación del patrimonio personal, de sus familiares y de los allegados de estos. El letrado que representa a Tomás Villanueva estima como la decisión de «mayor gravedad constitucional, procesal y sustantiva» que recurre en el documento la práctica de pesquisas por parte de la Policía Judicial, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Inspección de la AdministraciónTributaria sobre el patrimonio del exvicepresidente de la Junta; de su esposa; de sus hijos y esposas; y de su padres, hermanos y cónyuges. «Sin investigación, sin presunción de culpabilidad, se acuerda la práctica de pruebas de investigación que, sin soporte legal, afecta a quien no es investigado por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales y a sus familiares y allegados, que tampoco lo son», enfatiza el escrito jurídico. Solo, continúa «porque no es descartable la posible comisión» de esos delitos, en opinión de la Fiscalía.

Villanueva no considera, como defiende el juzgado, que esa investigación «resulte necesaria y proporcionada», o que «no afecta al derecho a la intimidad», o que sea «mínimamente invasiva». Al contrario, defiende que esa «decisión judicial de ampliar la investigación patrimonial a familiares y allegado de Tomás Villanueva carece de soporte legal». «No se trata de investigar un presunto acto que, de ser cierto, sería delictivo. Se trata de investigar a personas, a la búsqueda de ‘algo’, sin saber qué, para luego poder superar la mención ‘sin que sea descartable’», manifiesta el letrado, que concluye que es una «técnica inconstitucional». Y a eso añade el abogado del que fuera presidente del PP de Valladolid que «nada tienen que ocultar mi mandante, sus familiares y allegados, pero esa convicción, confianza y tranquilidad son compatibles con pedir respeto a sus derechos fundamentales».

  • 5

Seis meses expuesto a la ‘pena del telediario’. El letrado de Villanueva llama la atención sobre el «efecto perverso» de citar como investigado al exvicepresidente el 27 de noviembre (Perla Negra y añadidos), por lo que estará sometido a exposición pública «por presuntos delitos, sin atribución de presuntos hechos, sin posibilidad de defenderse en el marco de una investigación por no se sabe qué presuntos hechos».

La apelación de Tomás Villanueva para que se le deje fuera de la instrucción del caso de la Perla Negra y afines está a la espera de la respuesta de la Audiencia de Valladolid.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos