La jueza de la eólica ve indicios de prevaricación y cohecho en las decisiones de Villanueva

Tomás Villanueva, en un 'canutazo' con los medios de comunicación en 2015. / Nacho Gallego-Efe

La instructora estima la petición del fiscal anticorrupción para interrogar al exconsejero de Economía sobre el supuesto reparto de los parques de aerogeneradores

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El exconsejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha sido llamado a declarar como investigado el próximo 18 de octubre por la jueza instructora de la trama eólica, que investiga el supuesto cobro de 81 millones de euros en comisiones ilegales vinculados al reparto de las autorizaciones de los parques eólicos a empresas afines a la Junta en Castilla y León, según sostiene la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en su querella. El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 4, que instruye las diligencias previas del procedimiento abreviado, estima así la petición del fiscal anticorrupción, Tomás Herranz, para que Villanueva explique su participación como persona «que tomaba las decisiones en la Consejería» después del interrogatorio efectuado la pasada semana a quien durante años fuera la mano derecha del consejero, Rafael Delgado, también investigado. Tras esta declaración «y la documentación aportada», dice la jueza en su auto, «se observa la existencia de posibles indicios de la participación y la responsabilidad criminal del que, en el momento de los hechos, era el consejero de Economía y Empleo de la Junta, lo que hace necesaria su entrada en el procedimiento como investigado y, en particular, en relación a los delitos de prevaricación y cohecho».

Más información

Según el escrito del fiscal especial, al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, es pertinente esta declaración tras las manifestaciones de Delgado quien, en su interrogatorio como querellado, «aseguró en todo momento que todo lo que hizo fue por indicación del consejero de Economía y que éste estaba informado de cuanto hacía. Y que fue también el consejero quien se reunió con las compañías promotoras de los parques». Además, alude a que también declaró que fue de Villanueva la decisión de la 'avocación', es decir, concentrar en un único órgano la resolución de las autorizaciones, una función que recayó en el propio Delgado. El exnúmero dos de la Consejería insistió en su comparecencia judicial en que él se «limitó a transmitir a la Dirección General de Energía y Minas las instrucciones que recibía del consejero, tanto en relación con los acuerdos de los promotores como qué parques debían incluirse en la planificación».

El auto de la jueza Verónica María Marcos llega a los pocos días de que el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, César Gil Margareto, encargado del caso Perla Negra -que se sigue para esclarecer si hubo malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude a la hacienda pública, entre otros delitos- en la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos para el fallido Parque Empresarial de Portillo (Valladolid), decidiera llamar a declarar, también como investigado, al exvicepresidente de la Junta. El señalamiento del interrogatorio a Villanueva por este caso está fijado para el 27 de noviembre.

El calendario de declaraciones

La declaraciones de 21 investigados (ahora, 22) por la trama eólica las estrenó el pasado día 2 de junio Rafael Delgado y se prolongarán hasta el 18 de octubre con el interrogatorio de Tomás Villanueva.

La jueza ha ampliado a 18 meses la instrucción de la causa, considerada compleja, al tiempo que ha aceptado la personación de la Agencia Tributaria como acusación particular y ha rechazado la de la Junta por no considerarla perjudicada. Ejerce la acusación popular, previo pago de una fianza de 3.000 euros, Ecologistas en Acción.

Este mismo jueves, 15 de junio, se retomarán las declaraciones con los interrogatorios programados al abogado Jesús Rodríguez Recio, amigo y supuesto testaferro del exviceconsejero Rafael Delgado, con cuentas en Suiza, y el exdirector general de Excal y empresario en sociedades eólicas, Alberto Esgueva, quien actualmente reside en Polonia. Tomás Ciria Garcés declarará como testigo.

Fotos

Vídeos