A punto de subir un 1% las 85.000 nóminas de la Junta

A punto de subir un 1% las 85.000 nóminas de la Junta

El presupuesto estatal y el regional, que se publicará previsiblemente esta semana en el Bocyl, activan la revisión salarial que también se aplica a 7.700 docentes de la concertada

S. ESCRIBANO

La plantilla de la Junta de Castilla y León, primera empresa de la comunidad por volumen de empleados, notará como sus nóminas crecen levemente (el 1%) a partir de este mes.

La aprobación de los presupuestos generales del Estado y del presupuesto autonómico han activado la revisión salarial para los cerca de 85.000 empleados públicos en nómina de la Junta, que será efectiva cuando las leyes presupuestarias entren en vigor tras su publicación en el boletín oficial. La autonómica en cuestión de días. Esta misma semana.

El presupuesto regional se votó el día 23 de junio, pero la disposición sobre el incremento de la retribución de los empleados públicos tiene efecto retroactivo a fecha de 1 de enero. Eso implica que la Junta, además de aplicar el 1% de aumento de las retribuciones en las nóminas que quedan hasta diciembre, deberá abonar los atrasos desde primeros de año y actualizar esas cotizaciones a la Seguridad Social.

El cálculo de lo que supone la cuantía de esa revisión retributiva, según confirman fuentes del Ejecutivo autonómico, ronda los 36 millones de euros, de los que la mitad, 18 millones, serían pagados en concepto de atrasos.

La revisión salarial se aplicará en alrededor de 85.000 nóminas de empleados autonómicos. La Consejería de la Presidencia, competente en materia de Función Pública, remite a los datos de plantilla que publica el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de julio de 2016, que contabilizaba 84.985 trabajadores que prestan servicio en la Administración autonómica.

La medida no solamente afecta a estos empleados, los que están directamente en nómina de la Junta. Esa revisión salarial se aplicará también, en iguales condiciones, a las plantillas de las cuatro universidades públicas de Castilla y León y a los docentes que prestan sus servicios en los centros concertados. Estos últimos suman alrededor de 7.700 efectivos.

Desde la Consejería de la Presidencia confirman que no han cerrado aún los plazos y la forma en la que se empezará a aplicar ese incremento salarial y se abonarán los atrasos, aunque responsables sindicales señalan que mantuvieron contactos en las Cortes durante el pleno en que se debatió y votó el presupuesto autonómico con el vicepresidente y titular de esa consejería, José Antonio de Santiago-Juárez, y con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, y que les avanzaron la disposición de la Junta de actualizar las nóminas en el primer pago tras la entrada en vigor del presupuesto, una vez que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y abonar los atrasos de una sola vez y similar manera a como lo hará el Gobierno central con los funcionarios estatales. El ministro Cristóbal Montoro ha comprometido el pago de una ‘miniextra’ en julio.

La entrada en vigor de esta ligera actualización retributiva para estos colectivos de trabajadores estaba pendiente de una doble aprobación. Estaba incluida en el proyecto presupuestario elaborado por la Junta, que contaba de antemano con el acuerdo de Ciudadanos para salir adelante, pero requería también la aprobación de los presupuestos estatales que presentó en marzo el Gobierno de Mariano Rajoy, que superaron la semana pasada el trámite en el Senado tras haber logrado una ajustada mayoría de apoyos en el Congreso.

El de 2017 es el segundo incremento anual consecutivo del 1% en las retribuciones de los funcionarios y el personal laboral de la Junta, después de varios ejercicios de nóminas congeladas que siguieron al recorte del 5% de media que sufrieron los empleados públicos en 2010 por decisión del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. A esto se sumó en 2012 la iniciativa de suprimir la paga extraordinaria de Navidad que firmó Mariano Rajoy y que los empleados públicos cobraron finalmente el año pasado. Y entre 2010 y 2016, seis años de congelación salarial. Esa es la perspectiva retributiva sobre la que se aplica este segundo incremento anual del 1%.

El Gobierno autonómico también ajustó las condiciones laborales de su plantilla en el decreto que aprobó a finales de diciembre de 2011, con el aumento de 30 minutos diarios en la jornada laboral de sus empleados. La jornada semanal pasó de 35 horas a 37,5 horas.

Desde los sindicatos CC OO, UGT y CSIF piden que el abono de los atrasos se haga en una paga única y lo más pronto posible. «La revisión del 1% es insuficiente, pero además llevamos seis meses de retraso en su aplicación», valora Tomás Pérez Urueña, secretario de Acción Sindical de la Federación de Empleados del Sector Público (FESP) de UGT Castilla y León. Este representante sindical espera que la Junta abone esos atrasos «de oficio» a los interinos que han trabajado en los primeros meses del año pero que ahora no están con contrato efectivo y que estos no tengan que solicitar a la Administración ese pago. Y lo mismo con los funcionarios y trabajadores que se han jubilado entre enero y julio.

Juan Carlos Hernández, del Sector Autonómico de CC OO Castilla y León, apunta que lo «más cómodo y práctico» sería recibir esos atrasos en un pago único, además de significar que el incremento es tan leve que la cuantía a abonar no es abultada. En comparación, los recortes de años anteriores y las congelaciones y el desvío acumulado del IPC han hecho perder a los empleados públicos el 20% de su poder adquisitivo, apunta este dirigente sindical.

Mariano Prieto, presidente autonómico del sector de Administración General de la Comunidad Autónoma, incide en la petición del abono rápido de las cuantías adeudadas por la retroactividad de la ley presupuestaria a efectos de retribuciones públicas.

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