PP y PSOE intentan acercar posturas sobre ordenación del territorio

José Antonio De Santiago-Juárez, Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca, en una sesión plenaria de las Cortes (2016). /
José Antonio De Santiago-Juárez, Juan Vicente Herrera y Luis Tudanca, en una sesión plenaria de las Cortes (2016).

De Santiago-Juárez y Tudanca se entrevistan antes de finalizar la tercera ampliación del plazo de enmiendas

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANO

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio De Santiago-Juárez López, y el secretario autonómico del PSOE y portavoz socialista en las Cortes, Luis Tudanca, han mantenido un encuentro, en paralelo al pleno que acogía el miércoles el hemiciclo, para hablar de la ordenación del territorio. Concretamente de la ley que dibuja los nuevos mapas de áreas rurales y flexibiliza el modelo diseñado inicialmente y que cierra el despliegue organizativo en vigor ya para los entornos urbanos, además de la participación de ayuntamientos y diputaciones en los tributos que recauda la Junta.

Ese proyecto de ley, que requiere para su aprobación el apoyo del PSOE –la otra alternativa supone una suerte de carambola de votación que sume a PP, Ciudadanos y Podemos– porque precisa mayoría reforzada de dos tercios de la Cámara (56 procuradores de 84), está encallado en la vía política desde hace meses. Prácticamente, desde que el Gobierno de Juan Vicente Herrera lo aprobara a primeros de año y lo registrara en las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Cambios en el PP

Y más en concreto, coincidiendo en el calendario con el relevo al frente del PP de Castilla y León, con el triunfo en las primarias del salmantino Alfonso Fernández Mañueco con el respaldo férreo de dirigentes de Zamora, Segovia y Ávila que habían cuestionado en su día, incluso con más contundencia que la oposición, el modelo propuesto por la Junta.

La reunión entre De Santiago-Juárez y Tudanca se produce prácticamente en el tiempo de descuento de la última prórroga del plazo para presentar enmiendas. En un hecho inusual en la tramitación de un proyecto de ley en las Cortes, el que recoge las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio (ubost) y templa el planteamiento inicial de la organización exclusiva en mancomunidades de interés general con una cartera obligatoria de servicios, va por la tercera prórroga del plazo de enmiendas.

El encuentro entre el vicepresidente de la Junta y el máximo responsable del PSOE supone un nuevo sondeo o cata sobre las posibilidades de avance en el terreno de diálogo hacia un posible acuerdo que cierre el despliegue del modelo. Si en estos días no hay cambio alguno en las posiciones que mantienen los socialistas, se abrirá para el proyecto de ley un escenario con tres focos y ninguno de ellos alumbra una salida con garantías para una iniciativa de la que ha hecho bandera de su última legislatura Juan Vicente Herrera.

Tres posibilidades

La primera posibilidad es que el PP vuelva a pedir otra prórroga, y sería la cuarta, para intentar que el PSOE se replantee presentar enmiendas con las que marcar un camino para la negociación. La segunda alternativa sería no solicitar esa ampliación del plazo y que la Junta de Castilla y León retire el proyecto de ley por entender que carece de suficientes apoyos para aprobarlo. Aquí se acabaría el ‘sueño’ de la ordenación territorial apadrinado por el presidente de la Junta y su vicepresidente. El tercer escenario sería no pedir esa nueva prórroga para presentar enmiendas y seguir adelante con la tramitación del proyecto de ley, pese al riesgo de que la votación de los mapas rurales desemboque en un revolcón para la Junta y el PP.

La parte que está sin aprobar del modelo territorial, la rural, es la que genera mayor sensibilidad política y social. Afecta a las localidades en las que viven 900.000 castellanos y leoneses y concita el respaldo del Consejo Económico y Social, órgano de consulta en el que se sientan organizaciones sindicales, empresariales y agrarias, principalmente. La aprobación de los mapas rurales es condición indispensable para articular dos de los mecanismos diseñados para reducir desequilibrios sociales, económicos y demográficos entre territorios dentro de la propia comunidad.

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