«Nos preocupa exportar universitarios por las notas de corte de Castilla y León»

Germán Barrios, en su despacho del CES de Castilla y León.
Germán Barrios, en su despacho del CES de Castilla y León. / Alberto Mingueza

Germán Barrios, presidente del CES, aborda en una amplia entrevista el informe anual que acaba de publicar el Consejo e insiste en la necesidad de que el crecimiento económico se traslade a los salarios

S. ESCRIBANO

Si usted quiere saber cómo está Castilla y León puede consultar el informe anual sobre la situación socioeconómica de la comunidad que acaba de publicar el Consejo Económico y Social (CES). Basado en datos oficiales, con diagnóstico, conclusiones y recomendaciones, el presidente del CES, Germán Barrios, desgrana en una entrevista parte de su contenido. Defiende que la mejoraría económica acumulada desde hace tres años debe llegar a los salarios, que hay que cambiar las reformas laborales porque no generan empleo de calidad y que la formación de los trabajadores, la inversión en ciencia y tecnología y en infraestructuras (aquí incluye la conexión a Internet en el medio rural) son la clave para ganar población.

Acaban de publicar el informe anual que radiografía la situación social y económica de Castilla y León, ¿le pone un titular?

–Sí. La economía mantiene el crecimiento, pero estamos en un punto de inflexión para mejorar un tejido empresarial atomizado, lograr crear empleo de calidad y mejorar los salarios de trabajadores y trabajadoras.

–Un consejo con empresarios y sindicatos y coinciden en que las reformas laborales, las de Rajoy y la de Zapatero, no sirven para generar empleo estable y de calidad.

«Los días de espera para una prueba diagnóstica han bajado, pero sigue siendo muchísimo tiempo para el paciente»

–Sí, son las dos reformas laborales, que son lo más importante, pero también otra normativa. Tenemos crecimiento económico encadenado desde 2014, es el momento de revisar el marco jurídico para impulsar no solo más empleo, que es importante, sino empleo de más calidad. El tenemos no está cumpliendo.

–Demandan ustedes una reforma integral del sistema de protección por desempleo, ¿en qué línea?

–Los parados de larga duración han perdido sus prestaciones y subsidios por desempleo. Lo primero es activarles para el empleo, hacer políticas de inserción hacia el mercado laboral. Capacitación, formación y acompañamiento, hay que tutorizarlos con un seguimiento especial, similar al que el médico de familia tiene con un paciente.

«La Autovía del Duero debería estar terminada hace muchos años. Las inversiones de los presupuestos generales del Estado son insuficientes»

–¿Qué nivel de alerta pondría al problema de despoblación y envejecimiento del padrón? 24.533 habitantes menos de 2015 a 2016.

–Es el principal problema. Nosotros constatábamos que los mayores de 64 años son 24.000 más de los que había en 2015. Tenemos muchas menos personas entre 16 y 64 años, pero muchos más mayores de 65 años. Ya no es un problema de una comunidad autónoma ni siquiera de un país, hay trece estados de la Unión Europea que pierden población. Tiene que haber una Estrategia Europea contra la Despoblación.

–¿Qué plantea el CES para atajar la pérdida de jóvenes?

–Hay una estrategia europea que es Plan de Garantía Juvenil, que ha tenido problemas de funcionamiento. Estaba demasiado encorsetado, era muy burocrático... Ahora parece que tiene mayor efectividad. Hay que promover el retorno y para eso se necesita crear empleo y que tenga calidad.

«Tenemos muchas menos personas de 16 a 64 años que hace un año y 24.000 más de más de 65 años»

–Habla de que han notado mejoría en la efectividad de la garantía juvenil, pero ¿ es suficiente? El informe recoge que el porcentaje de inscritos está en el 4%.

–En los últimos meses ha aumentado el número de jóvenes inscritos en Castilla y León, pero evidentemente hay mucho camino por recorrer. La tasa de paro juvenil ha bajado, pero sigue siendo elevadísima con respecto a la UE.

–Internet es un lujo en muchos pueblos y la banda ancha una leyenda urbana, ¿quién debe atajar esas zonas de sombra?

–Ese es un asunto capital para aumentar la productividad. Hay una brecha digital entre la población rural y urbana y no se estabilizará gente en los pueblos si no les damos las herramientas para trabajar y la plena conectividad es fundamental. Las administraciones deben ponerse a trabajar, porque es necesario para engancharse a la economía 4.0.

–¿Pero esto último cómo se hace en un mercado, el de las telecomunicaciones, en el que no se puede intervenir?

–En las infraestructuras hay que pedir la colaboración de las entidades privadas, pero tiene que haber aporte de las públicas. Tiene que haber un convenio entre las multinacionales de comunicaciones y todas las administraciones para abordar el futuro y este está en la digitalización y para eso se necesita banda ancha.

«Pedimos contratos más amplios y una mayor profesionalización del operativo contra incendios. Hemos visto lo que ha pasado en Portugal con servicios poco profesionales»

–Reclaman inversión en infraestructuras desde el CES. ¿El ritmo que lleva la Autovía del Duero es el adecuado para el Consejo?

–No, no... La A-11 debería estar terminada hace mucho tiempo. Las inversiones que se están haciendo a través de los Presupuestos Generales del Estado son insuficientes. Pasa en la A-40, una autovía presupuestada para vertebrar el oeste con el sur de Castilla y León y hacer un ‘by-pass’ a Madrid desde Adanero a Ávila y Ávila-Maqueda. Se proyectó en 1993 y hemos tenido dos estudios previos, ni siquiera han empezado a hacer nada... También la León-Valladolid o la León-Braganza. Las infraestructuras aumentan la productividad, porque reducen los coste logísticos, pero también son elementos de bienestar social.

–Somos exportadores de ahorro. Alertan de que el ahorro de los castellanos y leoneses no termina impulsado proyectos aquí. ¿Cómo atajarlo si todas las cajas de ahorro autonómicas están en grupos bancarios de otras comunidades?

–Hay un divorcio entre depósitos de ahorro e inversiones. Perdimos las entidades financieras regionales, pero la Junta debe pedir una mayor implicación a las entidades bancarias para que ese ahorro revierta en Castilla y León.

«Es el momento de revisar el marco jurídico laboral para generar no solo más empleo, sino empleo de más calidad. El que tenemos no cumple»

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–Su informe recoge que las diputaciones gastan la mayor parte del presupuesto en pagar su estructura. ¿Es un toque de atención a estas instituciones siempre cuestionadas?

–El papel de las diputaciones es fundamental, pero el de asesoramiento a los municipios y colaborar en lo que ellos no puede realizar. Eso debe tener más peso que el de las propias estructuras.

–Hablan de una reforma de la fiscalidad, ¿en qué sentido? Porque el Consejo acoge sensibilidades opuestas en materia de impuestos.

–Sí, hay posiciones contrapuestas. Los sindicatos defienden que debe haber una nueva política fiscal y los empresarios, lo que dicen, es que la política fiscal debe ser más clara y más sencilla. La política fiscal debe servir para redistribuir la riqueza y lo que vemos, por ejemplo en el IRPF, es que solo hay cinco tramos y eso impide una economía de escala en las rentas más altas. Paga casi lo mismo una persona que gana 60.000 euros que una de 200.000.

–Los alumnos de Castilla y León están a la cabeza de la clasificación española, pero a un estudiante de Valladolid le resulta más complicado hacer Medicina en su ciudad que a un andaluz. Piden revisar el modelo de acceso a la universidad.

–Nos preocupa que haya una exportación de alta cualificación profesional. Vemos que es muy difícil acceder a ciertas carreras y que en otras comunidades es más sencillo, por las notas de corte. Queremos que se aumente el número de plazas y la oferta de la comunidad.

–¿Detectan que los universitarios de aquí lo tienen más complicado para acceder a carreras con notas de corte altas por el rigor con el que se califica en Castilla y León y el hecho de que los exámenes de acceso sean diferentes, con distinta dificultad, entre regiones?

–Las pruebas y notas valen igual en todos los lados, pero las exigencias no son iguales en todas las comunidades. Debería armonizarse. Pero una solución estaría en el aumento de plazas en esas carreras.

–Y constatan que en 2016 había que esperar más días para pasar por el quirófano, el especialista o una prueba médica que el año anterior. ¿Tiene solución la demora estructural de las listas de espera?

–Es algo de lo que más preocupa a los ciudadanos. En 2016 se perdió en tiempo de espera, aunque la lista quirúrgica en casos muy graves se había reducido en 10 días. Hace pocos días el consejero ha informado de datos que mejorar esas esperas. En pruebas diagnóstica bajaba de unos 90 días a 80, pero sigue siendo un tiempo muy elevado. Es muchísimo tiempo, reconociendo los esfuerzos, hay mucho camino por recorrer.

–¿Es lógico que un usuario de teleasistencia pague distinto según la provincia en la que vive?

–No creemos que se debe armonizar. Debe ser un servicio coordinado por la Junta y no puede haber diferencia de precios entre unas provincias y otras.

–Plantean una reorientación del operativo de extinción de incendio más cercano a la idea de los sindicatos y más alejada del planteamiento de la Junta. Contratos de más meses, más profesionalización...

–Nos preocupa porque es un tema recurrente cada verano. Pedimos un plan estable, con un aumento del periodo de contratación y con la mayor profesionalización posible. Hemos visto lo que ha pasado en Portugal con unos servicios poco profesionales. Tenemos un año con un sequía brutal y picos de calor tremendos.

–Para todo lo que recomiendan se necesitan recursos, ¿de dónde salen?

–Claro, necesitamos ingresos. Si sube la actividad económica, aumenta el número de cotizantes y contribuyentes. El momento es bueno. Castilla y León ha crecido el 3,3% en 2016 y las previsiones de 2017 apuntan que pueden ser por encima del 2,5%... Estas coyunturas hay que aprovecharlas.

–El día que presentaron el informe, sus compañeros de mesa de la patronal, CC OO y UGT criticaron lo poco que la Junta tiene en cuenta sus recomendaciones y análisis, ¿comparte esa visión?

–En los últimos años veo que nuestros análisis tienen una mayor repercusión. La Junta tiene en cuenta muchísimas de nuestras recomendaciones en informes de normas jurídicas y en aquellos de menos aceptación por parte del Gobierno regional, los grupos de las Cortes han hecho hincapié y se han incorporado las observaciones, por ejemplo, en la Ley de Industria o el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros o el refuerzo de la Red de Protección. Eso está en los informes del CES y facilita consensos.

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