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Protesta de los policías locales en Valladolid. R. Jiménez
Los policías locales se concentran para exigir la agilización de la normativa que permitirá la jubilación anticipada

Los policías locales se concentran para exigir la agilización de la normativa que permitirá la jubilación anticipada

Trasladan su malestar al Gobierno por su «total dejación» y no cumplir aún su compromiso tras «más de una década trabajando por esta justa reivindicación»

El Norte

Valladolid

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Viernes, 23 de marzo 2018, 17:26

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Los policías locales se concentraron hoy en todas las provincias de Castilla y León para exigir, «de manera inmediata» la finalización del proceso y la aprobación de las normas que permitan el anticipo de la edad de jubilación. En el manifiesto conjunto leído, elaborado por la Plataforma convocante de las protestas ante las distintas subdelegaciones del Gobierno, se trasladó «el malestar e indignación» de los agentes.

«Desde el Gobierno ha existido una total dejación y no ha cumplido aún su compromiso, tras más de una década trabajando por esta justa reivindicación de la jubilación anticipada», señalaron. La elevada edad media de los policías locales en Castilla y León, con un porcentaje significativo de agentes que pudieran acogerse a la jubilación anticipada, podría colapsar los servicios de Policía Local en el 80 por ciento de los ayuntamientos de la Comunidad, si se alarga la paralización del proceso de jubilación anticipada, según CSIF.

Actualmente existen unos 380 policías locales en Castilla y León (el 10 por ciento del total) que tienen entre 59 y 65 años, y que podrán acogerse a la jubilación anticipada. En el caso de Valladolid, son unos 340 policías locales, unos 140 estaría en está situación. El manifiesto apuntó que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda y Función Pública deben tomar nota de la «crispación que existe en la Policía Local de toda España».

«Resulta inexplicable que el ministro Montoro tenga bloqueada, de forma unilateral e injustificada, la tramitación del proyecto normativo desde hace seis meses, al no remitir al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el informe que éste le solicitó el pasado mes de octubre. Y lo hace a sabiendas de que su aprobación no afectará al equilibrio financiero del sistema público de pensiones al autofinanciarse con la cotización adicional que soportarán los ayuntamientos y los policías», indicó el manifiesto.

Apoyo a la FRMP y grupos políticos

Al respecto CSIF recordó que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya exigió la aprobación «inmediata» del Real Decreto de la jubilación anticipada. Asimismo, sostuvo que todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado han apoyado el Real Decreto que indica que el propio grupo parlamentario popular presentó una Proposición No de Ley el 30 de marzo de 2017, instando a la aprobación de la medida de la jubilación anticipada a la mayor brevedad posible, «un desbloqueo que ahora está en manos del ministro Montoro».

El sindicato insistió en que la aprobación del decreto de la jubilación anticipada de la Policía Local cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, incluido el del Gobierno y la FRMP. «Es una petición que cuenta con el apoyo de todas las partes que están afectadas, incluida la administración central, por lo que no entendemos el porqué de la paralización del proceso», remarcó.

El presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Carlos Hernando, explicó que «los ciudadanos tienen que saber que la aplicación de la jubilación anticipada a los policías locales no supondrá gastos y costes añadidos a las cuentas públicas». Asimismo, aseguró que la jubilación anticipada es «razonable y conveniente, ya que garantiza una mejor seguridad a los ciudadanos, y también salvaguarda la integridad física y la salud de los agentes locales».

En este sentido explicó que un policía de 60 años ya no está «en las condiciones físicas, e incluso psicológicas que exige la realización de ciertos servicios y tareas que tienen cierto riesgo», al tiempo que asguró que la aplicación de la jubilación anticipada en la Policía Local supone una equiparación respecto a otras fuerzas de seguridad y otros servicios públicos.

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