El Plan de Inserción Socio-Laboral atiende más de 96.100 personas vulnerables y promueve 11.800 contrataciones

Foto de archivo de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García./A. MINGUEZA
Foto de archivo de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García. / A. MINGUEZA

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha informado sobre la evaluación y grado de ejecución de este Plan en su primer año

EL NORTE VALLADOLID

El Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 ha posibilitado en su primer año 11.800 contrataciones y 14.000 acciones formativas para más de 84.000 personas vulnerables en Castilla y León, lo que ha supuesto un aumento de la demanda prevista y que hubiera que aumentar el presupuesto previsto para 2016 y pasar de 74,95 millones iniciales a 80,33, un 7,2 por ciento más.

Así lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha informado sobre la evaluación y grado de ejecución de este Plan.

Alicia García ha destacado que el Plan haya superado sus previsiones iniciales, con la participación en sus acciones de 96.100 personas en situación de riesgo o de exclusión, para lo que se ha destinado más del 60 por ciento de sus recursos a crear o mantener el empleo de las personas más vulnerables, lo que ha permitido 11.800 contrataciones incentivadas por la Administración, y casi el 40 por ciento restante a mejorar la capacitación y formación de estas personas para acceder a un empleo, a través de las 14.000 acciones formativas.

El primero de los cuatro ejes del Plan de Inserción Socio-Laboral 2016-2020 (que contará con 369,4 millones para todo el periodo) se refiere a la formación y capacitación para mejorar la empleabilidad.

En su primer año, 84.300 personas participaron en más de 14.000 acciones formativas. Entre los principales beneficiarios de este eje los datos indican que hay casi 5.000 perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), 766 mujeres víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad, más de 4.000 personas con discapacidad y más de 1.000 jóvenes. Además, un 20 por ciento de los beneficiarios son inmigrantes.

En lo relativo a estas acciones, por un lado se encuentran las enfocadas a mejorar la empleabilidad de las personas más vulnerables, a través de los itinerarios personalizados de inserción socio-laboral con las entidades del Tercer Sector, en los que han participado más de 6.800 personas.

Inclusión activa

Por otro lado, 77.500 personas han participado en acciones dirigidas a favorecer la inclusión activa de las personas con especial vulnerabilidad.

De ellas, 20.000 personas han recibido asesoramiento, información y orientación laboral; 53.500 personas han participado en programas de formación en competencias personales, motivación y habilidades sociales; y más de 2.200 personas con escasa cualificación han participado en cerca de 2.000 acciones formativas en competencias profesionales dirigidas a personas en riesgo de exclusión, con discapacidad, o baja cualificación.

Además, casi 1.000 personas han participado en acciones formativas que incluyen prácticas en las empresas dirigidas a desempleados inscritos en el SEPE de Castilla y León, a jóvenes provenientes del sistema de reforma, jóvenes en exclusión y personas con discapacidad y más de 900 personas se han beneficiado de apoyos a estos itinerarios y acciones formativas.

Entre estos últimos apoyos destacan los apoyos residenciales a mujeres y menores que ha beneficiado a 231 mujeres y más de 400 menores; los apoyos para personas con discapacidad y/o dependientes a través de la figura del gestor de contexto o el apoyo de acompañamiento y tutorización a 700 jóvenes, que ha permitido la inserción de 89 jóvenes en la empresa ordinaria.

Las acciones del segundo eje, relativo al empleo y mantenimiento en el mercado laboral, han supuesto un gasto de 48,7 millones de euros, lo que implica el 60,6 por ciento del total de la anualidad para 2016 para facilitar el acceso a un empleo y su mantenimiento a través de los incentivos ofrecidos por la Administración. Entre los beneficiarios de las medidas de este eje destacan más de 7.800 personas con discapacidad y 2.260 perceptores de la RGC.

Alicia García se ha referido a que, en total y a través de las acciones de este eje, se han posibilitado 11.798 contrataciones.

Entre ellas ha incidido en las más de 1.700 contrataciones a través de itinerarios personalizados de inserción socio-laboral y otras acciones formativas; las cerca de 1.000 contrataciones en la empresa privada, entre los que destacan 503 contratos a personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, 232 a personas en riesgo de exclusión y 16 a mujeres víctimas de violencia; 90 jóvenes beneficiarios de RGC contratados; o 1.537 personas vulnerables se han insertado en el mercado laboral a través de las entidades del Tercer Sector y casi 100 personas beneficiarias de Renta Garantizada, a través de agencias de colocación.

También ha señalado la "significativa" creación de empleo local a través de la colaboración entre la Administración autonómica y las corporaciones locales, con 2.347 contratos.

Empleo «protegido»

Junto a esto, la consejera ha destacado que también son muy importantes las medidas relacionadas con la creación y el mantenimiento de empleo "protegido" en centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Estas han permitido entre otras cosas, que 6.303 personas cuenten con un empleo, más del 53 por ciento del total de las contrataciones de este eje; que se hayan creado 134 empresas gracias a las ayudas para actividades económicas por cuenta propia; que ocho emigrantes retornados hayan accedido al autoempleo; que a través de la reserva de contratación se hayan formalizado 467 contratos a centros especiales de empleo y 18 a empresas de inserción en 2016 por 6,4 millones de euros; o que se hayan incorporado cláusulas sociales en el 75 por ciento de la contratos.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado que los ejes tercero y cuarto tienen un carácter instrumental y contribuyen tanto a mejorar la intervención de los profesionales como a lograr un cambio social en la percepción de su inclusión sociolaboral como una inversión con importante retorno social.

Entre las medidas en el primer año de ejecución del Plan se encuentra un sistema de intercambio de información entre el Servicio de Empleo y el Sistema de Servicios Sociales, especialmente en la coordinación de actuaciones para perceptores de RGC y su deriva a programas de empleo o formación en función de grado de empleabilidad.

De cara al futuro, Alicia García ha afirmado que se reforzará el seguimiento individualizado de cada persona a través de la plataforma tecnológica en la que ya se trabaja para adaptar su capacitación y formación a sus necesidades y a las demandas del mercado laboral, facilitando su acceso a un empleo o su permanencia.

También ha indicado que se van a personalizar más los itinerarios, con el establecimiento de distintos tipos en función de las características más específicas de las personas y sus perfiles y ha explicado que, además, se ha detectado la importancia de la contratación pública socialmente responsable para el empleo de los más desfavorecidos, por lo que se van a fomentar las contrataciones con empresas privadas condicionadas para que cuenten en su plantilla con personas en situaciones de especial vulnerabilidad, como perceptores de RGC, mujeres víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.

La consejera ha recordado la necesidad de seguir trabajando en la mejora y afianzamiento de las medidas del Plan para reforzar la protección de las personas más vulnerables, mejorando su empleabilidad y su acceso al mercado laboral. García cree que, a la vista de los últimos datos conocidos hace unas semanas de la EAPN sobre la evolución de la pobreza en Castilla y León, existe una relación directa entre el descenso de la pobreza en Castilla y León y el esfuerzo por el empleo a través de este Plan de Inserción Socio-Laboral.

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