Las organizaciones agrarias ven con buenos ojos que Europa frene la competencia desleal pero piden una directiva más amplia

Isabel García Tejerina conversa con Phil Hogan en el encuentro de ministros de aricultura de la UE ./EL NORTE
Isabel García Tejerina conversa con Phil Hogan en el encuentro de ministros de aricultura de la UE . / EL NORTE

La ministra García Tejerina defendió en Luxemburgo el modelo de Ley de cadena alimentaria español

S. G.

Europa se ha marcado como reto que antes de que termine la legislatura el próximo año exista una normativa que regule las prácticas comerciales desleales, de manera que todos los eslabones de la cadena –productor, industria y distribución– jueguen en las mismas condiciones.

El Consejo de Ministros de Agricultura celebrado ayer en Luxemburgo debatió la propuesta formulada por la Comisión Europea que, entre otras cuestiones, promulga periodos de pago no superiores a 30 días, la prohibición de cancelaciones de última hora en productos perecederos o los cambios unilaterales y retroactivos en los acuerdos.

Estas ideas son tan solo el punto de partida, pues ahora se abre un periodo de aportaciones para llegar a su aprobación final, lo que podría alcanzarse a finales de año.

La ministra Isabel García Tejerina insistió en que España está más protegida de lo que la directiva europea propone, «aunque ahora comienza su negociación y trataremos de acercar lo más posible esta propuesta comunitaria a la legislación española». García Tejerina subrayó que ««España se encuentra a la vanguardia en la defensa del buen funcionamiento, la transparencia y la seguridad jurídica en las relaciones comerciales de la cadena alimentaria» tras aprobar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que, en su opinión, permite a los productores contar con «enormes garantías en las relaciones comerciales».

Primer paso

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León ven con buenos ojos esta directiva que ahora se impulsa desde Europa pero consideran que es el primer paso y que todavía «se queda corta».

José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja, indica que «la ministra tiene una postura cómoda, porque vamos por delante y ahora dice que los demás avancen pero, teniendo razón, esa no debe ser la postura». Insiste en que lo que finalmente se apruebe, «se cumpla» y pide incorporar más medidas como, por ejemplo, «que se prohiba la venta a pérdidas, que no se banalicen los precios y que los productos no sirvan como enganche». Uno de los ejemplos que utiliza Turrado es el de la leche. «Hay que requerir un control para fijar ese límite», subraya. Aurelio González, coordinador de UPA, da la bienvenida a esta norma. «Todos los avances nos parecen buenos de cara a frenar los desmanes de la globalización», afirma, pero pide que se juegue con esta directiva de cara a la futura Política Agrícola Común (PAC). «Es un paso para que se empiece a trabajar en el asunto de los mercados en la futura PAC».

Desde COAG aprecian que este borrador se focaliza «únicamente en la regulación de determinadas prácticas abusivas, dejándose por el camino algunas de las más relevantes, como la venta con pérdidas, la demora en los pagos de productos no perecederos, o no incluir una cláusula de cierre que pudiera dar respuesta a prácticas abusivas».

Jesús Manuel González Palacín, secretario de UCCL, apoya esta «idea estupenda» a la que encuentra 'el pero': «se queda muy corta». A partir de ahora, «a través de los grupos políticos, la consejera y la ministra defenderemos nuestras propuestas» y, entre ellas, «intentar meter los costes de producción y definir lo que es posición de dominio».

La consejera, Milagros Marcos, ya defendió en el Consultivo de Agricultura que «se utilice la experiencia de España y de Castilla y León».

Trabajo para las eurodiputadas de PP y PSOE

Para las eurodiputadas Esther Herranz (PP) y Clara Aguilera (PSOE), a partir de ahora se abre un periodo de duro trabajo para tratar de incorporar a la directiva todas aquellas cuestiones que consideran que el borrador inicial ha dejado fuera. En principio, están satisfechas «con el primer paso», pero consideran que aún el camino va a ser difícil. «Estoy satisfecha porque, después de largos años de necesidad, tenemos una propuesta», resume Herranz, quien reconoce que «ha sido duro, sabemos que ha habido muchas presiones». Defiende que la ley española en materia de cadena alimentaria «ha sido útil» desde el punto de vista del productor y del consumidor y por eso considera que debe trabajar para que la norma europea «se parezca lo máximo posible a lo que tenemos en España, pues esta directiva es más floja y tenemos que mejorarla».

En concreto, reclama que la protección «alcance a toda la cadena» y aprecia la necesidad de que, al igual que se pide a los países que haya un organismo de control, «se cree un agencia europea, porque hay intercambios entre países y tiene que haber un órgano que decida».

Clara Aguilera valora que «estamos en el buen camino para resolver un problema real». Cifra en 20 los estados miembros que cuentan con una normativa propia que, sostiene, «no ha servido para casi nada porque la mayoría venden en el mercado europeo» y, por lo tanto, «había que abordar esas relaciones».

Agradece «el esfuerzo del comisario, ya que es una demanda antigua y los comisarios de Competencia siempre vencían el pulso». Sin embargo, matiza que «hubiera preferido que, en lugar de una directiva, fuera un reglamento, porque es de aplicación automática». Echa en falta en el borrador, y en ello coincide con las organizaciones agrarias de Castilla y León «que se hubiera entrado en la venta a pérdidas y en la obligatoriedad de los contratos, que no resuelven todo, pero ayudan». Concluye que «es una directiva de mercado que va a ayudar mucho a las políticas de mercado que debatamos en la PAC».

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