Ocho medidas contra los malos tratos en Castilla y León

Cifra el plan en 16 millones de euros, una cantidad que multiplica por cinco la dotación actual, con un aumento en la plantilla especializada de hasta 150 empleados, el triple de la que existe hoy. En la Dirección General de la Mujer trabajan 25 personas, una plantilla muy inferior a las de muchos servicios territoriales de la Junta.

Estas son las medidas que el autor del plan considera «más urgentes» y que tendrían que tener dotación económica en los presupuestos autonómicos de 2018.

Sin el Reglamento que desarrolle en el plano real toda la ‘filosofía’ de la Ley autonómica que se aprobó hace 7 años, «son los CEAS de los Ayuntamientos y Diputaciones los que, al final, están asumiendo las competencias de la Junta en esta materia», sentencia Martínez.

En las primeras 72 horas, la mujer maltratada necesita no solo asistencia letrada sino psicológica, pues está confusa, atemorizada y sometida a muchas presiones antes de enfrentarse al procedimiento judicial. Con ello, apunta el experto, se evitaría la retirada de muchas denuncias. Hoy, se retiran el 37% de las que se presentan.

Creación de una red propia de pequeños centros de emergencia que se sume a los actuales concertados para el acogimiento residencial temporal de mujeres víctimas de violencia machista, doméstica o de abandono familiar y social en Burgos, Valladolid, Salamanca, León y Ponferrada, así como la reapertura del centro de emergencia que se cerró en 2011 en Salamanca y que daría cobertura a las provincias de Zamora, Salamanca y Ávila. Tendrán funciones de acompañamiento para asistencia a instancias policiales, judiciales, educativas y de empleo.

Con una casa en cada capital de provincia que funcione como un centro de atención integral, con servicio presencial las 24 horas. Al mismo tiempo, considera que tiene que ordenarse la actual red de casas concertados con los que trabaja la Junta y que no pueden estar atendidos por particulares sino por asociaciones o ONG.

Además del turno especializado de violencia de género que se presta desde los colegios de abogados, la Junta se dotaría de un nuevo sistema que garantice a las víctimas que los mismos abogados realicen su defensa y representación en todos los procedimientos judiciales en los que la víctima de violencia de género esté inmersa (divorcio, orden de alejamiento, guarda y custodia..). Estos abogados tendrían que tener una experiencia mínima de 6 años y haber llevado una veintena de casos de violencia de género como mínimo. La Consejería de Familia e Igualdad ha recogido esta idea de «un abogado por víctima» pero solo en el caso de los huérfanos por causa de violencia machista, que tendrán un letrado pagado por la Junta hasta cumplir los 18 años.

Un punto de encuentro en cada capital de provincia y localidad con más de 10.000 habitantes. Realizará funciones de «especial vigilancia y efectiva supervisión» sobre los padres que prolongan la violencia contra su expareja a través del ejercicio del derecho de visitas con los hijos. Las madres dispondrán de una vía directa de denuncias y quejas ante las secciones de Mujer de la Junta sobre los puntos de encuentro familiar. El personal tendrá en cuenta los antecedentes de violencia machista del progenitor para garantizar que no prolonga las conductas de maltrato a través de los niños. Atenderán especialmente la detección de los riesgos que pueden sufrir los menores, así como sus manifestaciones o expresiones de rechazo a las visitas.

Antes de los recortes por la crisis existía una ayuda de un pago único de 1.500 euros, incrementada en un 10% por cada miembro de la unidad familiar sin recursos, para la víctima de violencia que había superado la estancia en la casa de acogida con buenos resultados. El objetivo de esta ayuda es facilitar su reingreso en la sociedad y la inserción laboral.

Rebajar la edad para que la mujer víctima de violencia machista pueda percibir la Renta Garantizada de Ciudadanía, que actualmente percibe desde los 18 años. Se propone que pueda tener derecho desde los 16 y «aumentar el tope máximo» hasta el fallecimiento cuando no sea posible tramitar la pensión no contributiva.