Martín de Paz defiende ante la jueza la legalidad del negocio eólico con Biovent

Andrés Martín de Paz (i), junto a su letrado (d), a la salida de la declaración en el Juzgado 4. / Ricardo Otazo

«Pagué religiosamente los impuestos de ese trasvase de acciones y lo hice en Valladolid», argumentó el exdirector de Deportes de la Junta

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El exdirector de Deportes de la Junta de Castilla y León, Andrés Martín de Paz, ha asegurado esta mañana, tras declarar como investigado ante la jueza que instruye la supuesta trama eólica, y a preguntas del fiscal anticorrupción, que la operación por la que entró en el mercado de los parques eólicos con Biovent, la filial de Iberdrola, fue completamente legal y se formalizó dos años más tarde de salir del organigrama del Gobierno autonómico. «Fue Iberdrola la que decidió que los terrenos que yo les alquilé en Villardefrades para la instalación de parques, después de hacer las correspondientes mediciones, no le servían, así que me compensó por clausurar el contrato, una compensación por la que pagué los correspondientes impuestos, por cierto, en Valladolid», ha explicado a la salida de los juzgados, en relación a los más de 4 millones de euros que cobró de la compañía por desvincularse de la sociedad que había fundado, Villardefrades Eólica SL, hoy extinta, en la que había aportado una ampliación de capital de 350.000 euros, pero después no pudo asumir posteriores inversiones y decidió venderla a la compañía de renovables.

Martín de Paz ha insistido en que entró en el negocio de los parques eólicos en 2005 y que las sucesivas operaciones con Biovent, hasta que se salió de la sociedad, correspondieron a los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 «como ya declaré en su día ante el inspector de la Agencia Tributaria».

También ha comparecido este miércoles como investigado el vicepresidente de Preneal, filial de Danta Energías, José Pérez Arizaga, otro de los empresarios investigado en las diligencias que tratan de esclarecer el el supuesto cobro de comisiones, valorado en 81 millones de euros por la Fiscalía Anticorrupción, por la supuesta agilización en las autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León a empresas locales próximas a la Junta. No ha podido comparecer hoy el presidente de esta empresa, Eduardo Merigó, ya que la enfermedad mental que padece, acreditada por un forense, le invalida para ello, según han informado fuentes del caso.

Fotos

Vídeos