La Junta entra a formar parte del Foro de Contratación Socialmente Responsable

La Junta entra a formar parte del Foro de Contratación Socialmente Responsable

Tiene como objetivo incrementar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal

EL NORTE

La Junta ha entrado a formar parte de la Asociación 'Foro de Contratación Socialmente Responsable', una organización nacional sin ánimo de lucro que surgió en 2010 por iniciativa del sector de la discapacidad español (ONCE, CERMI y Feacem) y una serie de grandes empresas con la intención de impulsar las cláusulas sociales en la contratación pública y privada para incrementar las oportunidades laborales de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.

Junto a esto, este Foro pretende prestar asistencia técnica a empresas y a administraciones en materia de contratación social, proporcionar información relativa a nuevas licitaciones que incluyan cláusulas sociales, fomentar la creación de alianzas o difundir las buenas prácticas en esta materia, informa Eurpa Press.

Se trata de la única iniciativa europea que reúne en un mismo foro entidades públicas y privadas a nivel nacional para fomentar la contratación pública socialmente responsable. Forman parte de este Foro, que preside el ex presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, varios ministerios, tres comunidades autónomas, varios ayuntamientos españoles y numerosas empresas públicas y privadas, así como la mayoría de empresas del IBEX 35.

Alicia García, nueva incorporación

Castilla y León ha formalizado su ingreso a este Foro de Contratación Socialmente Responsable con la incorporación de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, como nuevo miembro de la Junta Directiva de la entidad y con su asistencia a la Asamblea General de la asociación.

García se ha referido a que la Junta comparte plenamente los objetivos de este Foro y que desde hace años, y con carácter pionero en España, está comprometida con facilitar y apoyar el empleo y la inclusión social de las personas más desfavorecidas, para lo que cuenta con un avanzado sistema de contratación pública socialmente responsable.

En este sentido, ha recordado que el CERMI, a nivel nacional, ha puesto como ejemplo a Castilla y León por su sistema de contratación pública responsable como una estrategia para convertir las decisiones de compra de bienes y servicios en un instrumento para garantizar la inclusión social de las personas más vulnerables.

Y precisamente, para seguir avanzando y mejorando en este línea de trabajo, la consejera ha señalado que con la incorporación de Castilla y León a este Foro se pretende aportar esa reconocida experiencia de la Comunidad en esta materia para contribuir a extender y ampliar esta contratación responsable tanto en el ámbito público como en el privado, para compartir experiencias e iniciativas.

Castilla y León fue una Comunidad pionera en España en impulsar una contratación socialmente responsable, de hecho, la Junta de Castilla y León estableció ya en 2012 una cuota obligatoria del 6,5 por ciento del total adjudicado reservada a contratos destinados a centros especiales de empleo y la incorporación de cláusulas sociales que priman en la adjudicación a las empresas que incorporen medidas sociales.

Pero ha sido en esta legislatura cuando se ha dado un nuevo y fundamental paso en este sentido con el que la Junta de Castilla y León ha reforzado la contratación pública socialmente responsable.

Alicia García ha recordado que en julio de 2016 se aprobó un nuevo Acuerdo que incluye importantes novedades para incrementar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y los colectivos más vulnerables.

Las novedades más destacadas son la ampliación de la reserva de contratos, además de a los Centros Especiales de Empleo como hasta ahora, a las empresas de inserción laboral; la creación de los proyectos de inserción socio-laboral para fomentar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social con ocasión de la tramitación de contratos del sector público; la puesta en marcha de un 'Banco de buenas prácticas' que servirá de asesoramiento y orientación en la aplicación de las cláusulas sociales. Además, se eleva del 6,5 % al 6,8 % la reserva de contratación.

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