La Junta controlará las cámaras de comercio con un consejo regional

La consejera Pilar del Olmo, con el presidente del Consejo Regional de Cámaras, Fernando Escobilla, tras el pleno del pasado marzo. /Efe
La consejera Pilar del Olmo, con el presidente del Consejo Regional de Cámaras, Fernando Escobilla, tras el pleno del pasado marzo. / Efe

El Anteproyecto de Ley contempla que los órganos provinciales y locales podrán desaparecer si no son económicamente viables

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

La consejera de Economía, Pilar del Olmo, ha presentado este jueves tras el Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, que contempla la creación de un Consejo que coordinará la «actividad pública obligatoria» de las corporaciones provinciales y locales «y servirá como interlocutora de la Administración». Este anteproyecto, que va a pasar a exposición pública, regula la financiación que aportará la Comunidad a las entidades para que ejerzan las tareas público-administrativas que les asigna la norma en el marco de la política económica de la Junta. Por el momento, ha reconocido la titular del departamento económico de la Junta, no se ha realizado un estudio de cuánto dinero se reservará a las Cámaras en los presupuestos de la Junta aunque será «en función de las disponibilidades presupuestarias» y esta financiación sustituirá a la actual política de subvenciones por actividad.

Del Olmo ha explicado que este anteproyecto se contextualiza en la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, «que determina la necesidad de que estas corporaciones de derecho público adapten sus funciones y servicios a la realidad empresarial y configura para ello un marco legal para que sean más ágiles y dinámicas». La normativa estatal establece además que las comunidades deben aprobar una ley autonómica que siente las bases de un modelo cameral adaptado a sus respectivos territorios y a las singularidades de su tejido productivo.

El borrador de la norma se estructura en ocho títulos y 50 artículos, una disposición transitoria, dos adicionales, una derogatoria y una final y, según Del Olmo, el documento se ha consensuado con las cámaras, aunque ha indicado que todavía tiene que pasar por muchos trámites hasta llegar al Parlamento autonómico.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, ha subrayado la consejera, se creará «sin perjuicio de la continuidad de las 14 existentes» para la coordinación de todas las entidades provinciales. El futuro pleno de la Cámara de Castilla y León estará integrado por 25 vocales, distribuidos de la siguiente manera: 14 representantes de todas las cámaras de la Comunidad, que serán los respectivos presidentes; nueve vocales en representación de las grandes empresas, una por cada provincia, que serán propuestos por la Cámara autonómica, y finalmente dos vocales que serán personas de reconocido prestigio en la vida económica y se nombrarán a iniciativa de la Confederación de Organizaciones Empresariales más representativa de

La consejera reconoce que no hay un estudio sobre la partida anual que recibirá la Camara regional

Castilla y León.

El órgano plenario designará al presidente y al Comité Ejecutivo, que estará formado por el presidente, uno o dos vicepresidentes, el tesorero y por el número de vocales que se establezca en el Reglamento de Régimen Interior de la nueva Cámara. La institución autonómica tendrá un secretario general, previa convocatoria pública, cuyo nombramiento será aprobado por el pleno y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Esta corporación sustituirá al actual Consejo Regional de Cámaras, asumiendo sus derechos y obligaciones.

Este nuevo ente regional se ocupará de las tareas de gestión, administración y representación necesarias para el funcionamiento ordinario de una cámara en el supuesto de suspensión de sus órganos de gobierno. Al respecto, el anteproyecto de ley regula este procedimiento y el de posible extinción o liquidación de las cámaras. Del Olmo indicó que estas tendrán que someterse a planes de viabilidad y si no los cumplen en dos años podrán desaparecer.

Las cámaras podrán obtener ingresos por los servicios prestados a las empresas; los productos, rentas o incrementos de su patrimonio; las aportaciones voluntarias de compañías o entidades comerciales; los legados o donativos; las operaciones de crédito que realicen, y por los convenios que puedan firmar con instituciones y organismos. Estas fuentes de financiación son válidas para todas las cámaras.

Reparto de los fondos e incompatibilidades

La Cámara de Castilla y León tendrá los recursos que le destine la Administración de la Comunidad para el ejercicio de sus funciones público-administrativas en el marco de la política general definida por la Consejería competente, conforme a sus disponibilidades presupuestarias. La corporación de ámbito autonómico determinará la distribución de los fondos entre el resto de cámaras.

El borrador de la norma recoge también las obligaciones que tienen estas corporaciones de derecho público en materia de transparencia. Así, se estipula que harán públicas en su página web las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables así como, en su caso, las indemnizaciones recibidas por el cese en su cargo. Igualmente, deberán publicitar las subvenciones u otro tipo de recursos públicos que puedan percibir para el ejercicio de sus actividades.

Además, determina la incompatibilidad de los altos cargos de las cámaras –presidentes, directores gerentes y secretarios generales– con cargos representativos de función análoga en las asociaciones, federaciones y confederaciones de carácter empresarial, tanto nacional como autonómico, provincial o local.

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