El juez aprecia «responsabilidad criminal y civil» de Villanueva en la Perla Negra

Tomás Villanueva y Rafael Delgado, /Gabriel Villamil
Tomás Villanueva y Rafael Delgado, / Gabriel Villamil

Ordena a la Policía Judicial y al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria que se rastree el patrimonio personal y familiar del exconsejero de Economía

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El instructor del caso Perla Negra ha dictado un auto, firmado tan solo tres días después de solicitarlo la fiscal jefe, en el que llama a declarar en calidad de investigado a Tomás Villanueva, el exconsejero de Economía y Empleo, y fija la fecha del interrogatorio para el 27 de noviembre. Villanueva será el investigado número 27 que pasará por la sala de vistas, el último en declarar, después de las comparecencias de los miembros de los consejos de administración de Gesturcal (más tarde, ADE Parques), cargos y excargos de la Junta y responsables de las empresas implicadas en los contratos de arrendamiento y compra del inmueble. Según la Fiscalía, el valor del edificio es de 44 millones y se pagaron 66. El interrogatorio de Villanueva es, por ahora, el último de los señalados por el juez. Antes que él declararán, también como investigados, los segundos de la cúpula de Economía entre 2005 a 2013: los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández.

El magistrado César Gil Margareto, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid considera que, de las diligencias practicadas desde 2013 para esclarecer la operación de compraventa del edificio de ADE en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) hay indicios de que el exvicepresidente de la Junta pudo incurrir en responsabilidades «civiles y criminales» en relación a la operación urbanística y pone en marcha la maquinaria para bucear en el patrimonio personal y familiar -desde el año 2005, cuando se planeó la compra del edificio, hasta la actualidad- de quien durante 12

La Fiscalía atribuye a Villanueva cinco delitos: revelación de secretos, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, sin perjuicio del cohecho y el blanqueo de capitales

años, en legislaturas alternas, fue número dos de la Junta de Castilla y León. Así, el Juzgado ha librado oficios a la Consejería de Hacienda, la Policía Judicial, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Inspección para que investiguen los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, sociedades, posibles cuentas de seguridad, transferencias bancarias y operaciones realizadas con dinero electrónico.

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El auto judicial estima todas las diligencias que la fiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez, había pedido el pasado 2 de junio, para continuar con las actuaciones de un caso catalogado como de especial complejidad que ya lleva varias prórrogas. La fiscal, que remitió un escrito en el que solicitaba la imputación de Villanueva al entender que fue él, como consejero de Economía, quien decidió «instrumentalizar» a Gesturcal para que asumiera la cuestionada operación del edificio, también pidió que se ofreciera a esta sociedad la posibilidad de ejercer acciones legales, lo que ha sido admitido por el juez. La Fiscalía atribuye a Villanueva cinco delitos: revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude contra la administración y malversación de fondos públicos, sin perjuicio de otros delitos de cohecho y blanqueo de capitales.

Blanqueo de capitales

El magistrado ha pedido asimismo a su homóloga del Juzgado de Instrucción 4, que investiga la trama eólica, que le facilite la declaración de Rafael Delgado, quien declaró que él se limitaba a seguir las instrucciones de su jefe, Tomás Villanueva.

Además, en el auto se cita como testigo a una empleada de la empresa Unifica, la que reformó en 'B' la sede del PP en Génova, según los 'papeles' de Bárcenas. La Junta facturó más de 4 millones de euros a esta sociedad de interiorismo para diseñar parte del amueblamiento del edificio Perla Negra sin que mediara contrato alguno, lo que también se investiga.

Para demostrar que existió blanqueo de capitales a partir de las relaciones del exviceconsejero Rafael Delgado con los empresarios de la Perla Negra y del Parque Empresarial de Portillo (que también se investiga) se ha llamado a testificar asimismo, a instancias de la fiscal, a la propietaria de la sociedad Nereo de Inversiones y Proyectos, empresa que transmitió un piso en Zorrilla a Delgado. El administrador de esta sociedad lo era también de Parque Empresarial Portillo, un conglomerado de empresas que, según la Fiscalía, se benefició de más de 33 millones de euros al vender los terrenos a ADE Parques, para un polígono industrial que no llegó a construirse. El piso que adquirió Delgado habría pertenecido a Tecnicyl, cuyo administrador participó en Urban Proyecta PM3 en la fecha en que se alquiló el edificio de Soluciones Empresariales, más conocido por la Perla Negra.

El auto está aún en plazo de ser recurrido en reforma o apelación, ante la Audiencia de Valladolid.

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