Las instituciones propias de la región o cómo mejorar la calidad democrática

Jesús Encabo, presidente del Consejo de Cuentas; Germán Barrios, presidente del CES, Silvia Clemente, presidenta de las Cortes; Mario Amilivia, presidente del Consejo Consultivo; y Javier Amoedo, Procurador del Común en el encuentro que mantuvieron en la Hemeroteca del Norte de Castilla

La presidenta de las Cortes y los presidentes del CES, del Consultivo y de Cuentas y el Procurador del Común defienden que los derechos de los ciudadanos están «plenamente salvaguardados»

J. I. Foces
J. I. FOCESValladolid

Control sobre las administraciones, participación, información al ciudadano, acceso de este a los sistemas públicos de supervisión de la gestión administrativa... Castilla y León cuenta con cuatro instituciones propias, que se entroncan estructural, presupuestaria y orgánicamente en las Cortes. ¿Es esta la manera más práctica y adecuada para elevar el nivel de la calidad democrática de las instituciones regionales? ¿Es la más idónea? Estas preguntas se las ha trasladado El Norte de Castilla a la presidenta de las Cortes de Castilla yLeón, Silvia Clemente; al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Germán Barrios; al presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo; al presidente del Consejo Consultivo,Mario Amilivia, y al Procurador del Común, Javier Amoedo. Los cinco aceptaron dialogar en la Hemeroteca del periódico. El resultado de este encuentro se detalla a continuación.

Silvia Clemente (S. C.) De los sistemas democráticos, la democracia representativa es el mejor. Y la calidad democrática se garantiza con un mayor y mejor funcionamiento de las instituciones propias porque realmente lo que realizan estas es lo que en estos momentos los ciudadanos demandan: una mejor aplicación de la legalidad, de las normas. Y tienen un papel preventivo: se adelantan a aquellas cuestiones que pueden ser sancionadas por los ciudadanos y los tribunales si no se actúa de manera adecuada. Tanto el Consejo Consultivo, en el control de legalidad; el Consejo Económico y Social, en toda la parte que puede ser demandada, reclamada o impugnada por los agentes económicos y sociales, si consideran que no se atiende la normativa social y sus reivindicaciones; el Consejo de Cuentas, en la labor fiscalizadora de toda la gestión económica, tan importante y demandada por los ciudadanos: cómo se aplican nuestros impuestos, cómo se gasta el dinero público, en definitiva, y el Procurador del Común, en el amparo y la tutela de los administrados, para que se aplique correctamente la legalidad y se respeten sus derechos. Y, por supuesto, las Cortes de Castilla yLeón, en la representación que tienen los procuradores y les otorgan los ciudadanos. Son los que llevan la voz y atienden las necesidades de los ciudadanos. Este es un buen modelo de calidad democrática. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar: aplicando las fórmulas de participación y profundizando en las que existen, que todavía tenemos recorrido para hacerlo.

«Cuanto mejor conozcan los ciudadanos el trabajo de las instituciones propias, mejor funcionarán las administraciones» Silvia Clemente

-Mario Amilivia (M. A.) El Consejo Consultivo, como institución propia de la comunidad autónoma, como ha dicho la presidenta, lo que lleva a cabo es un control previo de la legalidad, fundamentalmente. Garantiza el cumplimiento de la legalidad antes de que la Administración emita un acto, apruebe una resolución. Es una cautela de la propia Administración para evitar sus arbitrariedades. Ese control previo de legalidad, ¿qué evita? Fundamentalmente, litigiosidad, que la Administración cometa errores, y también evita, de esa manera, la corrupción. Y en segundo lugar, depuramos la contratación pública, también con carácter previo, con rapidez y eficacia, toda la contratación administrativa de Castilla y León.

–Germán Barrios (G. B.) Hoy en día las sociedades más avanzadas de la Unión Europea necesitan un complemento a la democracia representativa, al ejercicio que tenemos todos los ciudadanos de votar una vez cada cuatro años. Necesitan lo que se llama democracia participativa; también la democracia consultiva y la democracia deliberativa. Tener órganos de control y órganos asesores es fundamental en una democracia, en las sociedades avanzadas, para mejorar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Porque esto les hace además ser proactivos y corresponsables, y da más legitimidad a las normas que emanan del propio Parlamento. El profesor Robinson, catedrático de Harvard, ha escrito uno de los mejores libros de Economía, ‘¿Por qué fracasan los países?’ Dice que cuando los ciudadanos participan en la toma de decisiones, cuando hay justicia social, cuando hay competitividad con equidad, perseguimos el crecimiento económico pero con una cierta justicia social, las sociedades avanzan mucho más. Por eso es importantísimo que haya instituciones.

«Las administraciones públicas tendrán que rendir cuentas antes del 30 de junio del año siguiente del ejercicio cerrado» Germán Barrios

–Jesús Encabo (J. E.) Yo creo que lo que subyace es la demanda de transparencia de la sociedad. No hay que ver la democracia participativa como una contraposición a la democracia representativa. Los ciudadanos demandan una mayor transparencia de todas las administraciones públicas y con ella se estimula, evidentemente, que haya unas mejores instituciones y una mayor calidad democrática. ¿Qué papel puede jugar el Consejo Cuentas en esa transparencia, mejora y mayor calidad democrática? Es una institución cuyo ámbito de actuación supone fiscalizar la situación económica financiera de toda la comunidad autónoma. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando desde el punto de vista presupuestario de en torno a 16.000 millones de euros, una cantidad suficientemente importante. Y tal y como han comentado la presidenta y los responsables del Consultivo y del CES, la vinculación de esas instituciones al territorio. El nuestro es tremendamente singular. Seamos conscientes de que hablamos de más de 4.800 entidades locales, entre ayuntamientos, entidades locales menores, mancomunidades... Y algo que creo que hoy en día es muy importante: el problema no es tanto de tener o no información, sino de hacerla inteligible. Y en el Consejo de Cuentas procuramos que la información sea inteligible para los ciudadanos, con independencia de su grado de conocimiento contable, económico o financiero.

Javier Amoedo (J. A.) El Procurador del Común es quizá la institución que está más en contacto con los ciudadanos, porque precisamente somos los que estamos llamados o designados para defender los derechos de los ciudadanos cuando la Administración actúa de modo irregular. Lo que tenemos que pensar es si el Procurador del Común es eficaz. Yo digo rotundo que sí. Primero, es una institución totalmente independiente, objetiva e imparcial y, además, está próxima al ciudadano. Está abierta a todos y en una comunidad como la nuestra, tan amplia. ¿Es eficaz? Sí, porque los ciudadanos confían en nosotros, por la aceptación de nuestras resoluciones por parte de las administraciones de nuestra comunidad, que vienen alcanzando el 80% de las resoluciones que dictamos. Y lo vemos en la práctica, con la cantidad de modificaciones que se han ido produciendo en la legislación por la intervención del Procurador del Común.

Ninguno de ustedes tiene a la puerta de sus instituciones manifestaciones de ciudadanos pidiéndoles más participación, presencia, acceso, más controles. ¿Pero creen de verdad que se ha hecho suficiente pedagogía todos estos años para que el ciudadano utilice todos los resortes que sus instituciones ofrecen para el control, la participación, en definitiva, la mejora de la calidad democrática?

J. A. Yo creo que sí. Otra cosa es que podamos decir que es suficiente. El Procurador hace todo lo que tiene en sus manos para que sea conocido y sepan los ciudadanos que se defienden sus derechos. Nuestro servicio de atención al ciudadano esta abierto todos los días hábiles, hacemos visitas a todas las capitales de provincia y ciudades de cierta importancia, para que los ciudadanos nos conozcan y sepan que nosotros tenemos la obligación de defender sus derechos. Pero siempre digo que también necesitaríamos la colaboración de las propias administraciones. ¿En qué sentido? Una mayor rapidez en remitirnos las informaciones que les pedimos para así agilizar la tramitación del expediente. También sería muy importante que los propios alcaldes pusieran en conocimiento de los ciudadanos la existencia del Procurador para que puedan defender sus derechos en casos de actuaciones irregulares. Y hemos solicitado también la propia colaboración de los partidos políticos para que sus representantes atiendan a las peticiones de información del Procurador y den conocimiento a la existencia de esta institución como defensora de sus derechos.

«Buscar la visibilidad de la Administración porque los tiempos han cambiado: la gente necesita conocer las instituciones y percibirlas cercanas.» Mario Amilivia

J. E. En pedagogía siempre se puede hacer más, pero ha sido uno de los objetivos que hemos tenido desde 2012, cuando empezó el actual pleno del Consejo de Cuentas. ¿En qué sentido? Primero, tratando de hacer más comprensibles nuestros informes para el común de los ciudadanos; hemos ideado unas notas resumen que difundimos de forma simultánea a lo que remitimos a las Cortes. Otra de las obsesiones que hemos tenido a lo largo de los últimos años ha sido mejorar la página web, con vistas a hacerla más accesible y permeable para cualquier ciudadano. También hemos implementado una aplicación con la que cualquiera de nosotros, sin estar muy versado en materia informática, podemos extraer la información que queramos por ejemplo de las entidades locales de la comunidad.

Y, después, nosotros nos caracterizamos por la asistencia habitual a las Cortes de Castilla y León. Desde que llevo de presidente ya he comparecido 33 veces ante las Cortes, lo cual da una capacidad de difusión de nuestro trabajo muy alta, que ha ayudado al conocimiento de la institución. Pero, ¿que hay que profundizar en ello? Claro.

De acuerdo, pero ¿cómo hacerlo?

J. E. ¿Cómo? Fundamentalmente hay un reto que se nos demanda: la inmediatez en los informes, pero para que la haya hace falta que se rindan cuentas y que se haga antes. Acabamos de firmar entre el Tribunal de Cuentas y el conjunto de los órganos de control externo dos importantes declaraciones. En una de ellas vamos a pedir que todas las administraciones públicas sin excepción rindan cuentas antes del 30 de junio del año siguiente del ejercicio cerrado. Eso supondría que informes que requieren cuentas cerradas se puedan hacer antes. Otra declaración que hemos formalizado con el Tribunal de Cuentas ha sido una batería de medidas para estimular la rendición de cuentas de las entidades locales.

–G. B. Tenemos una democracia muy joven. Empezó en el año 78 y la participación institucional comienza con los pactos de la Moncloa. Pero es que la Ley de Asociaciones en España es del año 66. No existían asociaciones en España antes de ese año. La participación ciudadana individual es complicada y hay que organizarla. Para eso están las organizaciones más representativas. En el CES están las más representativas de los intereses económicos y sociales. Los sindicatos, por ejemplo, representan a 140.000 afiliados cotizantes. Cotizantes, ¿eh? Y las OPAS, que representan a unos 40.000 agrarios, que están censados y participan en las elecciones agrarias. La representatividad es fuerte. Evidentemente, no llegamos a los casos nórdicos, donde la representatividad avanza y ya se llega a ejemplos de democracia directa, donde hay cuestiones que se les preguntan a los ciudadanos; o el sistema cantonal suizo, donde hay una democracia directa. Pero yo creo que con la democracia participativa bien orquestada esto funciona mucho mejor. El ciudadano participa, y como participa, se implica; y como se implica, se hace responsable de las decisiones, y eso le deja más satisfecho. Es importantísimo que hagamos pedagogía de que participar es bueno, que los ciudadanos tienen que manifestar lo que es bueno para ellos, para su colectivo, para la sociedad. Esto lo que hace es que las normas persigan el bien público, el buen gobierno, el estado de bienestar que es lo que defendemos todos.

Un momento durante el coloquio / Ramón Gómez

­–M. A. Vemos que las instituciones propias somos complementarias, pero muy distintas. Actuamos en momentos diferentes de la gestión de las administraciones. Cuentas, al final, fiscalizando; el Consultivo, con carácter previo; el Procurador, con carácter permanente ante los ciudadanos... Pero en estos casi 15 años de vida del Consultivo se han emitido 14.000 dictámenes jurídicos, fundamentalmente por mandato legal, en otros tantos procedimientos administrativos, que parecen algo distante, pero tienen ciudadanos detrás. Uno, varios o toda la comunidad. ¿Lo perciben los ciudadanos? Pues si no lo perciben, yo creo que se benefician de ello. Nosotros hemos intentado estos años que lo perciban. En la práctica sí es eficaz. Pero que yo diga que es una institución de naturaleza técnica nos podría llevar a lo que ha hecho tradicionalmente el Consejo de Estado y algún compañero mío del Consejo Consultivo, que al principio decía que la labor de los consejos consultivos es casi ser invisibles, desaparecer, estar en los procedimientos administrativos y no buscar ningún protagonismo porque el dictamen jurídico no es nuestro, es de la Administración que lo pide. Pero dicho eso, he intentado hacer todo lo contrario, buscar la visibilidad de la Administración porque los tiempos han cambiado: la gente necesita conocer las instituciones y percibirlas cercanas.

«Desde que llevo de presidente ya he comparecido 33 veces ante las Cortes, lo cual da una capacidad de difusión de nuestro trabajo muy alta» Jesús encabo

S. C. Yo creo que las instituciones no son suficientemente conocidas por los ciudadanos. Sinceramente. Eso no quiere decir que tengan que conocer exactamente todo lo que hacen las instituciones, porque es verdad que hay trabajos, informes y tareas que no tienen valor divulgativo. Pero sí es verdad que los ciudadanos tienen que conocer la existencia de las instituciones, aunque para eso hay que hacer todavía mucha pedagogía. Sinceramente, creo que cuanta más información tengan los ciudadanos de todos los trabajos que realizan las instituciones, más seguridad y tranquilidad tendrán en el buen funcionamiento de las administraciones y del conjunto de servicios que estas les prestan. Desde las Cortes, yo estoy proponiendo todas las iniciativas que creo que permiten que los ciudadanos pueden conocerlas mejor. Hemos recorrido toda la comunidad con la celebración de Mesas y Juntas de Portavoces porque es necesario que nos identifiquen en primer lugar los representantes de otras administraciones, los agentes económicos y sociales. Porque, además, Castilla y León tiene la complejidad añadida de su extensión. Y también decisiones como el emitir vía Internet las comisiones y plenos de las Cortes... Hemos puesto en marcha un programa con la Consejería de Educación para que todos los escolares de manera organizada vayan a visitar las Cortes, hay un programa abierto para profesionales, hemos abierto la sede con sentido cultural... Y el sentido de todo ello es que haya un acercamiento de los ciudadanos a la institución y eso les lleva a preguntarse qué hace esta y que ellos vean que es más fácil entenderlo si se acercan al edificio y entran en él. Pero creo que, sinceramente, todavía nos queda mucho trabajo por hacer.

En los años duros de la crisis, Castilla yLeón optó por mantener las instituciones propias, frente a otras comunidades que optaron por suprimir algunas. Aun así, aquí se recortó la estructura, con una secretaría única de funcionamiento, se redujeron miembros institucionales... ¿Se nos pudo ir la mano en austeridad en recursos materiales y humanos? ¿Somos ‘rara avis’ institucional en España?

­–M. A. Hubo una incertidumbre, que afectó a todas las instituciones. Pero ese momento ya ha pasado. Castilla y León es una de las siete comunidades que mantienen las cuatro instituciones propias, y las cuatro en el Estatuto de Autonomía. Aquí lo que se intentó hacer fue dimensionar el tamaño de lo público, y eso fue razonable. Esta apuesta nuestra es razonable y sensata. Yo he sido alcalde y he dicho alguna vez que no sé hasta qué punto hacen falta 17 concejales, 27 diputados provinciales, 350 diputados nacionales, 250 senadores. Es un debate que posiblemente ya no se plantee, pero ajustar el tamaño de los servidores públicos y tratarlos con dignidad siempre es un acierto.

S. C. Es que la tarea de las instituciones propias debe tener un reconocimiento de las necesidades desde la Mesa. Tiene que estar muy bien explicado por los presidentes de las instituciones y luego por mí, porque ha de estar muy bien explicado y justificado todo lo que necesitan en materia de personal y de gasto corriente. Y teniendo una Mesa con amplia pluralidad política, los acuerdos que se adoptan en esta materia son por unanimidad.

G. B. Haber mantenido nuestra arquitectura institucional ha sido coherente y responsable por parte de la comunidad de Castilla y León, con el Gobierno a la cabeza y el Parlamento, con sus grupos políticos. Tuvimos un momento malo con el ‘Informe Cora’, en el que se pusieron en entredicho tres de las cuatro instituciones, porque se decía que podía haber duplicidades, se cuestionaba la eficacia en el gasto... Y en Castilla y León se demostró que no era así, que las instituciones aquí resultan baratas, el 0,01 del presupuesto general entre las cuatro instituciones: no llega el presupuesto conjunto a diez millones. Y el trabajo que hacemos incluye que todos tenemos más transparencia. Pero para mí la transparencia no es que se sepa cuánto cobran los miembros de las instituciones o los contratos que hacen estas, sino que también es saber qué funciones tenemos, qué trabajos hacemos y que los ciudadanos sepan que hacemos un buen trabajo. La ‘rara avis’ son los que ahora mismo no tienen las instituciones.

J. A. Hemos vivido una época mala. Desaparecieron cuatro defensorías. También se habló de la posible desaparición del Procurador del Común, pero siempre hemos tenido el apoyo de la Junta y de las Cortes. Habría sido un error tremendo que desapareciera. Quiero hacer una reflexión sobre el perjuicio causado a los ciudadanos de aquellas comunidades en las que ha desaparecido su defensor regional. Por ejemplo. En Castilla-La Mancha desapareció en 2011. Pues bien, en 2010 tenía 3.364 quejas; el Defensor del Pueblo ha recibido en 2016 de Castilla-La Mancha 789 quejas, 2.575 menos. Así ha sucedido en Asturias, en Murcia y en La Rioja.

­–J. E. Entre 2012 y 2013 hubo una gran intranquilidad en el conjunto de las instituciones y procede echar la vista atrás. Con la Secretaría General Técnica, que fue un experimento nuevo, funciona la coordinación perfectamente y no hay ningún problema. No se han producido disfunciones. Y había que analizar si hacemos el mismo o más trabajo que en 2013: resulta que hacemos más trabajo.

Los cinco dicen que se puede mejorar. ¿En qué y cómo para llegar mejor a los ciudadanos y ser más efectivos en el trabajo?

J. A. Se puede hacer mucha labor para ser más conocidos. Los alcaldes, enseñando a sus ciudadanos lo que es cada una de las instituciones y qué funciones tienen. Y los grupos políticos, a sus representados, exigiéndoles que sean más ágiles en la tramitación de las informaciones que les pedimos.

M. A. El futuro del Consultivo está en estar cerca de los grupos parlamentarios, cerca de los ciudadanos y en pedir la connivencia de los medios de comunicación para que cuenten a los ciudadanos lo que hacemos y para qué sirve.

G. B. Lo importante es que haya una divulgación de lo que hacemos y para eso necesitamos a los medios de comunicación.

J. E. Nos debe preocupar el reto de agilizar los plazos y elevar las fiscalizaciones operativas: conocer mejor el funcionamiento de la Administración y saber si la podemos tener más eficiente en algunos ámbitos, especialmente sanidad, educación y servicios sociales.

S. C. Hubo un momento de dificultad, en el que todo era necesario para tener el menor gasto posible, pero a partir de ahí, la justificación de las tareas que desarrollan implica una revisión de cómo se llevan a cabo sus funciones y una mayor dotación que tendremos que ir proyectando con el acuerdo de todos los grupos políticos, que son conscientes del trabajo que aportan las instituciones.

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