Los interrogatorios confirman que empresas escogidas se repartieron los parques eólicos

Alberto Esgueva, a la izquierda, acompañado de su abogado.
Alberto Esgueva, a la izquierda, acompañado de su abogado. / Alberto Mingueza

El segundo principal investigado de la trama, el exdelegado de Excal, Alberto Esgueva, denuncia ante la jueza «persecución tributaria»

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

Hubo listados de empresas para la adjudicación de los parques eólicos cuyas autorizaciones se decidían, se aceleraban o se paralizaban en la Consejería de Economía y Empleo bajo la norma general de que tenían que estar coparticipados por sociedades de Castilla y León. Esta fue la única verdad sacada en limpio tras seis horas de declaraciones en la sala de vistas número 6 de los Juzgados de la calle Angustias de Valladolid.

Tal vez fuera porque había un pacto tácito de concluir antes de las seis de la tarde para llegar al tren, o simplemente porque las expectativas de que aclarara su participación en la trama eólica eran muy altas, pero lo cierto es que el interrogatorio a Alberto Esgueva, el exdelegado de Excal y empresario que el fiscal anticorrupción considera como el principal beneficiario del reparto de los parques eólicos, fue el más corto de la jornada y dejó muchos más interrogantes que los que había cuando entró en la sala de vistas, pasadas las tres y media de la tarde.

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Nada más salir del edificio su letrado, Fernando Cantalapiedra, denunció la «persecución tributaria a la que está sometido» Esgueva y anunció que presentará un escrito en el Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid la próxima semana en el que se justificarán todas las transacciones realizadas en torno a las autorizaciones de los parques, incluida la venta a la filial de Iberdrola –por 47 millones de euros– de las participaciones de Energía Global Castellana, la empresa que los hermanos Esgueva crearon con una aportación de 24.000 euros para entrar de la mano de la compañía eléctrica en el mercado de la energía eólica. El letrado indicó que «está todo perfectamente trazado y no hay pago sin justificación documental». Argumentó, para desmontar la tesis de la Fiscalía de que obtuvo «un beneficio desproporcionado a su cometido y fuera de la lógica empresarial» cuando liquidó la sociedad, que su cliente puso avales personales por valor de 13 millones de euros para ese proyecto. Cantalapiedra reveló también que la Agencia Tributaria realizó dos inspecciones con resultados contradictorios. Meses antes del informe que da pie a la querella del Fiscal Anticorrupción, la Agencia «levantó un acta de inspección en el que se indica que las operaciones realizadas son lícitas y se le embargan bienes por 20 millones de euros. Si son ilícitas, ¿por qué embargan?», se preguntó el letrado.

Amistad profunda

Durante su interrogatorio, Esgueva también negó que tuviera una amistad profunda con el principal investigado de la trama y quien firmaba las autorizaciones de los parques, el exviceconsejero Rafael Delgado, a pesar de que él fue director de Excal, la división internacional de ADE, la Agencia de Desarrollo donde Delgado tuvo funciones. El declarante señaló que le conocía «como a los miembros del consejo de administración, al consejero y al presidente de la Junta, «porque organizaba los viajes al exterior con cargos y empresarios».

Muchísimo más extensa y técnica fue la declaración del testigo, Tomás Ciria, quien, de 2003 a 2005 fue el jefe del área eólica del Ente Regional de la Energía y se ocupaba de confeccionar los listados donde figuraban el nombre del promotor, los parques, su situación administrativa, el nudo de evacuación, la provincia, los megavatios solicitados y el promotor definitivo, así como la participación de las empresas locales, este último, paso insoslayable para poder solicitar la autorización ‘avocada’ al exviceconsejero, Rafael Delgado.

Mientras a pocos metros de la sala de vistas se celebraba un matrimonio con muchos invitados y hasta champán, el funcionario, durante el interrogatorio, «fue el prototipo del que sabe, mira para otro lado, firma porque me lo dice mi jefe y qué le voy a hacer», relató el letrado Emilio Martínez Miguel, de Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular en el procedimiento. Ciria llegó a reconocer en un momento de su declaración, según Cantalapiedra, que se paralizaron unos parques que cumplían con todos los requisitos porque estaban promovidos por Cronos Global, una de las ‘sociedades vehículo’ de los parques participada por Alberto Esgueva.

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