El desmantelamiento de Garoña durará más de diez años

Paraje donde está instalada la central nuclear.
Paraje donde está instalada la central nuclear. / Igor Aizpuru

Cuando finalicen las tareas de limpieza, demolición y descontaminación, los terrenos de la central podrán ser destinados a cualquier uso

PASCUAL PEREA

Ayer se escribió el final de Garoña, pero el desenlace de este largo culebrón no será sencillo, rápido ni barato. La mayoría de los negocios, cuando dejan de ser rentables, bajan la persiana y a otra cosa, mariposa. Pero una central nuclear rinde un balance peculiar: requiere de una brutal inversión inicial, es una máquina de hacer dinero cuando marcha a velocidad de crucero y cerrarla supone otro importantísimo dispendio. La demolición de Santa María de Garoña fue presupuestada en 135 millones de euros en 2003, pero cálculos recientes han corregido al alza esta cifra hasta situarla por encima de los 200 millones; un coste similar al que hubiera supuesto para Nuclenor –la empresa propietaria, conformada a partes iguales por Iberdrola y Endesa– afrontar las inversiones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para volver a poner el reactor burgalés en marcha y algo más de lo que gasta cada año la industria nuclear española en su conjunto en el mantenimiento del parque atómico nacional.

En cuanto al proceso a través del cual el valle de Tobalina recuperará el aspecto que tenía en los años sesenta del pasado siglo, antes de la irrupción de los ingenieros y las excavadoras en este bonito meandro del río Ebro, no se contempla que dure menos de una década, y eso en el mejor de los casos. El Ministerio de Industria tiene sobre la mesa desde diciembre de 2011 un Plan Preliminar que esboza el futuro desmantelamiento de la planta, redactado por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, que también será la encargada de llevarlo a cabo.

Demolición total

Durante los próximos años, una brigada de trabajadores –cerca de 250 por término medio– se dedicará a desmontar equipos y sistemas, derribar edificios, descontaminar materiales y terrenos, separar los residuos radiactivos de los convencionales y trasladarlos a distintos lugares para su tratamiento y reciclaje, y finalmente, restaurar medioambientalmente el emplazamiento. «El desmantelamiento que se aplicará en Garoña es total: terminado el proyecto, el lugar podrá ser utilizado para cualquier uso que estime su propietario», explica un portavoz de Enresa. De todas las tareas descritas, la más importante es, sin duda, la retirada y gestión del material radiactivo acumulado.

Para hacerse una idea de la complejidad de los trabajos que esperan en Garoña, se puede tomar como ejemplo el desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera en Zorita (Guadalajara). El primer reactor construido en España fue parado definitivamente el 30 de abril de 2006, tras producir en sus 37 años y pico de actividad un total de 36.515 millones de kilovatios hora –el de Garoña, más moderno y eficiente, ha generado a lo largo de casi 42 años de funcionamiento casi cuatro veces esa energía: más de 130.000 millones de kilovatios hora–. El Estado se hizo entonces cargo de las instalaciones y, en febrero de 2010, se las entregó a Enresa para su demolición como «explotador responsable».

Las cifras

130.000
millones de kilovatios hora ha producido Santa María de Garoña en 42 años de funcionamiento
218
toneladas de residuos de alta actividad almacena la piscina de la central burgalesa

En base a ese precedente, se calcula que desmantelar Garoña generará más de cien mil toneladas de escombros, de las que unas 4.000 serán residuos radiactivos. Casi todos de muy baja, baja o media actividad, que se enviarán para su tratamiento y custodia a El Cabril, una instalación cordobesa destinada al almacenamiento permanente de este tipo de desechos en forma sólida hasta que su radiactividad se disipe, lo que debería suceder en un plazo inferior a 30 años.

6.600 años de radioactividad

Pero entre los componentes y residuos de una central nuclear hay algunos que continuarán siendo radiactivos durante miles de años y no existe por el momento ningún tratamiento efectivo de descontaminación para ellos. Constituyen una ‘patata caliente’ que dejaremos a futuras generaciones, y la única forma de manejarla sin correr el riesgo de escaldarse es ponerla a buen recaudo –bien aislándola, bien enterrándola a gran profundidad en almacenes excavados en formaciones geológicas muy estables– hasta que aparezcan las tecnologías capaces de resolver el problema.

El reto que plantea ahora Garoña radica en las 218 toneladas de residuos de alta actividad radiactiva procedentes del combustible gastado –la mayor parte– y de algunos componentes internos del reactor. Están formados por uranio y otros productos de la fisión del combustible, entre ellos diferentes isótopos del plutonio cuya actividad tardará hasta 6.600 años en desintegrarse.

Todo este material altamente radiactivo debería acabar en el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, en Cuenca. Fue concebido con la misión de albergar el 99% del combustible gastado a lo largo de 40 años de actividad de la industria nuclear española, así como otros desechos radiactivos médicos e industriales. También se trasladaría allí la vasija de acero al carbono que recubre el reactor de Garoña, ya que tiene una actividad radiactiva excesiva para ser llevada al depósito de El Cabril.

Sin embargo, las polémicas políticas y medioambientales mantienen paralizada la construcción de estas instalaciones cinco años y medio después de su designación para tal fin, y al menos en el próximo lustro no se podrá contar con él. A la espera de que eso suceda, en la actualidad la mayoría de las centrales españolas guardan su combustible radiactivo gastado en sus piscinas de almacenamiento, construidas en las propias plantas a base de hormigón y acero inoxidable; una solución temporal para la que deberán ir buscando alternativa, ya que en tres a cinco años verán agotada su capacidad. Los de Zorita (cerrada en 2006), Ascó y Trillo, en cambio, permanecen en Almacenes Temporales Individualizados (ATI), y los del reactor 1 de Vandellós, clausurado en 1989 a consecuencia de un grave incendio, fueron enviados para su custodia y reprocesamiento a la planta normanda de La Hague, a cambio de un pago de 65.000 euros diarios a Francia. Hasta que el ATC de Villar de Cañas sea operativo, Enresa deberá decidir si mantiene por el momento los residuos de Garoña en su piscina, lo que complicaría su demolición, los traslada a un ATI o afronta el gasto de ponerlos a buen recaudo en plantas extranjeras especializadas.

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