El mínimo exento por herencias pasa de 175.000 a 300.000 euros en un año

Pilar del Olmo y Juan Vicente Herrera en las Cortes de Castilla y León. / EFE

El presupuesto autonómico de 2017 entra en vigor y prevé ese aumento en los casos en los que el fallecido y los herederos sean padres, hijos o cónyuges

Susana Escribano
SUSANA ESCRIBANOValladolid

300.000 euros por heredero, no por herencia. Esa será la cuantía exenta de tributar a ­partir de hoy por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Castilla y León cuando los hechos se produzcan entre familiares directos, esto es, padres e hijos y cónyuges. Hasta ahora eran 250.000 euros. Pasar de una cantidad a otra supondrá a la Junta dejar de ingresar este año alrededor de 8 millones de euros. 57.457 ciudadanos se beneficiaron el año pasado de las deducciones autonómicas en Sucesiones y Donaciones (hay también para adquisición de vivienda habitual, de explotación agraria, o de empresas). La Junta dejó de recaudar por ello 179,9 millones de euros. En 2015 fueron 56.182 contribuyentes, por un montante de 192,9 millones de euros.

La ampliación de ese mínimo exento de pago para casos de allegados en primer grado entrará en vigor hoy, tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de la Ley de los Presupuestos Generales para 2017 y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompaña a las cuentas que gestionará la Junta, pero también las Cortes, el Consejo de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla yLeón y el Procurador del Común.

La fecha de entrada en vigor de ese incremento de la partida por la que no pagan los familiares directos de una persona fallecida al heredar sus bienes se aplica a partir del momento de la muerte, no de la presentación de la liquidación tributaria. La Administración da un plazo de varios meses para efectuar este trámite, por lo que casi hasta final de año convivirán casos en los que el mínimo exento será de 275.000 euros (aquellos en los que el finado haya fallecido antes de 6 de julio, incluido este día) y otros en los que se aplicará ya la nueva ampliación. Este beneficio fiscal es uno de los que más cambios ha tenido a lo largo de los últimos años. La Junta decidió recuperar este impuesto a partir de 175.000 euros para herencias entre padres e hijos y cónyuges en enero de 2103. Llevaba sin cobrar en estos casos nada, independientemente del montante de lo heredado, desde 2006. El Gobierno autonómico resucitó parcialmente este impuesto.

Nuevo escenario

Los inicios de la recuperación y el resultado electoral de 2015, en el que el PP perdió la mayoría absoluta, abrieron un nuevo escenario fiscal. Los populares presentaron una enmienda en otoño de 2015 al presupuesto de 2016 que planteaba mejorar ese mínimo exento de tributación en el Impuesto de Sucesiones y Donación de los 175.000 euros a los 200.000. Pero Ciudadanos apretó un poco más a los populares y entre las condiciones que estos aceptaron para lograr que los cinco procuradores de la formación naranja se abstuvieran en la votación del presupuesto de 2016 y las cuentas salieran adelante estaba incrementar la cuantía que no tributa en las herencias entre familiares directos hasta los 250.000 euros. La medida entró en vigor hace ahora un año, a primero de julio de 2016, porque se estimó que sería más llevadero desde el punto de vista administrativo y recaudatorio no empezarla a aplicar desde el 1 de enero. En poco menos de un año Castilla yLeón ha aumentado la cantidad que hereda una persona de sus padres, hermanos o cónyuge y por la que no tributa al aplicar una exención del 99,9% de los 175.000 euros a los 300.000 euros.

Populares y Ciudadanos comparten visión sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Entre los argumentos a favor de la rebaja apuntan que dejará más dinero disponible a los ciudadanos, insisten en que principalmente a la clase media, para reactivar el consumo y ayudar al crecimiento económico. Una opinión que no han compartido las formaciones políticas de la izquierda. El de Sucesiones y Donaciones es un impuesto complejo y se liquida en función de tres variables. Una es el valor de lo que se hereda y sobre el que se aplican diferentes tarifas. Otra responde al grado de parentesco entre el finado y su heredero: un hijo está exento de pago hasta esos 300.000 euros, pero un sobrino tributa desde el primer euro. La tercera atiende al patrimonio preexistente antes de heredar. Todos esos aspectos pueden modificarse.

El Impuesto de Sucesiones, un símbolo de desigualdad entre territorios

La muerte está lejos de igualar a todos los españoles a efectos fiscales. No cuesta lo mismo morirse en Asturias o Andalucía, que en Baleares, Canarias oMadrid. Al menos para los descendientes que se hacen cargo de la herencia. Pilar del Olmo, argumentaba tras registrar en las Cortes el proyecto de ley de presupuesto de 2017 que, «si en una región limítrofe no se paga un impuesto y aquí sí, al final la gente acaba domiciliándose allí y usando los servicios públicos aquí, donde está su residencia efectiva». Eso supone pérdida de ingresos no solo por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sino también por la parte que llega a la comunidad por la participación en el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) o de la recaudación del IVA. Un ejemplo tipo de un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, con la legislación tributaria en vigor a fecha de marzo, arrojaba pagos distintos en cada una de las comunidades autónomas (excluidas Navarra y el País Vasco, con régimen fiscal propio). De los 134,23 euros que el hijo del fallecido pagaría en Canarias a los 164.049,3 euros que apoquinaría en Andalucía, la diferencia es una cantidad que se multiplica por mil para un hecho idéntico. Tras Andalucía se sitúa Extremadura, Aragón y Asturias.

Del Olmo reconocía el problema que supone la «competencia fiscal». Algo que también hacen desde la formación que ha apoyado al PP en la aprobación del presupuesto. Manuel Mitadiel, de Ciudadanos, asegura que ellos defienden una «armonización fiscal» y resalta que Castilla yLeón padece los efectos nocivos de tarifas más ventajosas en Sucesiones y Donaciones de Madrid.

Desde el PSOE, José Francisco Martín asegura que su formación defiende la aplicación de una tarifa «progresiva y federal» de estos tributos cedidos a las autonomías. «Tienen que tener un mínimo estatal y a partir de ese que las comunidades que lo decidan los suban, pero no que lo bajen», subraya Martín. El procurador socialista califica la decisión del PP y C’s respecto a aumentar el mínimo exento en Sucesiones y Donaciones como de «dumping fiscal de los que luego piden en Madrid que no haya ‘dumping’».

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