Conceden a un salmantino una pensión de 2.000 euros por estrés laboral

Juzgados de Salamanca / El Norte

Después de recibir la negativa del Instituto Nacional de Seguridad Social, el Juzgado de lo Social confirman su incapacidad permamente

Valladolid

El Juzgado de lo Social nº2 de Salamanca ha dictado sentencia en favor de un vecino de la ciudad, que confirma el derecho de éste a percibir una pensión de incapacidad permanente para su profesión habitual de más de 2.000 euros netos al mes, tras recibir la negativa del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Según Unive Abogados, su cliente, de 60 años y encargado general de dos mataderos desde el año 2005, empezó a sufrir «una acumulación de estrés» que tuvo como consecuencia «una importante crisis de ansiedad a finales del año 2008» que requirió de la intervención del Servicio de Urgencias.

Tras este episodio, contactó a principios de 2009 con la Unidad de Salud Mental de Salamanca para hacer frente a estos problemas y le diagnosticaron un «trastorno adaptativo mixto», una enfermedad que impide enfrentarse a situaciones de estrés y cargas de trabajo significativas, que afecta al funcionamiento global de las personas y que provoca un deterioro significativo de la actividad social y profesional, según el bufete que le representa.

Entonces, tal y como ha explicado Unive Abogados, el trabajador comenzó un tratamiento farmacológico prescrito, pero este no mejoró y a mediados de 2009, después de varios episodios de ansiedad, acudió a su médico de asistencia primaria que entendió que no estaba «en condiciones de trabajar», por lo que le prescribió una primera baja médica para evitar que el cliente pudiera padecer algún tipo de colapso o infarto. Esta primera incapacidad temporal se prolongó durante casi un año y fue dado de alta «sin estar del todo recuperado» y «viéndose obligado a reincorporarse a su trabajo», ha apuntado la empresa que le ha representado en los trámites judiciales.

Ya en 2013, le diagnosticaron una enfermedad cardiaca, la cual fue valorada como «no incapacitante» por el médico evaluador del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), ya que la enfermedad se encontraba en sus primeros grados de afectación.

En enero de 2015, a causa de seguir expuesto a «una elevada carga de estrés y con continuas crisis de ansiedad, entre otros síntomas», sus dolencias psicológicas se fueron «agravando» y sufrió otro periodo de incapacidad temporal «aún más largo», y le diagnosticaron entonces de trastorno ansioso-depresivo recurrente.

Negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social

Tras agotar el plazo ordinario y la prórroga de su incapacidad temporal, se inició de oficio un expediente de incapacidad permanente, «incluso con demora de calificación», pero la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social el 29 de noviembre de 2016 afirmó que no procedía concederle la incapacidad permanente en ningún grado por no alcanzar las lesiones que padece grado suficiente de disminución de su capacidad laboral, ha explicado Unive Abogados.

Ante esta negativa, el cliente decidió interponer una demanda acompañada de informes médicos donde se acreditaban las limitaciones y recomendaciones de los médicos que le atendieron, junto con un informe pericial que acreditaba que el cliente «no estaba en condiciones de desempeñar su trabajo con un mínimo de eficiencia, eficacia y continuidad laboral», y en el que explicaba que «una buena adherencia al tratamiento, no significa que el mismo esté siendo efectivo».

Ahora, tras valorar lo expuesto, la juez responsable del caso ha reconocido al cliente una incapacidad permanente total para su profesión habitual, al sufrir patologías de carácter crónico, ya que, tras años de tratamiento, «no se ha producido ni curación, ni mejoría significativa que le permita realizar su trabajo con un mínimo de eficacia, eficiencia y continuidad», ha indicado Unive Abogados.

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