Marlaska y Aguilar debatirán en Valladolid sobre los delitos de odio

Los concejales de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens y Oriol Ciurana, investigados por un supuesto delito de odio, a la salida de los Juzgados de Reus el pasado diciembre, tras negarse a declarar. /Jaume Sellart-EFE
Los concejales de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens y Oriol Ciurana, investigados por un supuesto delito de odio, a la salida de los Juzgados de Reus el pasado diciembre, tras negarse a declarar. / Jaume Sellart-EFE

El magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Poder Judicial y el primer fiscal especializado en estas conductas ilegales protagonizarán este miércoles 10 de enero la tercera mesa del VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

Es un delito y está castigado en el Código Penal con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses, pero parece que los ‘trol’ que envenenan con sus comentarios los foros de las redes lo desconocen o les trae sin cuidado. «Cualquier persona puede ser objeto de un delito de odio, con independencia de que ese odio esté fundado o infundado en hechos reales o percibidos. Por debajo siempre está el prejuicio», dice el informe sobre la evolución de los incidentes relacionados con los delitos de odio en España (2016) elaborado por el Ministerio del Interior. Ese último informe, presentado en junio pasado, revela que el Sistema Estadístico de Criminalidad registró en España 1.272 delitos de odio, el 4,2% menos que en 2015. La mayoría de los casos, relacionados con el racismo y la xenofobia (416), la discapacidad (262), la ideología (259) y la orientación e identidad sexual (230).

Las lesiones, las amenazas, otros delitos contra la Constitución, los actos racistas, xenófobos e intolerantes en el deporte, los daños, el trato degradante, el abuso sexual, la discriminación y las injurias son las infracciones de carácter penal y administrativo que suman el mayor número de registros anotados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según dicho informe.

Castilla y León, con 49 casos conocidos, ocupa el octavo lugar entre las comunidades en número de incidentes denunciados, y el séptimo puesto entre las que se contabilizaron más detenidos e investigados por este tipo de actos. El ‘ránking’ en delitos de odio lo encabeza Cataluña, seguida de Madrid, Andalucía y el País Vasco.

Aporofobia

Después de un año 2017 marcado por el ‘procés’ de Cataluña, la próxima estadística de Interior sobre este tipo penal promete ser mucho más abultada. Otra particularidad del año que acaba de terminar es la inclusión del término ‘aporofobia’ en el diccionario de la Real Academia Española. Es el creciente odio al pobre que ha tenido cumplida cuenta en los informativos por casos de agresiones especialmente deleznables por la total indefensión de las víctimas escogidas.

Los delitos de odio es el tema elegido para la mesa de debate del VI Ciclo de Justicia que retoma El Norte de Castilla tras las vacaciones navideñas, de la mano de sus patrocinadores, el Banco de Santander, Registradores y Negotia. Esta tercera jornada, que se celebrará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, estará protagonizada por los dos pioneros y mayores expertos de España en la visibilización de este tipo penal y en la lucha judicial contra unos delitos que han hecho de las redes sociales el caldo de cultivo perfecto por la sensación de impunidad que otorga a sus autores.

El magistrado de la Audiencia Nacional y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Fernando Grande-Marlaska Gómez no solo es uno de los baluartes judiciales contra el terrorismo (es de los pocos jueces españoles que tiene la distinción de Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, entre otros muchos reconocimientos por su trabajo en la lucha contra ETA y la delincuencia organizada), sino uno de los juristas de vanguardia en estudiar y combatir los delitos de odio y, en general, las conductas que atentan contra la dignidad de las personas y ponen en riesgo la convivencia y la paz social.

Miguel Ángel Aguilar es desde octubre de 2009 el fundador y coordinador del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona, lo que le convierte en el primer fiscal especializado en perseguir este tipo de criminalidad. Este es el primer servicio especializado en España en la lucha contra este tipo de delitos y ha sido reconocido por la Unión Europea como ejemplo de buena práctica en 2013.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos