Los juristas piden que los tiempos judiciales se sincronicen con los de la realidad económica y social

El ministro Íñigo Méndez de Vigo (tercero por la izda.) moderó la mesa en la que participó el vocal del CGPJ Vicente Guilarte (centro)./I. B.
El ministro Íñigo Méndez de Vigo (tercero por la izda.) moderó la mesa en la que participó el vocal del CGPJ Vicente Guilarte (centro). / I. B.

La mesa sobre seguridad jurídica organizada por el Ministerio reclama «racionalizar» los medios judiciales

M. J. Pascual
M. J. PASCUALMADRID

No se trata de promulgar más leyes, incluso tampoco de más medios, sino de que las leyes que existen se apliquen, los medios se racionalicen y, especialmente, que los tiempos judiciales se sincronicen con los de la realidad económica y social. Así se lo plantearon al anfitrión de la ‘Cumbre Española de la Confianza’, el ministro Rafael Catalá, que tomó nota, literalmente, desde la primera fila mientras que su compañero Íñigo Méndez de Vigo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, moderaba el panel. El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, aprovechó para pedir que se retoque la ley civil para adaptarla a la «realidad social» y, en concreto, el recurso de casación civil, a la manera que se ha hecho en el contencioso, para determinar la admisión de estos recursos en el Supremo. El volumen de estos recursos que llegan al TS, argumentó, han aumentado desde 2012 el 74% «y puede llegar al colapso», advirtió el magistrado, pues esas ansias de que el Supremo unifique criterios puede significar que los asuntos tarden seis años en resolverse.

Marín Castán reconoció que la Justicia no puede seguir en el Olimpo y continuar funcionando como se ha hecho «tradicionalmente», en el que cada juez está «aislado» y cada tribunal tiene su propio criterio. «Se requiere un comportamiento activo, agrupar recursos por materia», indicó, y puso como ejemplo a los jueces de lo mercantil de Barcelona que han formado, por «iniciativa propia», un tribunal de instancia que unifica todos los criterios y están «obteniendo beneficios» en el rendimiento.

El titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, magistrado que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), convino con Marín Castán en que el actual ordenamiento jurídico es una «compleja estructura de normas» que en muchas ocasiones entra en «conflicto de competencias» porque «hay distintas normas para resolver los mismos problemas».

En este sentido, apuntó que el derecho ha dejado de ser una roca inamovible «en las cosas cotidianas» porque cada vez hay nuevos conflictos que las leyes no prevén, como denominado derecho al olvido o el debate sobre la competencia de distintas empresas que prestan un mismo servicio de transporte como Uber o Cabify, con resultado distinto en los tribunales.

Con él, todos los ponentes defendieron la necesidad de «sincronizar los tiempos judiciales con los tiempos de la realidad económica y social» y consideró que «no necesitamos más normas ni más medios antes de definir un modelo que nos permita ser eficaces».

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Vicente Guilarte, se mostró de acuerdo y subrayó la necesidad de que se racionalicen los medios y se apliquen criterios de empresa privada, mientras que el abogado Javier Cremades advirtió de que la inseguridad jurídica crea populistas, hay que resolver las demandas colectivas».

Estabilidad, seguridad jurídica y más formación

«Se están repartiendo las cartas de la riqueza en el mundo para los próximos 30 años y España tienen que participar preparando bien a nuestros jóvenes para esos miles de puestos de trabajo que se van a crear vinculados a las tecnologías». La reflexión fue del presidente del BBVA, Francisco González, en la mesa que moderó el ministro Rafael Catalá en el marco de la ‘Cumbre Española de la Confianza’ que se celebró ayer en el Museo Reina Sofía de Madrid. Una reflexión a la que se sumaron los otros miembros del panel, representantes de algunas de las más grandes empresas españolas: los presidentes de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; IAG, Antonio Vázquez; y los consejeros delegados de Repsol, Josu Jon Imaz; y Abertis, Francisco Reynés. Todos incidieron en la importancia de la formación y la educación para ganar en competitividad, y señalaron que las claves para que los inversores internacionales renueven su confianza en la «marca España» y se mantenga el crecimiento económico son la estabilidad de las instituciones, la seguridad jurídica, de nuevo la formación y el desarrollo tecnológico.

El vicepresidente y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, añadió como colofón la importancia del «compromiso» de los ciudadanos con la mejora continua «y las generaciones venideras», lo que fue secundado por los otros directivos.

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