Jambrina testifica que todas las decisiones sobre los parques eólicos se tomaban en Valladolid

El exconsejero de Medio Ambiente de la Junta Francisco Jambrina, a la salida de su declaración en los juzgados. /Henar Sastre
El exconsejero de Medio Ambiente de la Junta Francisco Jambrina, a la salida de su declaración en los juzgados. / Henar Sastre

El exjefe del servicio de Industria de Palencia y exviceconsejero de Medio Ambiente sostiene que en las sedes territoriales se limitaban a realizar las declaraciones de impacto ambiental

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El exconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Francisco Jambrina, ha declarado este miércoles, ante la jueza que investiga la denominada trama eólica, que durante su etapa como jefe del servicio territorial de Industria de Palencia las sedes territoriales se limitaban a recibir las solicitudes de parques eólicos y a realizar la tramitación hasta la declaración ambiental, que dictaminaban favorable o no, pero que las decisiones sobre a qué empresas y qué parques eólicos se autorizaban «era cosa de los servicios centrales de Valladolid».

Según ha indicado Jambrina a preguntas de los periodistas, a la salida de su breve comparecencia como testigo, desde 2003 a 2008 se presentaron en la delegación territorial palentina unas 300 solicitudes para levantar parques eólicos en esa provincia, pero que solo se aprobaron unas 40 autorizaciones. «Ojalá se hubieran aprobado todos, porque tal y como está ahora el asunto de la energía en Castilla y León, con el problema de la minería...», se lamentó el testigo.

El expolítico ha insistido en que el proceso de tramitación de los expedientes de los parques se realizaba «de una manera totalmente legal, recuerdo que había un ingeniero muy meticuloso».

Además de Jambrina, han declarado este miércoles como testigos dos empresarios. Con estas comparecencias se cierran hasta diciembre las declaraciones en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid por la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra 21 cargos, excargos y empresarios de Castilla y León supuestamente afines a la Junta, a quienes se les atribuye el reparto de la tarta eólica en la comunidad a cambio de comisiones que el ministerio público valora en 81 millones de euros. Se les atribuye delitos continuados de prevaricación, cohecho y, en el caso del exviceconsejero de Economía y uno de los principales investigados, Rafael Delgado, además, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública.

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