Ciclo de la Justicia
Millares de documentos judiciales desbordan los archivos de Valladolid.
Millares de documentos judiciales desbordan los archivos de Valladolid. / Gabriel Villamil.

Los profesionales jurídicos en Castilla y León avanzan en la democratización del lenguaje

  • Comienzan a aplicar el ‘Libro de estilo de la Justicia’ en sentencias y demandas para facilitar la comprensión a los ciudadanos

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La transparencia judicial empieza por el lenguaje y el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial se haya aliado con la Real Academia Española (RAE) para lanzar el primer libro de estilo de toda la larga historia judicial de España es un aviso a navegantes: hacerse entender por el destinatario de las resoluciones judiciales es urgente y necesario para, como indica la magistrada Ana Descalzo Pino, conseguir «el ansiado acercamiento entre la Justicia y la sociedad», sobre todo, en unos tiempos en que el prestigio judicial está atravesando sus horas más bajas. Pero no solo se trata de que los jueces escriban sentencias legibles, los fiscales presenten escritos de calificación que no se pierdan en perífrasis y los abogados vayan al grano en sus demandas y tiren menos del ‘corta y pega’. También de que los profesores de Derecho empiecen a desterrar términos obsoletos y latinajos en sus clases. Los juristas consultados saludan como «una buena herramienta de trabajo» esta obra para ayudarles a realizar sus escritos, aunque coinciden en señalar en que es importante «no perder el rigor técnico» del Derecho. En este difícil equilibrio se han puesto manos a la obra en Castilla y León, donde en muchos despachos de jueces y abogados se aplican el «menos es más» mucho antes de que el Poder Judicial, con Carlos Lesmes al frente y de la mano de la vocal

Mar Cabrejas, pusiera en marcha el portal de transparencia en la web del Consejo. Y también, antes de que empezara a sonar entre la judicatura española que el Tribunal de Luxemburgo, se negaba a admitir demandas que superaran los 50 folios porque había que traducirlas a los idiomas oficiales de la Unión Europea.

El presidente de la Audiencia de Salamanca, José Ramón González Clavijo, es uno de estos pioneros. En junio pasado, en la jornada anual de presidentes de audiencias provinciales de Tarragona, presentó un proyecto de protocolo sobre normas prácticas para agilizar la Justicia y un estudio sobre el reglamento del Tribunal de Justicia Europeo a propósito de la longitud de los escritos procesales. «Justicia efectiva significa mejores sentencias, que sean referencias sólidas para el futuro y contribuyan a evitar litigios y a reforzar la igualdad ante la ley», resume el magistrado en su ponencia. Calidad de las sentencias, con un lenguaje asequible y menores dimensiones, acordes con los tiempos digitales, apunta González Clavijo.

Escritos con extensiones «manifiestamente desproporcionadas» son incompatibles con los medios electrónicos, ahora que es obligatoria en los juzgados la presentación telemática de los documentos. Los ordenadores ‘se petan’ porque la capacidad de los sistemas informáticos no es suficiente. Pero el objetivo último, subraya, tienen que ser los ciudadanos. «Las resoluciones judiciales deben ser suficientemente claras, precisas y concluyentes, como para que todos los ciudadanos tengan conocimiento cabal de las auténticas razones por las que se estiman o desestiman sus pretensiones».

Un problema medieval

Escritos de mayor calidad y menos largos para garantizar el derecho a la Justicia. Ese es el objetivo a conseguir, aunque todavía tardará en ser una práctica común, reconocen los juristas, porque supone toda una revolución en los hábitos de trabajo tradicionales en los juzgados. Porque el ‘vicio’ de la longitud de los escritos procesales en España está documentado desde los tiempos del Rey Juan I, que tuvo que promulgar una Ley, el 26 de enero de 1387 –refrendada por las Cortes de Briviesca–, en la que prohibía a abogados y procuradores «presentar escritos luengos, en los que no dicen cosa de nuevo, sino replicar hasta seis veces lo que han dicho». La sanción: 600 maravedíes.

Los operadores jurídicos opinan

Para la letrada vallisoletana Beatriz Tovar, el lenguaje «es una de nuestras herramientas de trabajo que utilizamos, sin duda, con el fin de que nuestro interlocutor nos entienda». Aunque reconoce que «a los abogados se nos acusa a veces de escribir textos ininteligibles». Cita la obra de Osorio, ‘El Alma de la Toga’ (1922), donde ya se apuntaban «dos condiciones que debe cumplir el estilo jurídico de un abogado: la brevedad –«Te escribo tan largo porque no he tenido tiempo para escribir más corto», dice una frase de la que desconozco su autor– y la claridad». Por ello, esta abogada se muestra totalmente de acuerdo con el propósito de ‘El Libro de estilo de la Justicia’, «de ayudar al buen uso del lenguaje en todos los ámbitos donde el derecho se crea y se aplica».

Sin embargo, puntualiza, «esta pretensión lícita de acercar el lenguaje jurídico a los ciudadanos no debiera suponer la idea de abandonar expresiones propias del Derecho que forman parte de la tradición jurídica como son los latinismos (’habeas corpus’, ‘in dubio pro reo’) o incluso otras estrictamente jurídicas, a pesar de que puedan ser consideradas arcaicas». Se refiere, por ejemplo, a palabras que aluden a instituciones, «como el censo enfitéutico, cuyo intento de traducción implicaría más problemas de comprensión que los que se intentan evitar, ya que carecen del término equivalente en lenguaje coloquial».

Por otro lado, sostiene que, como todas las profesiones, el Derecho tiene su propio lenguaje técnico, «del que no hay que prescindir». Por ello ve «un auténtico reto combinar la correcta redacción de los escritos, sin perder un ápice de rigor técnico jurídico, con el esfuerzo por mejorar la sintaxis, guiados por la idea de que comunicar significa adecuar nuestro mensaje al receptor y que, para trasmitirlo eficazmente, hemos de facilitar su comprensión en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la Justicia que tenemos reconocido todos».

Anabelén Casares, doctora en Derecho y profesora de la Universidad de León, opina que el ‘Libro de estilo de la Justicia’ «profundiza sin ambages en los retos planteados por el buen uso del lenguaje jurídico, una cuestión crucial para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, que excede del ámbito estrictamente judicial para alcanzar a todos los operadores jurídicos».

La obra, indica, ofrece «instrucciones y recomendaciones claras cuyo empleo habría de redundar, sin duda, en una mayor seguridad jurídica» . Porque, detalla, «los documentos jurídicos son el soporte en el que se materializan nuestros derechos y deberes como ciudadanos». Pero la manera de elaborarlos «suele desembocar en la rigidez de su estructura, con esquemas invariables establecidos de antemano para cada modalidad. También se caracterizan por el empleo de un léxico muy conservador, lleno de tecnicismos y, en gran medida, de fórmulas, frases y expresiones hechas propias del mundo del Derecho». Por ello, la profesora Anabelén Casares anima a rebelarse, «no solo como operadores jurídicos, sino como ciudadanos, ante textos jurídicos comunicativamente fallidos, de complejidad adicional innecesaria, de redacción intrincada, pesada, ininteligible y difícilmente digerible, en muchas ocasiones, para ciudadanos instruidos y capaces». Se hace preciso, continúa «simplificar y actualizar los textos jurídicos, a fin de volverlos más claros, precisos y, en definitiva, comprensibles, sin expulsar a aquellos no iniciados en la ciencia, el lenguaje y el discurrir jurídico.

Ese esfuerzo de simplificación del lenguaje jurídico pasaría por organizar mejor las frases. «Precisa la supresión de ciertas prácticas que dificultan sobremanera la comprensión de los textos, como el párrafo unioracional, el uso abusivo de gerundios, nominalizaciones, construcciones pasivas y oraciones yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas».

El principal problema que tiene hoy en día la carrera judicial es, según la magistrada de la Audiencia de Zamora Ana Descalzo, «el distanciamiento con el que nos percibe la sociedad, a lo que contribuye en gran medida la forma de expresarnos en nuestras resoluciones judiciales». El motivo es que «utilizamos un lenguaje, cuasi jerga, ininteligible e incomprensible para aquel al que va destinado». Para esta jurista, se trata de «un grave defecto de comunicación» que «contribuye, entre otros factores, a que año tras año la Justicia sea una de las instituciones peor valorada por los españoles, de acuerdo con los resultados de las encuestas del CIS».

Por ello entiende que es urgente corregir este defecto, para lo que «se hace imprescindible el uso de un lenguaje más accesible, más cercano y más comprensible. Un lenguaje capaz de hacer compatible el necesario tecnicismo –pues de un lenguaje técnico estamos hablando– con expresiones de uso común que faciliten la solución del problema mencionado».

En este sentido, señala que «es cierto que al profesional del derecho no se le puede exigir ningún tipo de calidad literaria en sus manifestaciones escritas, pero no lo es menos que sí le resultan exigibles unas dosis mínimas de comprensibilidad o facilidad para ser entendido».

Ana Descalzo indica que, para conseguir este objetivo, el ‘Libro de estilo de la Justicia’ «debe entenderse como una herramienta de trabajo que ayude a acercar los pronunciamientos en derecho a aquellos a quienes van dirigidos». En su caso, afirma que, como profesional del Derecho, esta obra le aporta «una visión nueva y distinta de la manera en la que debo expresarme para favorecer la comprensión entre lo que yo quiero decir y el destinatario final del mensaje, que no es, como pudiera pensarse, el profesional del derecho, el abogado y el procurador, que suscriben los escritos o realizan las alegaciones orales, sino el ciudadano al que representan».

Para ello, entiende que «sin duda» habría que desterrar «expresiones arcaizantes, latinismos innecesarios, circunloquios inacabables, perífrasis de dudosa necesidad e incisos que dificultan, cuando no impiden completamente, la comprensión del mensaje».