Ciclo de la Justicia

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La profesora Carmen Herrero, junto al presidente de la Audiencia de Salamanca, José Ramón González Clavijo, minutos antes de su intervención en la mesa del Ciclo de Justicia.

Ramón Gómez.

El factor humano, clave para modernizar la Justicia

  • Los expertos abogan por incorporar las herramientas de la Psicología al procedimiento judicial para mejorar la atención al ciudadano

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El factor humano. La Justicia está hecha por y para las personas, pero algo tan de perogrullo como eso se va perdiendo en los vericuetos del procedimiento judicial. La consecuencia es que los ciudadanos pierden confianza, los jueces, legitimidad, y las instituciones, también. ¿Cómo remediarlo? Aplicando la Psicología (con mayúsculas) como «herramienta útil» a todo el sistema judicial, de manera que un conjunto de pautas permitan modernizar «de verdad» la Justicia. Este fue el argumento –todo un alegato de defensa de la disciplina que imparte apasionadamente, la Psicología Jurídica– que utilizó la profesora Carmen Herrero durante su ponencia. En la cuarta mesa del V Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander, que se celebró ayer en la sala Arzobispo Fonseca de la Universidad de Salamanca, la profesora animó a los operadores jurídicos a utilizar los conocimientos de los psicólogos sobre el comportamiento humano para, por ejemplo, saber tratar a una víctima sin victimizarla por segunda vez, aprender a preguntar para detectar si un testigo o un acusado miente e, incluso, poner en cuestión ciertas rutinas de la investigación policial o forense que pueden estar «contaminadas» por la percepción, el prejuicio o la rutina del profesional que realiza esas pruebas.

Fotos

  • Cuarta mesa del V Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander

De legitimidad

Carmen Herrero insistió en que ambas disciplinas, el Derecho y la Psicología, tienen que abandonar de una vez por todas sus recelos y trabajar de la mano porque, «a pesar de las mejoras objetivas que se están produciendo, con más recursos, digitalización, legislación..., ello no va parejo a una mejora de la percepción de la Justicia que tienen los ciudadanos y los propios operadores judiciales». Todas las iniciativas de modernización se topan, indicó, con una realidad: «Los ciudadanos no se sienten justamente tratados, ni los profesionales tampoco». Así que se hace necesario, manifestó la doctora, volver al factor humano, a plantearse que el ciudadano «no es un cliente» y «a la necesidad de utilizar el conocimiento científico y la práctica basada en la evidencia, que es cuando se contemplan los problemas por los que acuden los ciudadanos a los tribunales». Porque, como sean tratados en el procedimiento judicial, será decisivo y les condicionará después en su relación con el sistema judicial, a la hora de colaborar con él, de cumplir las leyes y, en definitiva, puntualizó Herrero, a la hora de creer en las instituciones. «Tiene mucho que ver con la legitimidad, uno de los antecedentes de ella es la justicia procedimental», remachó. Eso va más allá de que la sentencia, el resultado del proceso, le sea favorable o no. «Lo importante es que se sienta justamente tratado porque, de lo contrario, nos cargamos la legitimidad de las

instituciones».

Indicó la ponente que existe una verdadera «brecha» entre el concepto de lo justo que tienen los que toman las decisiones (abogados, jueces) y el que tienen los que reciben esas decisiones (víctimas, acusados). «Vemos que hay sentencias que están plagadas de psicología, pero no de lo que la ciencia nos dice sobre la naturaleza humana», de manera que es necesario, concluyó, conjugar disciplinas, «aportando conocimientos científicos que ayudarán a tomar mejores decisiones y caminar en esa dirección de una Justicia dedicada a resolver conflictos», subrayó.

La tercera pata de esta conjunción de fuerzas, y en ello estuvo completamente de acuerdo con ella su compañero de mesa, el magistrado presidente de la Audiencia de Salamanca, José Ramón González Clavijo, es la formación continuada de los profesionales de la Justicia. Y no solo en materias del ámbito del Derecho, «que eso se presupone», sino en otras colaterales a la actividad que desempeñan, como comunicación, lenguaje y otras materias que deberían estudiar los jueces «y que pondrían unas bases para mejorar la atención al ciudadano». El magistrado valoró el esfuerzo en este sentido que realiza el Consejo General del Poder Judicial, como los ‘mediatraining’ de periodistas y jueces. «El Derecho tiene que ser un líquido que rompa las fronteras entre disciplinas. Nada es ajeno a la Justicia», manifestó.

González Clavijo comentó que, al contrario que los jueces franceses, los españoles no están entrenados para esa fase del proceso en la que tienen que enfrentarse al acusado. «No sabemos nada de ese señor: sabemos del delito y la pena, pero del ciudadano no sabemos nada, desconocemos completamente su contexto vital», reconoció.

Litigiosidad

Durante su intervención, el magistrado realizó una ajustada radiografía de la Justicia en su provincia. Salamanca, con casi 260 pleitos por cada 100.000 habitantes, tiene la tasa de litigiosidad más alta de Castilla y León, superando incluso a Valladolid, que es la que más asuntos judiciales genera. En este sentido, indicó que no hay estudios que prueben la relación entre esa tasa y el importante número de abogados que ejercen en la provincia. Se refirió además, respecto de la eficacia judicial, a estudios recientes que revelan que son múltiples los factores que pueden condicionarla, incluso la disposición de la sala de vistas. Pero también es un freno la legislación excesiva, «que genera problemas serios de seguridad jurídica» y advirtió de que las principales quejas de los ciudadanos son por la tardanza en las resoluciones y por una deficiente atención. «No puede volver a pasar que venga una señora y me diga: es que en el juzgado no me hicieron caso», resumió. El factor humano aplicado a la Justicia.

El ciclo volverá a contar el próximo 14 de marzo, en Soria, con el patrocinio, además del Banco de Santander, de Registradores de Castilla y León y Nova Center, así como con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, los Consejos de Abogados y Procuradores y la Universidad de Valladolid.