El Norte de Castilla
Ciclo de la Justicia
El presidente de la Mutua de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana.
El presidente de la Mutua de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández-Lomana. / El Norte

Enrique Sanz Fernández-Lomana: «La necesidad más perentoria de la Justicia es voluntad política para modernizarla»

  • El exdecano del Colegio de Abogados de Valladolid afronta una nueva etapa como presidente de la Mutualidad de la Abogacía, que gestiona 5.600 millones de euros del fondo de pensiones de los letrados españoles

Enrique Sanz Fernández-Lomana (Valladolid, 1952) tiene la llave de la caja de las pensiones de los abogados españoles desde el pasado mes de julio. Nombrado presidente de la Mutualidad de la Abogacía, el exdecano de los abogados vallisoletanos no es la primera vez que está al frente de un cargo ‘económico’. Antes de relevar a Luis de Angulo Rodríguez, que llevaba al frente de la Mutualidad desde 1995 y con quien colaboró estrechamente los tres últimos años, ha sido consejero electivo y tesorero del Consejo General de la Abogacía de España. Con más de 30 años de ejercicio en Valladolid, Madrid, Palencia y Salamanca, presidente del Consejo de los Colegios de Abogados de Castilla y León y de la comisión para la reforma del Estatuto General de la Abogacía, Sanz Fernández-Lomana ha sido cocinero antes que fraile en una profesión que tiene mucho que decir aún en el proceso de modernización judicial.

–Usted preside una entidad integrada por 192.422 mutualistas, con un volumen de ahorro gestionado de 5.600 millones de euros y unos activos con valor de mercado de 7.219 millones. ¿No le da cierto vértigo?

–Es cierto que siento el peso de la responsabilidad que implica asumir la presidencia de una entidad que está situada entre las diez primeras aseguradoras de vida de nuestro país, pero no solo por los parámetros cuantitativos, sino porque gestionamos la previsión social, las pensiones de miles de abogados y, en definitiva, administramos el futuro de todos nuestros mutualistas. Pero, para ello, contamos con un potente equipo de profesionales y comparto estas responsabilidades con otros veinte vocales que forman parte del órgano de gobierno de la entidad. Unos y otros han contribuido a conseguir los excelentes resultados que la Mutualidad viene obteniendo desde hace ya mas de diez años.

–¿Cuál es la línea de gestión que va a desarrollar durante su mandato en la Mutualidad?

–La política de inversiones de la Mutualidad la marca la junta de gobierno y, en este sentido, continuaremos buscando la mayor rentabilidad que permita el mercado, bajo rigurosos criterios de prudencia y estabilidad, fortaleciendo los fondos propios de la entidad. Estos criterios nos han permitido alcanzar un ratio de solvencia del 269% respecto del capital regulatorio exigido por Solvencia II.

–¿Han crecido las demandas de responsabilidad contra letrados por mala praxis o irregularidades en su actividad profesional?

–La Mutualidad de la Abogacía no asegura la responsabilidad civil de los abogados, pues está centrada en la previsión social. Son otras compañías de seguros generales las que cubren este riesgo. No obstante, es cierto que se han incrementado las reclamaciones por responsabilidad civil de los abogados en su ejercicio profesional, lo que trae causa de una mayor litigiosidad, y por la propia existencia de la cobertura aseguradora, que anima a reclamar a quienes se sienten perjudicados por la actuación de un abogado.

–Los abogados adscritos a los servicios de justicia gratuita hace años que tienen congelados los honorarios que perciben por su trabajo. Desde el Consejo General de la Abogacía se reclama al Gobierno que se incremente la partida, especialmente desde que se ha incorporado al conjunto de beneficiarios a colectivos que antes no lo eran, como las víctimas de violencia machista. ¿Cree que se valora este trabajo social que realizan los colegios de abogados?

–Creo que tanto el trabajo de los abogados del turno de oficio, como la gestión y organización que protagonizan los colegios sí está bien valorada, y así resulta de las encuestas y estudios sociológicos que periódicamente encarga el Consejo a empresas independientes, precisamente para conocer con datos objetivos y rigurosos qué piensa la sociedad de este importantísimo servicio. Es muy satisfactorio constatar la alta valoración que se nos otorga, máxime cuando son quienes han sido usuarios de este servicio quienes más alto lo puntúan. En todo caso, bueno es recordar una vez más la deficiente dotación económica con la que el Estado remunera los servicios prestados por los abogados del turno de oficio.

Indicadores

–La mediación como resolución pacífica de los conflictos para evitar el pleito judicial se está promoviendo de manera intensa aunque con poco éxito. ¿Los abogados lo ven como intrusismo en lugar de como un nuevo nicho laboral y por eso no prospera?

–Es posible que algunos sectores de la profesión vieran la mediación, en su inicio, como una función propia de la abogacía y, por tanto, consideraran que se les hurtaba un ámbito de trabajo que se abría a otras profesiones. Pero hoy esto no es así, en absoluto. La abogacía institucional ha apostado, sin fisuras, por potenciar todos aquellos mecanismos que posibiliten la resolución de conflictos al margen de la vía jurisdiccional, y entre estos la mediación, y en ello se han implicado un gran número de abogados que ven un nuevo campo de actuación profesional. En mi opinión, tanto la mediación como el arbitraje están lastrados por la desconfianza de los propios ciudadanos a la utilización de estos mecanismos alternativos, que en muchos casos es generada por el desconocimiento de estas instituciones.

-Su especialidad es el derecho mercantil y de empresas. Desde su atalaya, ¿se aprecia una mejora real de la situación económica?

–Todos los indicadores evidencian una mejora de la situación económica y se aprecia claramente en sectores como la hostelería o la industria del automóvil. Ahora bien, en lo que afecta a la abogacía, el crecimiento económico no se aprecia aún en los despachos, que todavía tienen centrada su mayor actividad en asuntos propios de la época de crisis.

–¿A su juicio, cómo está afectando a las empresas la situación política que se está viviendo, con el periodo más largo de Gobierno en funciones que ha tenido la democracia española?

–La prolongación de la inestabilidad política genera incertidumbre y esto no es bueno para la economía. Muchas inversiones que estaba previsto que se realizaran en España se han suspendido, de momento, hasta que se clarifique la situación política y se conozca quien va a gobernar y que política económica va a aplicar. Ahora bien, en la medida en que esta situación de provisionalidad se prolongue es muy posible que las inversiones proyectadas se dirijan a otros países y esto afectaría muy negativamente a las empresas y al crecimiento de la economía española.

–La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, declaraba en una entrevista recientemente publicada en El Norte de Castilla que se va a entregar a las fuerzas políticas un proyecto de Pacto por la Justicia. ¿Cómo va este proyecto? ¿No le parece utópico plantear dicho pacto cuando los partidos políticos ni siquiera se ponen de acuerdo para formar Gobierno?

–La irresponsabilidad que están manifestando las fuerzas políticas no puede contaminar al resto de la sociedad, en absoluto, y por ello cada uno, en el ámbito de nuestras competencias, tenemos que seguir trabajando, a la espera de que se constituya el Gobierno. La Presidenta del CGAE está impulsando un Pacto de Estado por la Justicia, y a dicho objetivo se han sumado ya todas las asociaciones judiciales y se está trabajando en la elaboración de un documento que sea aceptado por todos los sectores implicados y que se presentará al Ministerio de Justicia y a los partidos políticos en cuanto se haya constituido el nuevo el nuevo Gobierno, para lo que confiamos en que no sea necesario acudir a unas nuevas elecciones. A partir de ese momento veremos cómo es recibido y la apuesta que hagan los partidos políticos y, sobre todo, el nuevo gobierno por la reforma de la justicia. Pero, desde nuestra perspectiva, lo importante es tener hechos los deberes para el momento en que tengamos interlocutores válidos, y, como le digo, en ello estamos.

–¿Cuál es, a su juicio, la necesidad más perentoria a la que se tiene que dar una solución, en este intento de pacto judicial?

–Es necesario, en primer lugar, que las fuerzas políticas tomen conciencia de la necesidad poner a la Administración de Justicia en el siglo XXI y se impliquen en ello, algo que puede parecer una obviedad pero hasta ahora no parece que estén en disposición de hacerlo y esta es, lamentablemente, la necesidad más perentoria, voluntad política para acometer la modernización de la Administración de Justicia. A partir de ahí, como no, es preciso una mayor dotación presupuestaria para invertir en tecnología y en mayor disposición de medios humanos y materiales. Pero también es necesaria una reforma del proceso; y de la organización territorial de la Administración de Justicia para conseguir resultados mas eficientes, y en este ámbito, podría avanzarse mucho sin grandes inversiones.

Derechos fundamentales

–¿Ha habido un antes y un después de la Ley de Tasas?

–La Abogacía se posicionó unánimemente frente a la Ley de Tasas antes, durante y después de la publicación de esta norma, incluso tras las diversas modificaciones llevadas a cabo en tiempos del ministro Gallardón que, implícitamente, venían a darnos la razón y a reconocer la vulneración de derechos fundamentales que se estaba llevando a cabo diariamente con el establecimiento de las tasas, impidiendo a la ciudadanía el acceso a la jurisdicción, con una grosera infracción del derecho a la tutela judicial efectiva.

Tras el cese de Gallardón, este reconocimiento fue más expresivo, si cabe, con una nueva reforma de la Ley que, derogándola parcialmente, liberaba a las personas físicas del pago de la tasa. Pese a ello, la abogacía continuó en su cuestionamiento activo del mantenimiento de las tasas para las pequeñas y medianas empresas, habiendo visto recientemente como el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón a través de una sentencia en la que anula gran parte de la Ley por ser contraria a la Constitución. Espero que esta victoria de la abogacía, como también de los colectivos sociales y partidos políticos que nos apoyaron, sirva de lección a futuros Gobiernos, pero también al Parlamento, para valorar que por encima de ciertas necesidades recaudatorias coyunturales, está el respeto a los valores superiores que recoge nuestra Constitución.

–Hace cinco años que el Ministerio acometió reformas legales de importante calado para modernizar la Administración de Justicia y casi todas son impensables sin la implicación de la abogacía. ¿Cómo ve este proceso y, en concreto, la puesta en marcha del expediente electrónico?

–Hacen falta muchas modificaciones más para poder afirmar que la Justicia está modernizada y, para ello, como le comentaba anteriormente, es necesario principalmente voluntad política, de la que, hasta ahora, han carecido todos los gobiernos, y así está la Justicia. La abogacía se ha sumado a todos los intentos, por tímidos que hayan sido, para avanzar en la modernización de la Administración de Justicia, recientemente en la implantación de Lexnet, la plataforma de comunicaciones electrónicas. En mi opinión hubiera sido mas oportuno comenzar por el expediente electrónico, cuya implantación no veo en el corto plazo, y mientras tanto los avances que se van consiguiendo, como la nueva oficina judicial o las comunicaciones electrónicas no están dando todos los frutos esperados. "