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Manuel Martín-Granizo
«Veremos si el próximo Gobierno pone al fiscal al frente de la instrucción penal»

«Veremos si el próximo Gobierno pone al fiscal al frente de la instrucción penal»

Manuel Martín-Granizo fiscal superior de Castilla y León, propuesto para el Tribunal Supremo

M. J. Pascual

Martes, 9 de junio 2015, 20:23

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En 2013 el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo Santamaría, concedió, sin saberlo, su última entrevista a El Norte de Castilla como jefe de los fiscales de la comunidad autónoma. Entonces acababa de regresar de un encuentro de fiscales en Santiago de Compostela, que se celebró con el negro telón de fondo del crimen de la niña Asunta Basterra y el descarrilamiento del Alvia Madrid-Ferrol. Ninguno de esos dos casos han sido juzgados todavía. Lenta, pero segura y, ante todo, garantista, sigue siendo la Justicia española, y estos dos casos son «verdaderamente complicados, el primero por lo accidentado de la instrucción, las filtraciones... y el segundo, con tantas víctimas, aseguradoras, partes... Muy complicados», comenta Martín-Granizo, quien ha sido propuesto por el Consejo Fiscal para ocupar una de las tres nuevas plazas de fiscal del Tribunal Supremo.

De momento, como les ocurre a otros juristas vallisoletanos que han desembarcado en el TS, estaría a caballo entre las dos capitales, al igual que ha hecho todos estos años con Burgos, donde está la sede de la Fiscalía Superior, en el TSJ. Pero Martín-Granizo que, aunque no ejerce de pucelanista, es un enamorado de su ciudad y un erudito de su historia, no piensa en un traslado definitivo. Aunque este es el segundo intento de desembarcar en Madrid; el primero fue el de ser vocal del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «porque podía compatibilizarlo con la Fiscalía Superior», aclara, y el de ahora, que está a punto de hacerse realidad. «Llega un momento en la vida profesional en la que hay que dar otro paso».

Aprovecha el paseo desde la Estación de Campo Grande para recordar que ya hubo otro reloj ajardinado «un poco más allá» de donde luce el actual y asocia algunos otros recuerdos de niñez y adolescencia con los espacios próximos, como el Teatro Pradera, «que claro, ya entonces no funcionaba...».

Cuando le hice la (pen)última entrevista se acababan de producir dos hechos trágicos: el descarrilamiento del Alvia Madrid-Ferrol y la aparicióndel cadáver de Asunta. ¿Cómo valora que dos años después ni tan siquiera hayan llegado a juicio ambos asuntos?

No lo puedo ver bien. Lo entiendo al conocer el funcionamiento habitual de la Administración de Justicia. En el accidente, con múltiples perjudicados, mover un expediente de esta naturaleza es complicadísimo y muy lento en el tiempo. Puedo entender la lentitud desde las características del asunto. En el caso de la niña no lo conozco en detalle, lo he seguido por la prensa. No hay muchas partes, pero es un caso complejo, no es un caso de los que habitualmente se rematan con prontitud (un enjuiciamiento de un año sería lo deseable). Pero está en la normalidad en el sentido de que las garantías son positivas y la intervención de la figura (tan denostada ahora) del imputado, esa misma defensa, lleva sus tiempos.

También hace dos años hablábamos del Código Procesal Penal, que ahora se ha quedado en la reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada esta martes y que, entre otras novedades, reduce los plazos de la instrucción judicial.

Ese es otro problema distinto. Tenemos un sistema procesal de 1882 que dice: «por cada delito, un sumario» y sobre esta idea se han tramitado enormes monstruos, aunque se está dando solución por Fiscalía Anticorrupción: limitar piezas separadas de enormes casos, muy conocidos, que están llegando a juicio. La solución es correcta, depende del sentido común de los jueces de instrucción y de los fiscales, y bueno, que se ponga un plazo no me parece negativo si sirve para conseguir el objetivo de una mayor celeridad. Lo que sería preocupante es que decayera la posibilidad de perseguir el delito.

Los detractores de esta limitación de plazos (seis meses para las causas ordinarias y dieciocho para las complejas) sostienen que ello generará impunidad e inseguridad jurídica.

No, la idea no es fijar un plazo de caducidad de los procedimientos como en Italia donde, si no se cumple, decae la facultad del Estado de perseguir el delito. Afortunadamente, aquí no va a ser así.

Los juristas coinciden en que es imprescindible, si de verdad se quiere modernizar la Justicia, dejarse de parches y cambiar a fondo esta Ley de Enjuiciamiento.

Ahora no hay tiempo. Hay unos tiempos políticos y legislativos, y esta tarea larga y complicada se debería hacer al inicio de la legislatura. Veremos si es en la próxima. El camino está trazado, con unos u otros matices. Los dos últimos proyectos tenían una filosofía parecida, pero la idea debía ser la instrucción por el fiscal, con un juez de garantías que valore ese trabajo y otra serie de cuestiones de hondo calado político. La dirección efectiva de la Policía Judicial por parte del fiscal. Cuando el siniestro del avión en los Alpes franceses todo el mundo se sorprendía de que el fiscal jefe de Marsella fuera informando del trabajo de investigación que se iba haciendo. Aquí eso no sucede porque la investigación la lleva un juez y este no da cuenta de su trabajo; salen otras autoridades a dar cuenta, porque son noticias de interés público...Se tiene que resolver si se le atribuye la dirección efectiva de la policía judicial al fiscal y otras cuestiones, como limitar a la acusación popular en sus justos términos...Son medidas que tienen un enorme calado político y las líneas ya están trazadas. Veremos el próximo Gobierno qué decisión toma.

Cuando escucha usted que el partido judicial de Puebla de Sanabria tiene la mayor tasa de litigiosidad de Castilla y León, ¿qué se le pasa por la cabeza?

Ya hace más de cincuenta años el fiscal jefe de la entonces Audiencia Territorial de Valladolid clamaba al cielo sobre la pervivencia de los partidos judiciales en los pueblos. En otros países se ha aprovechado la crisis para adelgazar y racionalizar lo público a nivel municipal y judicial, y ha habido intentos de suprimir, concentrando, algunos ayuntamientos, y el mismo camino se ha hecho con los partidos judiciales. Es responsabilidad del legislador los criterios que utilice. Aquí, en Castilla y León, no se admite por los ciudadanos que viven en municipios dispersos, la supresión de cualquier servicio público, y yo lo entiendo. Otra cosa es lo racional: que la Administración de Justicia estuviera centralizada. Entiendo la decisión política de dejar las cosas como están, pero lo deseable sería lo contrario. La idea de concentrar en tribunales de instancia en las capitales de provincia y la segunda instancia con sede desdoblada (Burgos y Valladolid), en el TSJ, posiblemente no sea tan fácil. Otra cosa es hablar desde el lugar donde se pueden tomar decisiones.

¿Tiene sensación de pérdida de tiempo en estos cuatro años?

Estos cuatro, y los cuatro anteriores...

¿Cree que habrá más posiblidades de consenso por la Justicia en la próxima legislatura?

Todo lo que afecta al proceso penal es muy político y, a lo mejor, el nuevo panorama que se está gestando facilita los acuerdos en materias de calado constitucional. El ministro actual ha sido muy práctico, ha dicho, no tengo tiempo, y siguen siendo soluciones parciales.

¿Ve usted necesaria, desde la que ha sido su atalaya como coordinador de las nueve Fiscalías de Castilla y León, la creación de unidades de apoyo para investigar los delitos de cuello blanco que están comenzando a aflorar en la comunidad?

Esa idea está pendiente de desarrollar por la actual fiscal general del Estado, pero todo va en función de las prioridades. Yo creo que su creación está plenamente justificada, y creo que ella, en cuanto tenga oportunidad de hacer la propuesta, la hará. Para todo el territorio, no solo para Castilla y León.

Con la eliminación de las faltas, los fiscales notarán un alivio en sus funciones.

A partir del 1 de julio, con el nuevo sistema, se da la posibilidad al fiscal de no estar presente en jucios de faltas. Si se produce una descarga de trabajo no va a ser para estar más cómodos, sino para dedicar el tiempo y el esfuerzo a exigencias profesionales de mayor calado: el estudio de delitos económicos, corrupción, medio ambiente, seguridad en el trabajo,...en fin, las especialidades que exigen mayor dedicación. Harán falta otro tipo de medios, de profesionales que nos aporten conocimientos que no tenemos: contabilidad, finanzas, informática... Hay una criminalidad violenta que se puede perseguir e investigar con técnicas tradicionales y hay otra, la de cuello blanco, que exige más conocimientos y dedicación.

¿Cómo ve el objetivo de papel cero en la Justicia desde el 1 de enero de 2016 que se ha impuesto el ministro Catalá?

En este tema soy escéptico. Los papeles hay que leerlos fuera de la pantalla porque ello facilita la comprensión y, a veces, lo que más interesa está muy oculto. Los papeles van a seguir estando, en pantalla o en formato digital. Llegaremos al expediente digital, por supuesto, pero tampoco va a ser la panacea.

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