Castilla y León firmará el próximo lunes su pacto sobre la PAC tras resolverse las negociaciones

Agricultores y técnicos observan los resultados de los campos/Antonio Quintero
Agricultores y técnicos observan los resultados de los campos / Antonio Quintero

Los representantes de las organizaciones agrarias y los de los grupos políticos rubricarán el acuerdo

S. G.

Tras las negociaciones de los últimos días, y un borrador inicial al que se le ha dado alguna vuelta incluyendo algunos aspectos, Castilla y León ya tiene un pacto de comunidad ante las futuras negociaciones de la Política Agrícola Común (PAC), más allá de 2020.

En el documento definitivo, que se firmará el próximo lunes a las 18:30 horas en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), se han incluido algunos aspectos a petición de la Alianza UPA-COAG y también los diferentes grupos políticos con representación en las Cortes han hecho sus aportaciones.

Finalmente, no aparece la palabra ATP (agricultor a título principal), algo que se había reivindicado de manera específica por una parte del sector agrario, pero sí que se dice que en el caso de tener que aplicar elementos diferenciadores se manifiestan partidarios de una «discriminación positiva» hacia «las personas que desarrollan la actividad agraria de forma principal» pues para la región «son el referente para fortalecer esta política».

El documento, aunque se expresa en términos muy generales, sí que va más allá cuando apunta que los beneficiarios del sistema de ayudas que surja «debe tener elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales, centrándose fundamentalmente en explotaciones familiares y en aquellos que trabajan y viven directamente y principalmente de la actividad agraria». Mujeres y jóvenes son igualmente protagonistas cuando se declara que «se favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y nuevos agricultores. Por otro lado, los jóvenes y las mujeres deben ser considerados actores clave para el logro de los objetivos de la política de desarrollo rural».

En la línea de lo propuesto por la Comisión Europea y siendo uno de los puntos exigidos por la Alianza UPA-COAG para firmar, se piden pagos directos «acordes a la realidad productiva de las explotaciones» y aunque no se establecen topes máximos, es decir, no se dan cifras; sí que se requiere «incorporar una limitación máxima que dependiera del empleo en la explotación».

Otro aspecto que llama la atención es que se habla de esta política como herramienta en la lucha contra la despoblación pues se entiende que «se constituye como una política territorial europea, contribuyendo a la lucha contra la despoblación de las áreas rurales, al fortalecer el tejido socioeconómico de los pueblos», de hecho, con esa concepción, se matiza: «las personas que desarrollan la actividad agraria de forma principal, son el referente para fortalecer esta política».

Pero dicho todo esto, es preciso introducir un matiz a todas estas negociaciones  que se han llevado a cabo en los últimos días desde la Consejería pues aunque el sí es mayoritario a esa posición de comunidad, la postura de UCCL y si definitivamente firman, se decidirá esta mañana en su comité regional.

Los que sí están confirmados para la cita el próximo lunes  y para rubricar el documento que  ha elaborado la Consejería de Agricultura y Ganadería con las diferentes aportaciones, son los máximos representantes de los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León.

 

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