30 años desde que se fijó en Valladolid la Presidencia de la Junta y las Cortes

Durante 24 años Las Cortes de Castilla y León encontraron alojamiento en el interior de sus muros. /ANTONIO QUINTERO
Durante 24 años Las Cortes de Castilla y León encontraron alojamiento en el interior de sus muros. / ANTONIO QUINTERO

En 1987 se aprueba la Ley de Sedes. Aunque defendida por el mismísimo Jose María Aznar, cuatro procuradores de su partido votaron en contra

Enrique Berzal
ENRIQUE BERZAL

Aquella portada de El Norte de Castilla no se andaba con adornos ni tiraba de eufemismos para decir lo que el Estatuto de Autonomía no podía decir: que después de cuatro años de un tira y afloja constante a causa de los diferentes -cuando no contrapuestos- intereses provinciales, la «capital de la región» quedaba establecida en Valladolid. Eso sí, el titular incluía una oración adversativa que enfatizaba, precisamente, la enorme dificultad de la resolución acordada: «aunque sin unanimidad». En efecto, era el 14 de diciembre de 1987, hace ahora 30 años, cuando las Cortes regionales conseguían desatascar el proyecto de ley que, siguiendo lo establecido en el tercer artículo del Estatuto, fijaba en Valladolid las principales sedes de autogobierno.

Y es que, a pesar de que cuatro años antes, en septiembre de 1983, el primer ejecutivo autonómico liderado por el socialista Demetrio Madrid había establecido provisionalmente la presidencia de la Junta en el vallisoletano Palacio de la Asunción, no pudo fijarla mediante la Ley preceptiva. Las luchas intestinas entre los diferentes intereses provinciales, que atenazaban sobre todo a Alianza Popular, principal partido de la oposición, habían hecho naufragar cualquier intento. El primero, y más urgente, el 30 de junio de 1983, al mes siguiente de la toma de posesión de Demetrio Madrid.

No conviene olvidar que en aquel momento, el ejecutivo autonómico residía aún en el Palacio burgalés de la Isla, sede de la preautonomía, un edificio tan emblemático y espectacular como poco apto para desarrollar la ingente tarea que se avecinaba. Era necesario, por tanto, buscar nuevas sedes para las instituciones básicas de la Comunidad, más céntricas, amplias y operativas; y no era un secreto que tanto el zamorano Demetrio Madrid, al frente del ejecutivo regional, como el leonés Dionisio Llamazares, presidente de las Cortes, se decantaban por Valladolid.

La empresa era ardua, prácticamente imposible: candentes las protestas de quienes, desde diferentes postulados, promovían la segregación de León, Segovia y Burgos, las Cortes resultantes de las elecciones autonómicas del 8 de mayo de 1983, con 42 procuradores del PSOE, 39 de AP, 3 del CDS y 1 del PDL, hacían necesario el acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias. Y era precisamente en el seno de AP donde con mayor fuerza latían esas corrientes separatistas. Por eso cuando en la sesión ordinaria celebrada el 30 de junio de 1983 en el Salón de los Reyes del Alcázar segoviano se debatió, como segundo punto del día, el proyecto de Ley de Sedes presentado por el Gobierno regional, la falta de acuerdo provocó el bloqueo. Fueron tres horas y media de discusión que se saldaron con la abstención, más que cantada, de los procuradores del grupo parlamentario popular:

«En el grupo popular están divididos entre tres opciones, Burgos, León y Valladolid», informaba Maribel Rodicio en El Norte el 1 de julio de 1983; por su parte, el procurador del PDL, Francisco Montoya Ramos, presentó y defendió una enmienda-proposición de ley a favor de Burgos. Al año siguiente sería el procurador del Grupo Mixto, Francisco Alonso Rodríguez, quien propondría para su aprobación una ley de sedes para establecer en Valladolid la capitalidad de la Autonomía y las sedes del Legislativo y el Ejecutivo: la proposición fue rechazada con 36 votos del Grupo Popular en contra, 40 abstenciones del Grupo Socialista y una del Mixto, y sólo dos votos a favor por parte de este último grupo.

Sedes provisionales

Ante tamaño panorama, Demetrio Madrid y Dionisio Llamazares hubieron de acometer la solución de urgencia de fijar sus sedes respectivas, de manera provisional, en el Palacio de la Asunción (presidencia de la Junta) y en el Castillo de Fuensaldaña (sede de las Cortes), ambos en Valladolid. La reacción en el seno de AP, atravesada por tendencias centrífugas, no se hizo esperar, y varios procuradores y parlamentarios, amparados por instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos, presentaron recursos judiciales para anular dichas decisiones, que, sin embargo, no prosperaron.

El panorama comenzó a cambiar a raíz de las segundas elecciones autonómicas, celebradas en junio de 1987, y del pacto posterior entre AP y CDS que otorgó la presidencia de la Junta a José María Aznar; consciente de la necesidad de atajar la disgregación provincialista para afianzar el poder regional, el líder popular procedió a cerrar filas en torno a un autonomismo más pragmático que convencido. Y ello pasaba, evidentemente, por facilitar la aprobación de la Ley de Sedes. Él mismo defendió el proyecto en la sesión de las Cortes regionales del 14 de diciembre de 1987, y él mismo vio cómo, a pesar de ser aprobado por más de los dos tercios exigidos, también provocó sonadas disidencias dentro de su propio partido: cuatro procuradores, dos de León -José Eguiagaray Martínez y Jaime Lobo Asenjo- y dos burgaleses -José María Arribas Moral y Tomás Cortés Hernández- rompieron la disciplina del grupo parlamentario y votaron en contra; aducían precipitación en la propuesta y la defensa de sus propios intereses provinciales. Curiosamente, otros dos procuradores leoneses, Luis Aznar y Guillermo Domínguez Ferrer, se habían ausentado de manera justificada. Arribas llegó a presentar por carta su dimisión, pero no le fue aceptada.

Aquel día, José María Aznar aseguró que Castilla y León «no es fruto de la razón administrativa, sino de la geografía y de la historia», defendió la instalación del Tribunal Superior de Justicia en Burgos para restablecer el equilibrio «necesario y conveniente en la Comunidad Autónoma». De esta forma, la Ley 13/1987, de 29 de diciembre fija en Valladolid la sede de la Junta y de las Cortes, al «estimar como más funcional y eficaz la coincidencia de las instituciones básicas de la Comunidad en un mismo lugar», y optar por aquel que, «en virtud de diversos argumentos de situación, comunicaciones e infraestructura, resultara más accesible y adecuado para el conjunto de la Comunidad»; por su parte, el Tribunal Superior de Justicia quedó establecido en Burgos.

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