Amilivia defiende el Consejo Consultivo como «garante de independencia» y «calidad»

Mario Amilivia, a su llegada a la Comisión de la Presidencia de las Cortes, para presentar la memoria anual del Consejo Consultivo.
Mario Amilivia, a su llegada a la Comisión de la Presidencia de las Cortes, para presentar la memoria anual del Consejo Consultivo. / R. García-EFE

En 15 años de existencia, la institución ha emitido 13.781 dictámenes y León se mantiene como la provincia que más consultas realiza

M. J. Pascual
M. J. PASCUALValladolid

El presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, ha reafirmado en el Parlamento autonómico la «independencia» de la institución como órgano de control sobre las leyes de Castilla y León y la «calidad» de los dictámenes que ha emitido desde 2003, cuando se creó.

Durante su cuarta comparecencia en la Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para rendir cuentas sobre la memoria de 2016 del órgano de control externo, Amilivia recordó que se han cumplido ya 15 años desde la aprobación de la Ley 1/2002, de 9 de abril, Reguladora del Consejo Consultivo, «15 años en los que ha ejercido su función con plena normalidad, desarrollando un control previo de legalidad en la actuación de todas las administraciones mediante la emisión de 13.871 dictámenes jurídicos en distintos procedimientos administrativos en los que ha aportado no solamente una gran garantía jurídica, sino también una garantía de legalidad para la Administración y los administrados».

En estos años como garante de las decisiones de las administraciones, añadió, el Consejo Consultivo ha acuñado una importante doctrina jurídica recopilada en la página web de la institución, que será puesta en valor aún más el próximo año coincidiendo con los 15 años de la aprobación de los primeros dictámenes por parte del órgano de control.

Resaltó Amilivia que, siguiendo una recomendación expresa de los distintos Grupos Parlamentarios manifestada en esta Comisión, se ha seguido, un año más, «en nuestra voluntad de acercamiento y proximidad», celebrando jornadas de formación con las Cortes de Castilla y León y el resto de las Instituciones Propias, a las que habría que sumar las llevadas a cabo en colaboración con las Diputaciones Provinciales de Burgos, Palencia, León y Salamanca, dirigidas a sus empleados públicos, jornadas que han continuado en el presente año en Segovia, El Bierzo, Ávila y Soria, con lo que se han acometido ya Jornadas formativas con todas las diputaciones provinciales.

En esta línea, declaró que en los próximos meses el Consejo celebrará nuevas visitas de carácter institucional, «cercanía que también se manifiesta inequívocamente a través de nuestra página web, que en 2016 recibió más de 450.000 visitas registradas».

Antes de pasar a dar cuenta de la Memoria del año anterior, Mario Amilivia subrayó que el Consejo Consultivo autonómico ha significado un «plus de garantía para nuestros ciudadanos al sustituir al Consejo de Estado y emitir dictámenes en más supuestos, con mayor cercanía y proximidad a nuestros ciudadanos». Además del «notorio» número de dictámenes emitidos en relación con otros Consejos Consultivos, valoró la «eficacia y eficiencia acreditadas durante el ejercicio pasado en el breve plazo en el que se han emitido la mayoría de los dictámenes solicitados, el 81% en un promedio de 14,6 días hábiles, lo que supone una importante reducción del plazo reglamentario fijado en 20 días en nuestra Ley Reguladora».

El Consejo resolvió el 81% de los expedientes que le llegaron para dictaminar en un promedio inferior a los quince días

Resaltó el presidente de la institución ante los Grupos Parlamentarios que sus recomendaciones han sido aceptadas mayoritariamente por las Administraciones. «Por ello, se podría decir en alguna medida que calidad es igual a aceptación de las recomendaciones». En 2016, especialmente, el Consejo Consultivo tuvo que dictaminar asuntos que no solo tuvieron una gran complejidad jurídica sino también una gran transcendencia política y social.

En este sentido, puntualizó, el grado de seguimiento de los informes por parte de las administraciones alcanzó el 97,07%, «expresión de garantía y seguridad en términos jurídicos».

En estos cerca de 15 años de función consultiva, Mario Amilivia puso en valor la «capacidad de acuerdo y de consenso», y precisó que de los 13.871 dictámenes emitidos solo uno se aprobó con un voto particular.

En referencia al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl), cuyas funciones ejerce el propio Consejo Consultivo desde el año 2012 y que tienen origen en las directivas de recursos de la Unión Europea, Mario Amilivia significó su creciente actividad con más de 450 asuntos resueltos hasta ahora (medio centenar en lo que va de 2017), fundamentalmente mediante las resoluciones dictadas. El Tribunal ha intervenido en estos más de 5 años en contratos por una cuantía de 3.370 millones de euros.

El Tribunal evita, con sus resoluciones, que muchos actos de la Administración que son recurridos terminen en la vía contenciosa

En el periodo 2012-2016 estimó total o parcialmente un 26% de los recursos presentados, porcentaje que se eleva al 38,5% si se excluyen los recursos que fueron inadmitidos, aquellos en los que no entra en el fondo del asunto, «lo que puede ser considerado un éxito dada la práctica ausencia de litigiosidad contenciosa frente a las decisiones del Tribunal», subrayaron fuentes de la institución. Solo han sido impugnados un 3% de los recursos resueltos en estos años, expresión de que la motivación y calidad de sus resoluciones constituyen la principal arma disuasoria para acudir a la vía contenciosa.

El Tribunal «resuelve en un plazo de un mes, tutelando la contratación del sector público, corrigiendo las patologías, advirtiendo de vicios e irregularidades, velando por la libre competencia e identificando, en su caso, la oferta económica más ventajosa». Amilivia vaticinó también que, ante los nuevos aspectos de la ejecución de los contratos, habrá más recursos y previsiblemente se amplíen en la ley de contratos que actualmente se tramita en el Congreso.

Memoria 2016

Los 513 dictámenes de 2016 suponen el 3,7% de todas las consultas dictaminadas desde el inicio de la función consultiva hasta la actualidad. De los cinco dictámenes con carácter facultativo aprobados el pasado año, cuatro derivaron de consultas remitidas desde el ámbito local y una fue formulada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Concretamente, de los dictámenes emitidos, 211 (el 41,13%) derivaron de las consultas formuladas por la Administración Autonómica; 299 (el 58,28%) de consultas solicitadas por la Administración Local y 3 (el 0,6%) por las Universidades de Salamanca y de León. 2016 ha sido el segundo ejercicio en que las consultas de la Administración Local superaron a las formuladas por la Administración Autonómica.

Por segunda vez en quince años, las consultas de los ayuntamientos sobre normativa superan a las de la Junta

Dentro de la Administración autonómica, la Consejería de Sanidad fue, un año más, la que solicitó el mayor número de dictámenes, 94, (el 18,3%); seguida de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente con 53 (el 10,33%); la de Educación con 17 (el 3,31%); la de la Presidencia con 15 (2,92%); la de Cultura y Turismo con 7 (1,36%) o las de Economía y Hacienda, y la de Empleo con 6 cada una de ellas (el 1,17% respectivamente).

La provincia de León volvió a ser la primera en número de dictámenes solicitados, con 87 (17% del total). Le siguieron las provincias de Burgos con 78 (15,2%); Valladolid con 73 (14,23%); Salamanca con 69 (13,45%); Palencia con 53 (10,3%); Segovia con 46 (9%); Zamora con 41 (8%), Ávila con 19 (3,7%) y Soria con 16 (3,12%). Se contabilizaron otros 31 dictámenes no provincializados, el 6,04%.

Las consultas remitidas por las nueve capitales de provincia de Castilla y León generaron 138 dictámenes, cifra que supone un incremento del 30% en comparación con la correspondiente a 2015 (que fueron 106). Todas las capitales, excepto la de Soria, remitieron consultas al Consejo, la mayoría de ellas relacionadas con procedimientos de responsabilidad patrimonial debido a los daños causados por el normal o anormal funcionamiento de los servicios públicos: El Ayuntamiento de León ocupa el primer lugar con 30 dictámenes, seguido del de Salamanca con 28; Burgos con 25; Palencia con 21; Zamora 14; Segovia 10, y Ávila y Valladolid 5.

El Ayuntamiento de Valladolid ha comenzado a solicitar durante el pasado año dictamen en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, lo que no ha ocurrido en 15 años.Otros han comenzado a hacerlo con regularidad, como Añe, Astudillo, Boecillo, Cerezo del Río Tirón, Covaleda, Los Barrios de Luna, Lastras del Pozo, Las Merindades de Cuesta Urría y de Río Ubierna, Montamarta, Moneo, Roales del Pan, Sabero, San Justo de la Vega, Sena de Luna o Villovieco.

En cuanto a las diputaciones provinciales, las consultas remitidas generaron solo 8 dictámenes en 2016. Las Diputaciones de Soria, Palencia y Salamanca generaron 2 dictámenes cada una de ellas y las de Segovia y Zamora 1 respectivamente.

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