El equipo de la prueba del talón,
en el paro y sin indemnización

Parte del equipo del programa del cribado neonatal, en la sede del IBGM.
Parte del equipo del programa del cribado neonatal, en la sede del IBGM. / Henar Sastre
  • Los trabajadores llevan a la UVA a los juzgados y la universidad alega que era un contrato por obra y servicio ya concluido

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No recibieron carta de despido sino una comunicación de sus bajas en la Seguridad Social y en el Ecyl. Y así, el día 31 de enero, el equipo del programa de cribado neonatal dejó de realizar las llamadas pruebas del talón después de más de 25 años y se quedó en la calle. En el paro y sin indeminzación alguna.

Consideran los afectados que tienen derecho al amparo de la normativa laboral y al reconocimeinto, como mínimo, «de ocho días por año tarbajado. Solamente los técnicos de laboratorio, al haberse incorporado en el año 2000 y estipularlo específicamente su contrato, cobran indemnización. Nos sentimos absolutamente maltratados, independientemente de que este proceso haya tenido un desarrollo legal o no, que creemos que no;pero después de tantos años dedicados a la Universidad ni las gracias por los servicios prestados». Por ello, los afectados llevarán a la Universidad de Valladolid (UVA)a los tribunales «por despido improcedente».

La institución académica explica a este respecto que «ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones en relación al programa de salud que realizaba para la Consejería de Sanidad». Destaca que, una vez que la Junta lo asumió, la UVA «dio por finalizada su colaboración en la prestación de este servicio, así como la relación laboral que mantenía con los trabajadores contratados por obra y servicio responsables de llevarlo a cabo».

La Universidad de Valladolid, añade, «es una administración pública sujeta al principio de legalidad y, como no puede ser de otra manera, lo que ha hecho, y como hace siempre, ha sido cumplir la normativa aplicable al caso de referencia, en este caso la indemnización que legalmente corresponde a cada trabajador en función de la fecha de suscripción del correspondiente contrato de trabajo».

Los cinco profesionales que no perciben compensación alguna destacan que «la legalidad vigente no permite un contrato por obra y servicio de más de 36 meses y llevamos más de 25 años».

Por otro lado, y según los datos que la propia Consejería de Sanidad ha remitido al PSOE en respuestas parlamentarias, la Junta está pagando más ahora al Centro de Hemodonación por el programa que antes a la UVA. Una parte se justifica por el aumento de enfermedades a detectar;pero eliminando este material, la factura es de 90.000 euros más caro; aunque «es un gasto ajustado, razonable». La UVA requería a Sanidad para seguir con el programa 800.000 euros, «una cantidad excesiva. Cierto es que la subvención era insuficiente, pero la exigencia de más que duplicar (hasta 2014 la inyección para las pruebas fue de 400.000 euros y se recortó después el 25% sin recuperarse nunca) parece más bien ganas de deshacerse del programa», destacan.