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Edificio de Soluciones Empresariales, sede de ADE, en Arroyo de la Encomienda.G. Villamil
Los tasadores que abren la ronda de testigos se ratifican en sus valoraciones de la Perla Negra

Los tasadores que abren la ronda de testigos se ratifican en sus valoraciones de la Perla Negra

Los peritos de Alia y Tinsa utilizaron el sistema comparativo que exige el Banco de España para realizar sus informes sobre el edificio de Ade en Arroyo de la Encomienda

M. J. Pascual

Lunes, 6 de febrero 2017, 13:29

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Después de tres meses de parón en la instrucción, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, César Gil Margareto, ha retomado este lunes las comparecencias del caso Perla Negra con dos testigos, los autores de sendos informes de tasación que fueron encargados a las empresas Tinsa y Alia. Estos valoraron el edificio Soluciones Empresariales (ADE) de Arroyo de la Encomienda entre 39,1 y 42 millones de euros, cifras muy por debajo del presupuesto oficial de 52,5 millones y de lo que finalmente pagó la Junta de Castilla y León por el inmueble conocido como Perla Negra, más de 70 millones según refleja el informe pericial de la Intervención General del Estado «por el pago duplicado de algunos conceptos».

Las comparecencias de los tasadores Estefanía Fradejas González y Fernando García de la Cuesta ante el juez, la fiscal jefe, la acusación particular ejercida por el PSOE y más de una decena de abogados de los investigados, apenas han sumado media hora entre las dos. Ambos peritos se ratificaron en los dos informes sobre el edificio, fechados en 2009, aunque la primera especificó que ella se limitó a firmar el informe como responsable de la empresa, pero que lo realizó otro compañero. Cuando ambos se realizaron la obra mayor del edificio estaba terminada, tan solo a falta de las divisiones interiores y el mobiliario y se utilizó de base, también en ambos casos, el sistema comparativo por las rentas que exige el Banco de España.

Según fuentes del caso, estos dos informes de tasación que no son los únicos, pues hay otros ya aportados al procedimiento que, por el contrario, descartan el sobrecoste y justifican lo pagado por la Junta en los precios de mercado aquel año y «la singularidad» del edificio fueron encargados por el entonces secretario de la Consejería de Economía y consejero delegado de ADE Parques en 2009, Rafael Delgado, uno de los investigados en esta causa. Las mismas fuentes indican que estas tasaciones, «no habrían llegado a manos del consejo de administración de la sociedad Gesturcal (ADE) cuando se tomó la decisión de comprar».

El juez instructor llamará a declarar este mes de febrero a otros cuatro testigos. Uno de ellos es José Antonio Martínez Bermejo, que fue director gerente de la Agencia de Desarrollo (ADE) y en la actualidad es concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid. Después testificará la actual subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata Sierra, que fue secretaria general de la Consejería de Hacienda. Las partes seguirán las declaraciones de Mata por videoconferencia. También está previsto que testifiquen Tomás Machota Martín y Victor José Laguardia Barca. Machota, entonces coordinador de la Consejería de Economía, realizó el informe económico de la compra del edificio en diciembre de 2008 y lo presentó en el consejo de administración de Gesturcal. El otro testigo, Laguardia, firmó el informe de Inmoseguros, la sociedad de tasación que valoró el inmueble en 52,1 millones más IVA.

Las declaraciones que siguen sin fecha son las de los 11 investigados que quedan por comparecer, excargos de la cúpula de la Consejería de Economía y empresarios de la Comunidad. El pasado noviembre, la fiscal jefe de Valladolid, Ester Pérez, se dirigió por escrito al juez que investiga si hubo sobrecoste, malversación y tráfico de influencias en los procesos de alquiler y posterior compra del edificio de ADE y la adquisición de suelo para el fallido polígono de Portillo, para suspender los interrogatorios de estos investigados, que ya estaban programados. El motivo de la suspensión es que no ha llegado al juzgado la investigación patrimonial sobre distintas sociedades encargada al Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de la Policía Judicial. Tampoco ha llegado el informe solicitado a instancias de la Fiscalía sobre el precio de los terrenos de Portillo, y que fue encargado a un perito agrónomo.

Portillo

La Junta pagó en su día a Parque Empresarial Portillo más de 37 millones de euros por dichos terrenos a través de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE Parques). Unos terrenos que, según la última memoria de esta sociedad correspondiente a 2015, valen poco más de 14 millones en una tasación realizada por Tinsa. Según sostiene la acusación, el beneficio para los empresarios intermediarios algunos de los cuales son los mismos que aparecen en la operación del edificio de Arroyo pudo ser de 25 millones, pues pagaron por unos 10,7 millones de euros por las parcelas que fueron comprando entre 2005 y 2009. El perito judicial tendrá que valorar y establecer una comparativa de precios de este suelo que era rústico e iba a ser destinado al asentamiento de empresas.

Para la acusación pública, estos informes son claves para realizar los interrogatorios a los investigados que restan por llamar y decidir, finalmente, si propone que la lista se reduzca o se amplíe.

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